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17 Jul 2020 - 3:00 a. m.

Familias dudan que sus parientes hayan muerto por COVID-19

Estas personas no encuentran relación entre los síntomas de sus familiares y la declaración de muerte por COVID-19. Por protocolo, no pueden hacer pruebas adicionales para confirmar la causa del deceso.

Diego Ojeda

Periodista

Manuela Valencia Gómez

Periodista Especiales Editoriales
En medio del luto, las fallas en los diagnósticos o de procedimiento han llevado a varias familias a rechazar la versión de que sus familiares murieron por COVID-19. / AFP / Raul ARBOLEDA
En medio del luto, las fallas en los diagnósticos o de procedimiento han llevado a varias familias a rechazar la versión de que sus familiares murieron por COVID-19. / AFP / Raul ARBOLEDA
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

A la preocupación que vive la ciudad por el avance del COVID-19 y el incremento de los pacientes críticos se suma el drama de la muerte, que se ha visto exacerbado por los posibles errores de un sistema de salud que está al borde del colapso. Las confusiones en la entrega de cuerpos y la clasificación de algunos fallecimientos como sospechosos de coronavirus (según sus parientes, sin fundamento) han sembrado la desconfianza. Ante esto, las familias piden más cuidado de las autoridades sanitarias, pues el declarar una muerte como sospechosa no solo les limita el derecho de darle el último adiós a su ser querido (debido a los protocolos de manejo, traslado y disposición de cadáveres), sino a quedarse con la duda, porque no hay opción de practicar un procedimiento que confirme o descarte la causa. Estos son tres relatos de quienes se resisten a creer que su luto está asociado con la pandemia.

Flor Ramírez, 89 años

Sus complicaciones comenzaron a los 70 años. Ella, según el relato de Ornella Bonilla (nieta y médica), tenía de base una enfermedad pulmonar (EPOC), hipertiroidismo y cardiomegalia. En esos años recibió cuidado profesional en casa, hasta que su estado se agravó. En junio presentó dificultad para comer y dejó de recibir alimento, a presentar deshidratación. A esto se sumó una infección en su mano derecha, producto de una lesión. Entró en un cuadro neurológico de delirio, se mostraba desorientada y hablaba incoherencias. El 30 de junio su nieta la llevó a la clínica San Rafael.

Ahí comenzaron una serie de fallas: la ambulancia llegó tres horas después de haberla pedido, sin médico y sin oxígeno. La familia tuvo que prestar elementos para subsanar el problema. Finalmente llegaron a la sala de urgencias. “Comenté lo que había visto, que tenía dificultades para comer”, dice Bonilla. Allí le quitaron la prótesis de su boca y se comprobó la presencia de hongos. Una endoscopia mostró una infección agresiva en su esófago. Le iniciaron tratamiento y duró hospitalizada hasta el 10 de julio. Al ver que no había deterioro infeccioso, el médico le dio de alta.

A pesar de haber estado en una clínica que atienden pacientes COVID, nadie les advirtió riesgo de contagio ni les practicaron pruebas. Tampoco les asignaron una ambulancia para regresar a casa, así que tuvieron que contratar una particular. En los días posteriores Ramírez estuvo en casa conectada a oxígeno y recibiendo atención de su nieta. Finalmente, el lunes 13 de julio falleció a las 12:30 p.m. Los familiares, siguiendo el protocolo, avisaron a la Policía, que certificó que no fue muerte violenta, documento necesario para que el médico de la EPS expida el certificado de defunción. “A las 8:30 p.m. el médico anunció que venía y dijo: ‘Ella estuvo en la clínica San Rafael, que está llena de COVID. Quisiera ayudarle, pero tengo que declarar el caso como sospecha’. Le dije que no estaba de acuerdo. Que como doctora estuve a su cuidado y no vi síntomas. Además, en la clínica no dijeron que debíamos realizarle alguna prueba”, relata Bonilla. El médico le insistió que no viera el caso como nieta sino como doctora, que se pusiera del lado clínico. Ella le contestó que eso no tenía nada que ver.

Al cuerpo no se le pudo practicar la prueba, porque ya habían pasado más de seis horas de la muerte. El tanatólogo embolsó el cadáver y esa fue la última vez que la vieron, ya que la llevaron directo a cremación. Bonilla cree que este drama se puede evitar si se implementan buenos protocolos. “Si salir de una clínica y morir días después se considera sospecha de COVID, pues que se realicen las pruebas. Además hay una aparente carencia de entrenamiento de algunos profesionales, que confunden síntomas premórtem con la enfermedad que origina el coronavirus”. El proceso no finaliza para los Ramírez, pues por la sospecha deben estar aislados antes de ir a recoger las cenizas de su abuela, que están bajo custodia del Distrito.

Dora Gómez Triana*, 70 años

Hace tres años le diagnosticaron EPOC. El pasado 1° de diciembre sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces usaba oxígeno. Se fue a vivir a Fusagasugá, para que el frío no la afectara, pero en marzo una neumonía la obligó volver a Bogotá. Llegó al hospital San José, pero, pese a sus problemas respiratorios, nunca presentó síntomas de COVID-19. Por descarte, estuvo aislada.

Tras cinco días en cuidados intensivos le dieron de alta. La prueba inicial de COVID salió negativa. De regreso a casa, su familia contrató a dos enfermeras para que la cuidaran. Ocho días más tarde, la Secretaría de Salud llamó a informar que se había presentado un error y que sí tenía coronavirus. Ordenaron su aislamiento y ella tuvo que estar sola en su casa, recibiendo comida a domicilio. Su salud comenzó a deteriorarse. El 23 de abril, pasados cinco días de aislamiento, dijo que le faltaba el aire. El viernes dejó de contestar su teléfono y el sábado, la encontraron muerta. La cremaron de inmediato.

Las dudas alrededor de su caso parten desde el acta de defunción, que indica que murió por COVID-19 en el hospital San José, pese a que estaba en su casa. A esto se suma que las pruebas que les hicieron a sus enfermeras salieron negativas. Sus familiares aseguran que nunca recibieron un reporte de las pruebas de Dora ni de las enfermeras. Toda la información fue por teléfono, de manera informal y con inconsistencias, como el cambio de su diagnóstico y los datos en el acta de defunción. “Los propios médicos dudaban de que tuviera COVID. Ella no presentaba síntomas y para la fecha que ella llegó, en Fusa, no había ni un caso registrado. Si hubiese sido así, por sus enfermedades previas y su edad, ella no hubiese respondido ni a los antibióticos”, expresó la nuera de Dora.

Héctor Manuel Martínez, 79 años

Sus familiares se niegan a creer que su caso sea uno más en medio de la pandemia. Relatan que él padecía hace cuatro años de cáncer en los huesos y pulmón. Cuando lo diagnosticaron le dijeron que no duraría más de tres meses con vida. A don Manuel lo aislaron ante el riesgo. El 27 de junio le dio fiebre. La familia llamó a una ambulancia cuyos profesionales informaron que debían llevarlo a un piso del hospital San Ignacio donde había pacientes de COVID-19. Ellos se negaron. En los días siguientes su salud se deterioró. “Tenía tos y fiebre. Volvimos a llamar y nos dijeron que lo llevarían a un ala aislada de los enfermos de coronavirus. Accedimos”.

El lunes le informaron a la familia que Martínez había fallecido por cuenta del COVID. “Eso se nos hace raro, porque siempre estuvo aislado en la casa, sus familiares no tienen síntomas de la enfermedad y a él lo hospitalizaron en otro sector”, comenta su yerno, quien asegura que a pesar de que la prueba de su suegro salió positiva, no les realizaron cerco epidemiológico.

Ellos se aferran a la creencia de que Martínez falleció por la gravedad del cáncer. “No nos dijeron si teníamos derecho a hacer una prueba independiente. Solo nos pidieron firmar un papel para el proceso de la cremación y que en 15 días podíamos recoger la cenizas”.

Es el protocolo

Ante las quejas y las dudas de los familiares de fallecidos en medio de la pandemia, el Distrito explicó que, al igual que en todo el país, aplican el protocolo emitido por el Ministerio de Salud para la disposición final de cadáveres, basado en lo dictado por la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo señala la ruta con las personas que fallecen por COVID-19 o por sospecha.

El protocolo da como caso confirmado a aquella persona que cuenta con resultado confirmatorio para el virus y define el mismo tratamiento para los casos sospechosos. “La OMS define una muerte por COVID como la resultante de una patología clínicamente compatible con el virus, en donde no se puede atribuir a otra enfermedad”, señala el lineamiento del Ministerio, que añade que las personas fallecidas por patologías de pulmón u otras enfermedades, pero cuentan con diagnóstico confirmado, probable o sospechoso, serán consideradas muertes con COVID 19.

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