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Con la inauguración de cuatro puntos de recepción de denuncias en Transmilenio, enfocados en los casos de robo de celulares cometidos dentro de este sistema de transporte masivo, la Fiscalía y la Policía pusieron un primer ladrillo en el marco de su ambicioso plan para combatir la criminalidad de la ciudad con un nuevo enfoque.
El “Plan de acción de situaciones priorizables”, aprobado en la Fiscalía en diciembre y divulgado a principios de este año, hablaba de la necesidad que tenía la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá de reorientar la manera de investigar 11 delitos por encima de otros, porque éstos son los que más afectan a los ciudadanos. El robo de celulares en Transmilenio ocupaba el primer lugar.
El lanzamiento de los puntos de recepción de denuncias tuvo lugar ayer en el Portal Norte de Transmilenio y estuvo liderado por Luis Eduardo Carranza, cabeza de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.
Sigue a El Espectador en WhatsAppLos lugares donde estarán ubicados los otros tres puntos son los portales del Tunal, Kennedy y la calle 80, y se espera abrir prontamente tres más en los portales de Los Héroes, Usme y Ricaurte. Van a ser manejados por la Policía Metropolitana de Bogotá, y a la persona que llegue a instaurar una denuncia la atendrá un uniformado quien tendrá que llenar un formato y enviarlo electrónicamente a la Fiscalía. El objetivo principal, no obstante, no será el que cualquier ciudadano podría pensar: capturar al ladrón.
La Fiscalía tiene identificadas 32 bandas delincuenciales dedicadas al hurto de teléfonos móviles en Bogotá. Y lo que quiere es poder desmantelarlas. El “Plan de acción de situaciones priorizables” se elaboró con la asesoría de Alejandro Ramelli, coordinador de la Unidad de Análisis y Contexto (Unac) de la Fiscalía, y como él le ha explicado a este diario, el fin último de dicho plan es “apuntarle a los máximos responsables”, que es la misma metodología que sigue la Unac en casos tan delicados como el robo de tierras, el asesinato de sindicalistas o las ejecuciones extrajudiciales.
En el caso de los celulares robados en Transmilenio, el organismo investigativo ha encontrado que se trata de un delito trasnacional y se ha comprobado que los aparatos terminan hasta en Venezuela y Estados Unidos.
Las autoridades de Bogotá reconocen que el hurto de celulares “es una problemática urbana que genera los mayores índices de percepción de inseguridad en las principales ciudades del país”, pero en este delito, más que en cualquier otro, el papel de los ciudadanos es fundamental para que se siga cometiendo o para que se acabe.
Esa responsabilidad se da de dos maneras: por una parte, la gente termina participando en la cadena criminal al comprar equipos de segunda cuyo origen no está lícitamente establecido. Y, por otra, que es según la Fiscalía uno de los mayores obstáculos para desmantelar las bandas de ladrones de teléfonos, los afectados poco reportan. Muy poco. “Lo normal es que la gente se comunique con su operador para suspender o cancelar la línea, pero a nosotros casi nunca nos llega esa información”, señaló un funcionario de la Fiscalía.
El porcentaje de reportes de robos de celulares en Transmilenio versus el número de robos no sobrepasa el 10% y, por eso, la Fiscalía cree que estos puntos de recepción de denuncias será un buen primer paso para lograr su meta: desmantelar esas 32 bandas de crimen organizado.
Para la entidad, las categorías de robo son el “batateo”, cuando le arrebatan el celular al usuario mientras éste está hablando, casi siempre intimidándolo con un arma; el “cosquilleo”, cuando sacan el aparato discretamente del bolso o bolsillo del usuario; y el “dummiseo”, cuando le venden a alguien un celular de alta gama a un precio bajo y, cuando le entregan la caja, adentro hay un jabón o un celular de juguete. Es tan bajo el índice de denuncias que el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en el que se pueden consultar las denuncias interpuestas desde 2005, tan sólo figuran 242 reportes por hurto de celulares.
La Policía ha analizado la manera en que estas bandas criminales operan y ha identificado a las más ‘destacadas’ en las troncales de la NQS, el centro, el Occidente, las Américas, Suba, el Norte y el Sur. El plan de las autoridades es que, con el formato que los ciudadanos llenen, se pueda tener cierta información para establecer patrones delictivos, lo cual facilitaría la labor de judicialización.
Además, el plan de la Fiscalía no es detener ladrones para procesarlos por hurto: como el objetivo es desmantelar las bandas, y el trabajo de éstas no sólo es organizado y medido sino que rebosa incluso las fronteras nacionales, la Fiscalía poder imputar delitos mucho más graves como concierto para delinquir. De esa manera se evitaría lo que suele verse con los ladrones de celulares: que les imputan delitos excarcelables como hurto simple, los implicados son puestos en libertad de inmediato y los ciudadanos se quedan con la sensación de que nada se está haciendo para evitar que esos robos ocurran de nuevo.