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Según la CIDH, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, “el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de toda persona privada de la libertad, toda vez que tiene la potestad de restringir algunos de sus derechos y ejercer el control sobre su vida”. Con esta cita se sustentó una sentencia contra cinco policías del CAI de Soacha, donde murieron ocho reclusos tras un incendio.
La misma podría aplicar hoy en el caso de Mauricio Hurtado, de 36 años, un comerciante del municipio de Tocancipá, a quien asesinaron en una celda de la estación mientras estaba bajo custodia policial. Lo paradójico de la historia es que a la víctima no la detuvieron por haber cometido algún crimen, sino de manera preventiva, porque estaba tomando a las afueras de su negocio. Según las versiones preliminares, los uniformados lo dejaron en una celda donde previamente había otro detenido, quien lo agredió y le quitó la vida.
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De acuerdo con la versión de la esposa de Hurtado, él se encontraba a las afueras de su local, cuando llegó la Policía, le realizaron una requisa y le pidieron que despejara el espacio público. “Me contaron los vecinos que a mi esposo lo ultrajaron, lo empujaron, le dijeron que se tenía que dejar tomar una foto y no entiendo por qué si él no fue agresivo con ellos”, le contó a Noticias Caracol.
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Al parecer, ante los cuestionamientos de Hurtado por el procedimiento, los uniformados optaron por detenerlo y trasladarlo a lo que hoy denominan Centro de Protección. Lo metieron en una celda, donde inicialmente había una pareja, pero a la mujer se la llevaron a otro espacio. Luego, en extrañas circunstancias, el sujeto atacó Mauricio.
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¿Qué se sabe?
Lo que se sabe es poco: “Él tuvo una pelea con el compañero de celda, que le pegó un puño e inmediatamente cayó, se golpeó y ahí quedó. No le brindaron los primeros auxilios, lo dejaron ahí. Lo que le hacían era darle cachetadas a ver cómo reaccionaba”, agregó la esposa. Al ver que no reaccionaba, lo trasladaron a un centro asistencial del municipio, a donde llegó sin vida.
Por el momento, la versión de la Policía de Cundinamarca sobre la detención fue que la víctima se rehusó a un procedimiento policial durante el cierre de establecimientos comerciales y se negó a abandonar la calle y por tal razón lo llevaron al centro de detención. Sobre los hechos que rodearon su muerte no hay más información que la versión de la esposa de la víctima.
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Todas las autoridades anunciaron la apertura de una investigación, para esclarecer los hechos, en los que, de momento, hay un sospechoso. Sin embargo, este será uno de esos casos que, sin duda, terminarán en la justicia administrativa, en la que se debatirá si la Nación tendrá que indemnizar o no a la familia de la víctima, quien perdió la vida bajo custodia policial.
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Por Redacción Bogotá
