Las tan esperadas directrices, que definirán el futuro ambiental y el desarrollo urbano de la sabana de Bogotá, se siguen puliendo. Si bien este miércoles, en la audiencia del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (conclusión), se dieron a conocer avances técnicos relevantes, la conclusión definitiva se conocerá el 2 de diciembre, alargando la incertidumbre. El motivo fue que voceros de la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá (EAAB) pidieron tiempo para revisar en detalle que las transcripciones coincidan con lo dicho en las sesiones del Consejo durante este mes.
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Para hacerlo la entidad revisará la matriz que se elaboró con todas las observaciones del Distrito, del Acueducto, las organizaciones civiles y los gremios privados, frente a cada artículo del proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, que son la base del documento de conclusiones, que marcarán el rumbo de la nación frente a este tema.
Es clave recordar el contexto: en 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió medida cautelar sobre el trámite alrededor de una resolución del Minambiente, con la que pretendía ordenar ambientalmente la sabana de Bogotá. Los jueces consideraron que el trámite presentaba fallas —entre ellas una consulta pública irregular y la falta de participación de otras entidades—. Posteriormente, en respuesta a una tutela del Ministerio de Ambiente, el Consejo de Estado delegó al CECH para adelantar el proceso de concertación de las directrices.
Por eso, cuando el CECH fue convocado para retomar ese proceso, su labor no era meramente técnica: debía garantizar la participación de todos los actores —Estado, territorio, gremios y sociedad civil—, debatir los lineamientos, incorporar observaciones y enviarlas.
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Cartografía y delimitación
Uno de los puntos más espinosos, y ahora clave, es la cartografía: los mapas que definirán qué hectáreas y territorios quedarán bajo el fuero ambiental de las directrices. De esos mapas depende, en gran medida, dónde se podrá construir y dónde no, qué zonas tendrán restricción, cuáles serán protegidas y dónde se podrán aprobar proyectos.
Al lanzar los primeros lineamientos, el Ministerio asumió la competencia y anexó una cartografía técnica a su propuesta. Pero con las discusiones en el CECH (y conversaciones bilaterales desde marzo), se acordó que la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) tendría un plazo de 24 meses para elaborar una nueva cartografía, más precisa y ajustada a la realidad de los municipios —con sus particularidades, ecosistemas y usos del suelo—.
Ese planteamiento no es menor: de la escala de la cartografía depende el control territorial y la definición de áreas protegidas, y en la práctica puede modificar qué zonas de la sabana pueden desarrollarse o mantenerse como reserva.
La sentencia del río Bogotá
Para entender por qué esto es tan delicado hay que remontarse a 2014. Esa fue la fecha en que una sentencia del Consejo de Estado —del río Bogotá— fijó obligaciones para proteger la cuenca, crear instancias de concertación y asegurar la participación de todas las autoridades y los actores territoriales. Y teniendo en cuenta que cualquier decisión de las futuras directrices podría afectar el proceso con el río Bogotá, fue que se designó al CECH como escenario de decisiones ambientales para la sabana.
Y por eso, uno de los puntos de conclusión más álgidos consistía en verificar si las propuestas de lineamientos se acoplaban a la sentencia del río Bogotá. Bajo esta misma línea, el Consejo concluyó que los artículos del proyecto de resolución están alineados con la orden del Consejo de Estado para la descontaminación del río y, por tanto, no generan conflicto con su cumplimiento.
Ese punto resulta decisivo, porque la medida cautelar que solicitó el Distrito —y admitida por el Tribunal de Cundinamarca— dejó en vilo la adopción de las directrices ambientales, al considerar que podían contener ambigüedades que afectarían el proceso de descontaminación del río, en especial las licencias ambientales de la PTAR Canoas. De todas formas, el tema de Canoas se abordó en otro bloque de discusión dentro de la matriz. Allí, el Ministerio reiteró lo mismo que ya había expresado en sesiones anteriores: lo contenido en las directrices no interfiere con la ejecución del proyecto.
Lo que viene
Las conclusiones del CECH —tanto las técnicas ya consolidadas como el acta final— se conocerán el próximo 2 de diciembre. Luego serán remitidas a la mesa técnica del Ministerio de Ambiente. Pero ojo: la cartera mantiene la potestad de formular y emitir las directrices conforme a la ley. Esto significa que, aunque el CECH cumplió el requisito de concertación exigido por los tribunales, sus acuerdos no necesariamente serán vinculantes para la resolución final.
Aunque en los acuerdos preliminares el Ministerio aceptó colaborar con el Distrito para mejorar la precisión cartográfica y ajustar la redacción de los artículos, su posición sigue clara: los lineamientos van, no entran en contra vía con licencias ambientales ya otorgadas —como las PTAR existentes— ni con instrumentos ordenadores del territorio como los POMCA.
Así que la pelota está de nuevo en la cancha de la nación. Con lo que el CECH dejó listo deberá decidir qué comentarios incorpora, cuáles artículos afina en compañía de los demás actores (como se habló en las sesiones) y cuál será la tercera, y esperemos que vencida, versión de las directrices para definir el futuro ambiental de la sabana de Bogotá.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
