Bogotá tiene registrados aproximadamente 9.500 habitantes de calle, casi un tercio de los que se han identificado en todo el país, pro o que esta semana, Secretaría de Integración Social que es la encargada de censarlos, reinsertarlos o dignificarlos, realiza el Primer Foro Iberoamericano sobre Habitantes de Calle, para compartir con otras ciudades los conocimientos sobre el fenómeno y las posibles soluciones.
Capitales como Ciudad de México hablaron de una ciudad con recursos mayores para mayores retos. La capital mexicana cuenta con 1.500 brigadistas, pero carece también de esos indicadores del éxito de sus políticas públicas y tienen dificultades con las personas que no tienen cédulas de identificación.
En Guatemala se trataba el tema con las dificultades añadidas que suponen la fuerza del sicariato y la inseguridad en la zona. También su centro histórico y la terminal de buses se han convertido en epicentros de la habitabilidad de calle. Mientras que desde Europa se puso el ejemplo de Madrid, donde se ha acogido el término ‘sin hogar’ frente a ‘indigente’ o habitante de calle’. Allí el representante de la ciudad habló de los habitantes de calle con enfermedades mentales y de los problemas en el recuento derivados del debate sobre '¿qué es un sin hogar?".
Las personas que viven en la calle están presentes en muchos puntos de Bogotá, especialmente en el centro y en nudos de transporte. El perfil de un habitante de calle bogotano es mayoritariamente masculino (el 87% del total), de entre 25 y 59 años (el 85%) y con más de seis años viviendo en la calle (el 68%). El abandono, el desempleo, la exclusión familiar o los problemas derivados de la drogo-dependencia son los factores de riesgo que más empujan a las personas a esta situación.
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Para mejorar su situación, la ley colombiana promueve “garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social”, esto es, reinsertar y reducir el número de los habitantes de calle. Sin embargo, la Corte Constitucional ha primado la defensa del libre albedrío en sentencias y ha pedido al Estado que se limite a dignificar las condiciones de la gente si buscan permanecer en la calle.
La actual administración distrital presupuestó recursos por $160.000 millones para la atención de esta población en este cuatrienio. Hay 350 Ángeles Azules dispuestos a asistir día y noche a los habitantes de calle, en diferentes modalidades (laboral, artística o creativa) que les ayude a recuperar estabilidad en sus vidas. Los grandes retos para la Secretaría de Integración Social, expuestos en el foro, son diseñar medidores de su éxito; adaptar sus métodos a colectivos con mayor riesgo, como ancianos o población LGTBI; dar una atención integral a las personas en riesgo de terminar en esta condición; y fortalecer la cooperación entre distintas administraciones.
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A la salida del foro, la realidad pone en duda lo que se ha expuesto. En la calle está Carlos Rojas, quien nació en Bogota en 1963, es habitante de calle. Su apariencia le precede, sus ropas gastadas, la piel afectada por el sol y la barba descuidada, con el bigote enrubiecido por el tabaco. Él no conoce a los Ángeles Azules y afirma no recibir ayudas de ningún tipo. Se queja del abundante papeleo que se le exige para recibir atención. A pesar de contar con cédula de identidad, afirma que a la hora de exigir atención médica en hospitales le reclaman un dinero que no tiene. Considera que el gobierno de la ciudad debiera mejorar el alcance de sus ayudas.
Otros como Alberto López de Mesa si recibieron ayudas, e incluso le sacaron de la habitanza de calle. A él lo arrastró el consumo y el distanciamiento con su familia. Afortunadamente organizaciones benéficas y acciones distritales, como el Programa Balcanes donde recibió la terapia y el apoyo necesarios. A Alberto se le hace raro pensar en un habitante de calle que desconozca la existencia de estas redes y programas.
Él sí critica las dificultades para cualquier habitante de calle frente a los desalojos o el coste del alojamiento en muchos albergues. Recalca que los más importante para él a la hora de salir de aquella situación fue el trato digno y el respeto, así como que se le concedieran oportunidades laborales donde demostrar su utilidad.
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La secretaria de Integración Social, Cristina Vélez Valencia, asegura que es muy difícil creer que alguien no haya recibido ayuda distrital. Defiende su censo, al que le reconoce un margen de error del 5% “como cualquier censo”, pero afirma que se trata de un barrido muy grande y de un trabajo de años. La alcaldía tiene casos de éxito relativo. Cristina Vélez presume de que de las 2.000 personas que ingresaron a estos programas tras la intervención en El Bronx ya 404 se reinsertaron por completo en la sociedad, un 20% del total. Hay trabajo por hacer, por ejemplo en la cooperación con algunas ONGs, según ella, pero las cosas muestran un progreso son respecto a trabajos pasados.
Bogotá, dice la secretaria, ha avanzado mucho gracias a modelos extranjeros. Hace unos años la pujante cooperación al desarrollo llegada desde España fue muy útil “en la politica poblacional, política de mujer, de lgtbi en calle, etc”. Ahora Velez opina que es el momento de que la capital aporte a otras ciudades similares conocimientos sobre el tema. “Creo que tenemos una experiencia muy interesante para desarrollar una cooperación sur-sur de qué hacer con recursos limitados”.
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Fidel Olivan, licenciado en sociología e investigador de la Fundación Rais, que trata el fenómeno del ‘sinhogarismo’, desconfía de los métodos de conteo del Ayuntamiento de Madrid. Afirma que muchos ‘sinhogar’ prefieren evitar los albergues y centros de noche, donde se les censa, y esto distorsiona las cifras reales que maneja la administración. Por ello, mientras los datos oficiales hablan de 24.000 personas sin techo en España, la Fundación Rais estima unos 31.000. También critica la forma más tradicional de tratar de solucionar la habitabilidad en calle, esto es, el asistencialismo.
Según Fidel este es un sistema que hace dependientes a los ‘sinhogar’ y limita sus posibilidades de romper la situación en que se hallan. Frente a esto, defiende proyectos como el Housing First (Primero Vivienda) que pusieron en marcha con entidades europeas y que ha dado resultados tanto en España como en otros países europeos. Se trata de una política pública que asegura un piso propio al habitante o a un grupo de habitantes de calle que dé una estabilidad residencial que preceda a la estabilidad sociolaboral. La idea es dar al habitante de calle un hogar, más que un simple techo temporal y busca crear en él un sentimiento de autonomía para que pueda desarrollarse.
El tema semántico salta de continente a continente y de país a país. El término habitual en Colombia, habitante de calle, hace referencia a la persona que hizo de la calle suresidencia por al menos tres meses. En España, recientemente fue acuñado el término 'sinhogar' para ampliar el concepto a la persona que simplemente no tenga vivienda 'propia', ya duerma en albergues, en pisos de ONGs o incluso en casas de amigos.
El foro concluye con una riqueza de aproximaciones a la pobreza extrema, una cuestión que se repite en todo el globo. El problema persiste pese a la variedad de herramientas y visiones sobre el tema. Aún quedan muchos temas por tratar, antes de dar con la fórmula y la voluntad para resolver el probelma de la habitabilidad en calle.
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Por Isidro Ruiz de Osma Díaz
