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El alcalde Carlos Fernando Galán, anunció este miércoles que reforzará las capacidades de las autoridades para combatir la extorsión, un delito que se mantiene por encima de las 2.000 denuncias anuales en la ciudad. El mandatario habló de fortalecer el trabajo de la Policía, la Fiscalía y la Dijín, ampliar la articulación con el Gaula Militar y pedir al Gobierno nacional mayores controles para impedir que los cabecillas de organizaciones criminales sigan delinquiendo desde las cárceles.
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El anuncio coincidió con el operativo en el que murió alias ‘El Niche’, señalado como sicario de Los Satanás y relacionado con varios ataques contra transportadores y establecimientos comerciales en Bogotá y Soacha. Según explicó el alcalde, las autoridades habían priorizado su búsqueda y, durante el procedimiento para capturarlo, el hombre se resistió y fue dado de baja.
El alcalde sostuvo que su administración ha priorizado la lucha contra la extorsión desde que llegó al cargo. Una de las primeras tareas, explicó, fue promover la denuncia de este delito, que tiene un alto subregistro. Según Galán, el aumento de los reportes entre 2023 y 2024 no necesariamente refleja un crecimiento de la actividad criminal en esa misma proporción, pues los registros anteriores no daban cuenta de la dimensión del problema.
La explicación del mandatario contrasta con los cuestionamientos que se han hecho repetidamente en el Concejo de la ciudad. Diana Diago, cabildante del Centro Democrático, hizo un balance del delito a mitad de año y señaló que las cifras muestran un aumento constante de los índices de casos.
La cifra se mantiene sobre 2.000 casos anuales
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), Bogotá registró 2.642 denuncias por extorsión en 2024 (los más altos en una década) y 2.217 en 2025. Para el primero de julio de 2026, el reporte llegaba a 1.007 casos.
Diago calcula que durante los dos años y medio transcurridos del actual gobierno se acumularon 5.866 denuncias. La cifra, según la concejala, refleja que las estrategias de la Secretaría de Seguridad no han conseguido reducir el delito. También advirtió sobre las consecuencias para comerciantes, emprendedores y transportadores, que deben enfrentar amenazas y cobros ilegales para poder trabajar.
Galán, por su parte, insiste en que las cifras deben leerse teniendo en cuenta los casos que no se denunciaban. El mandatario reconoció que los datos actuales también pueden tener subregistro y señaló que el propósito de incentivar las denuncias es entregar información a la Policía, la Dijín y la Fiscalía para que puedan actuar contra las estructuras responsables.
Las amenazas contra los taxistas del sur
La presión de Los Satanás sobre los conductores de taxi quedó expuesta en un audio divulgado por el concejal Jairo Avellaneda. En la grabación, un hombre que se identifica como alias ‘Pedrito’, señalado como uno de los cabecillas de la organización, amenaza con matar a los conductores que salgan a trabajar sin negociar el pago de las cuotas extorsivas.
La advertencia tuvo consecuencias en Bosa. El jueves 12 de noviembre, taxistas del sector del centro comercial Gran Plaza dejaron de trabajar por temor a las amenazas. En ese mismo sector, el 5 de noviembre, un conductor de 26 años fue atacado a tiros mientras esperaba a un pasajero. Murió minutos después de ser trasladado a un centro médico. Otro taxista había sido baleado el 27 de octubre.
Los cobros denunciados también dan cuenta de la presión económica sobre el gremio. Las cuotas pueden llegar a COP20 millones mensuales para algunos conductores. El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía judicializó a seis presuntos integrantes de Los Satanás, señalados de exigir una cuota colectiva de COP13 millones mensuales a conductores de transporte informal de Bosa. La investigación indica que, entre septiembre de 2023 y junio de 2026, las víctimas habrían pagado más de $270 millones.
En ese contexto se produjo el operativo contra alias ‘El Niche’, a quien las autoridades relacionan con el homicidio del taxista frente a Gran Plaza, un ataque armado contra un conductor en Teusaquillo y otro contra un empleado de un restaurante en San Mateo, Soacha. También se le atribuyen amenazas y disparos contra establecimientos comerciales en los sectores de Carvajal, en Kennedy, y Ciudad Bolívar.
El control de las cárceles, otro frente de la estrategia
Galán también pidió al Gobierno nacional garantizar que los integrantes de las organizaciones criminales recluidos en centros penitenciarios permanezcan aislados y no puedan comunicarse con sus colaboradores en las calles. Según el alcalde, las llamadas desde prisión permiten que algunos cabecillas continúen coordinando amenazas y extorsiones. El mandatario mencionó los recientes operativos en las cárceles La Picota y La Modelo, en los que, según dijo, se incautaron celulares y armas. Insistió en que los principales responsables de estas estructuras deben quedar incomunicados para evitar que sigan dirigiendo actividades delictivas desde los centros de reclusión.
Se espera que en los próximos días el Distrito entregue más detalles sobre las estrategias anunciadas, incluidos los recursos, las metas y el despliegue operativo. La extorsión sigue siendo un delito ampliamente diagnosticado en Bogotá, pero las acciones implementadas hasta ahora no han conseguido resultados positivos en su reducción.
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