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La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) se sumó a las voces del Concejo de Bogotá que piden al alcalde Galán retirar la reforma tributaria 2.0.
A través de un comunicado justificaron que en este momento los esfuerzos se deben concentrar en la atención de la emergencia y el apoyo a las regiones afectadas. “Esta discusión debería darse en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”, sentenció su director, Juan Esteban Orrego.
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El gremio, añadió su ofrecimiento de trabajar con la administración distrital para buscar “alternativas que fortalezcan las finanzas de la ciudad”.
Voces en el concejo también se sumaron
La justificación del gremio de comerciantes, es también el punto en común desde el Concejo de Bogotá.
El terremoto del 10 de agosto que a la fecha, de acuerdo con Asocapitales, deja 273 muertos, 204 en ciudades capitales; así como 1.958 heridos y 371 personas desaparecidas o no localizadas, “obliga al Estado a volcar sus esfuerzos fiscales para los procesos de recuperación y reconstrucción”. De ahí, agregaron, “no sabemos con certeza su impacto sobre las finanzas territoriales, la actividad económica y el ingreso de los hogares”, señalaron a través de un misiva.
La carta enviada el 12 de agosto y firmada por la bancada del Pacto Histórico y los concejales Diana Diago y Julián Uscátegui (Centro Democrático), Angelo Schiavenato (Coalición Lara) y Julián Espinosa (Alianza Verde), se sumó a la petición iniciada por la bancada del Partido Mira. El concejal, Samir Bedoya Piraquive, vocero, fue quien envío la carta al mandatario local “pidiéndole respetuosamente reevaluar la conveniencia de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza”.
En esta nueva misiva, los cabildantes exponen que el proyecto de acuerdo debe actualizarse con base en un nuevo análisis económico consecuente con el evento natural “para valorar de manera específica la capacidad contributiva de los hogares y sectores que podrían verse afectados por las medidas propuestas”.
De no retirarlo, instan para que la administración distrital, antes del primer debate, incorpore al proyecto “una evaluación de los recursos distritales que deban destinarse a la atención y a las medidas de recuperación de la emergencia”; “un estudio económico específico que permita valorar la capacidad contributiva de los hogares y de los sectores que podrían asumir mayores cargas” y “la actualización de los principales supuestos macroeconómicos y fiscales que sustentan el proyecto, con información disponible con posterioridad al 10 de agosto”.
Hacienda descarta retirar reforma tributaria 2.0
Previo a las comunicaciones de Fenalco y el Concejo, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, se pronunció el miércoles en su cuenta de X y respondió al concejal Bedoya, descartando que el proyecto de acuerdo vaya a ser retirado.
Para Cadena, si bien las “reflexiones son muy valiosas”, aseguró que, por el contrario, “es momento de actuar”. “Nuestro deber ahora, más que nunca, es dejar una ciudad preparada para enfrentar momentos difíciles ¿Sabía usted que el alumbrado inteligente que proponemos para Bogotá permitiría habilitar que la ciudad tenga sensores para alerta oportuna de inundaciones e incendios, por ejemplo?“, cuestionó.
Y reiteró. “¿Ha pensado que si no hacemos algo para fortalecer las finanzas de la ciudad cada vez será menor la capacidad de respuesta? Creo que a veces la mejor manera de ser solidario es actuar, no posponer las discusiones y las decisiones necesarias".
Lo que busca la reforma tributaria
El segundo intento de reforma tributaria para la ciudad pretende recaudar COP 1,2 billones para financiar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. La propuesta contempla una sobretasa al impuesto predial; modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA); alivios para contribuyentes en mora e incentivos tributarios para promover nuevas inversiones.
El proyecto del Distrito lo refuerza una situación: el aumento del salario mínimo en 2026 que, según el concejal Juan David Quintero, generó un impacto de COP 1,69 billones sobre las finanzas de Bogotá, los cuales no se contemplaron el año pasado cuando se aprobó el presupuesto. Este cálculo supera incluso la advertencia que hizo en febrero la propia Secretaría de Hacienda, quien estimó el déficit en COP 1,45 billones.
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De acuerdo con Quintero, el mayor impacto ha recaído sobre el sector movilidad, donde la presión presupuestal superaría los COP 755.000 millones. De ese monto, COP 654.734 millones corresponderían al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de buena parte de las obras de infraestructura en la capital.
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Por Redacción Bogotá
