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70 niños y niñas menores de 12 años de la comunidad indígena emberá, pasan su segunda noche junto con sus familiares adultos, en inmediaciones del Parque Nacional.
Desde el Distrito, indicaron que mantienen presencia activa en el Parque Nacional con 34 colaboradores de los equipos de Ciudad Niñez, Adultez y Emergencias de la Secretaría de Integración Social, quienes ofertan servicios sociales a la población presente, que según el último reporte asciende a 116 personas.
“Además, se realizan recorridos perimetrales en tres turnos diarios para monitorear las condiciones y necesidades. La entidad ha brindado refrigerios y agua a las niñas, niños y adolescentes y reafirma su compromiso de velar por la garantía de sus derechos, activando rutas de protección con las entidades competentes siempre que se identifiquen riesgos o situaciones de vulneración”, detallaron.
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A pesar de ello, la entidad distrital activó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ante lo que denominaron “instrumentalización de niñas, niños y adolescentes en protestas y constreñimiento ejercido por la autodenominada ‘Guardia Indígena’. Estas actitudes ponen en riesgo el bienestar de la niñez y vulneran sus derechos fundamentales”, señalaron.
Sobre el estado de salud de estos menores, Integración Social activó ruta de protección al ICBF y Defensoría de Familia por presunto riesgo de vulneración de derechos de una niña de 7 meses, quien según médicos, presenta bajo peso y alto riesgo de desnutrición, luego de haber sido hospitalizada el pasado 21 de abril por un cuadro severo de diarrea y tos.
“Al momento nuestros equipos de Salid han realizado 19 atenciones, 11 de ellas en menores de 5 años con sintomatología de Infección Respiratoria Aguda”, dijo por su parte, el secretario general, Miguel Silva Moyano.
La problemática
Desde horas de la tarde del miércoles, un grupo de al menos 70 familias indígenas de la comunidad Emberá, se desplazaron desde la UPI La Florida hasta el Parque Nacional para exigir una reubicación o un retorno seguro a sus territorios.
Según la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, Isabelita Mercado, estas familias llevan más tres años en la ciudad esperando el inicio de estos procesos. “Nosotros hemos fortalecido el acceso a esta población a la oferta social. El año pasado hemos invertido cerca de $17 mil millones, garantizando el acceso a servicios de salud y educación”, detalló.
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Desde la Unidad de Víctimas, indicaron que a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, les permitió revisar los compromisos de las entidades y el rol para el retorno y reubicación. “Encontramos que tenemos que profundizar con el Ministerio del Interior, un trabajo con alcaldes y gobernadores. También hemos conseguido tierras con la Agencia Nacional para hacer programas de reubicación a pequeñas comunidades”, directora general (e), Gloria Cuartas.
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Por Redacción Bogotá
