Este lunes la Fiscalía General de la Nación comunicó que, mediante un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, le imputó cargos a Nicolás Corso Salamanca, exgerente de la empresa del distrito encargada de la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, Metrovivienda.
La imputación obedece al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Corso es investigado por las presuntas irregularidades detectadas en un convenio de asociación suscrito el 7 de noviembre de 2013, con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar, el cual tenía un valor de $9.649.785.600.
“El convenio tenía por objeto aunar esfuerzos que conlleva al desarrollo del predio denominado Usme II- Idipron, con el fin de asegurar su destinación para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario, en un plazo de 30 meses”, detalló la fiscalía. El imputado no aceptó los cargos.
Según la Fiscalía, este convenio debía seguir los parámetros de contratación pública definidos en la Ley 8 de 1993; no obstante, la celebración y ejecución del mismo se habría dado bajo el artículo 96 de la ley 489 de 1998, la cual regula los asuntos de asociación de entidades públicas con participación de particulares.