Incertidumbre con los cementerios del Distrito: operador cerró las puertas

Cementerio Central de Bogotá

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Estaba advertido: los cementerios públicos de Bogotá se quedaron sin operador. Jardines de Luz y Paz, organización que ganó el contrato a mediados de 2021, este viernes dejó de prestar el servicio y el Distrito tuvo que implementar un plan de contingencia. Por ahora reina la incertidumbre, pues, si bien al final de la tarde el operador dijo que prestará el servicio durante el fin de semana, para garantizar una entrega ordenada, no se tiene claro cómo ni cuándo se abrirá el proceso para elegir un nuevo operador para los cementerios del Norte, Central, Sur y Serafín.

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Lo único claro es el inicio de acciones legales en contra del contratista, por la manera abrupta en que cerró las puertas, dejando a 15 familias esperando para darles el último adiós a sus seres queridos. Con un dato adicional: el Distrito tuvo que visitar los cementerios acompañado de la Policía para tomar posesión, ya que el operador, dicen, no quería entregar las instalaciones, que son públicas. Luego de la intervención fue que llegaron a un acuerdo para operar durante unos días más.

Aunque la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), encargada de las instalaciones, señaló que no hay crisis, la realidad muestra otra cosa: lo que fue el viernes tuvieron que contratar los servicios de inhumación y cremación con privados y suspendieron las visitas. Ahora, con el anuncio al final de la tarde, queda la expectativa sobre el desarrollo del contrato. Y no se trata de un asunto menor. Según cifras oficiales, entre enero y agosto de 2023, en los cuatro cementerios se realizaron 737 cremaciones y 428 inhumaciones mensuales, especialmente de parientes de las familias más vulnerables.

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El pleito

La contingencia que hoy vive la ciudad con sus cementerios públicos se produjo por una pugna que comenzó casi desde el primer día de ejecución del contrato, por presuntos incumplimientos e irregularidades. Las investigaciones y controversias fueron de tal magnitud, que le costaron la cabeza a la exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho. Pero la gota que rebosó la copa fue el anuncio de que el Distrito sancionaría este año por tercera vez al contratista, lo que lo inhabilitaría para seguir al frente del servicio.

Al conocerse esta decisión, y antes de que quedara en firme, el concesionario Jardines de Luz y Paz anunció que, de concretarse, de inmediato cesaría la prestación del servicio. Ante esto, Carlos López, director de la Uaesp, le hizo un llamado a la calma y lo invitó a tramitar el asunto de manera tranquila. “Hasta que haya un acto administrativo no pueden abandonar la prestación del servicio. Recomendamos que reflexionen jurídicamente el tema, y si es necesario ampliar los plazos, lo haremos”.

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Los últimos detalles del pleito los dio a conocer la propia entidad distrital. Contó que en la audiencia del pasado 3 de octubre, en la que se definía el futuro de la nueva sanción, se le dio un plazo de un mes para sustentar su recurso de reposición y se autorizó la realización de tres mesas técnicas para discutir el contrato. A pesar de esto, el operador cumplió su amenaza, al menos durante el viernes.

El contrato empezó el 31 de junio de 2021, por $41.000 millones, para administrar los cuatro cementerios. Las tarifas, al ser servicios para familias vulnerables, eran de $546.000 por inhumación, $527.000 por cremación y $74.000 por el servicio de capilla. Los recursos debían ir a una fiducia y de allí el 25 % era para el Distrito y el 75 % para el operador. No obstante, según la Uaesp y la Contraloría de Bogotá, los dineros no se consignaron de manera correcta.

El argumento del concesionario, para justificar los incumplimientos (al igual que el operador del relleno Doña Juana) es el desequilibrio económico. El gerente del consorcio Jardines de Luz y Paz, Éder Parada, le dijo a El Espectador que desde el segundo mes de operación advirtieron que los ingresos no eran suficientes. Hoy habla de pérdidas por $2.600 millones en los últimos dos años. Además, que la obligación de consignar los recaudos en la fiducia implicaba que el dinero estuviera congelado.

Actualmente en contra de Jardines de Luz y Paz existen tres multas, que suman casi $2.500 millones, así como múltiples informes de interventoría en los que han quedado expuestos sus incumplimientos. Ahora tendrá que enfrentar los procesos legales por abandonar la operación de los cementerios y que obliga al Distrito a buscar a un nuevo contratista.

A pesar de esto, la administración insiste en que no habrá crisis por cuenta de la operación de los cementerios públicos, ya que, de repetirse el cierre, garantizará las inhumaciones y cremaciones que requiera la ciudadanía. “La Uaesp rechaza todo tipo de acción que busque impedir la garantía y continuidad de los servicios funerarios en los cementerios distritales. La entidad realizará las acciones legales o administrativas a las que haya lugar con el fin de preservar el interés público de los cementerios y salvaguardar los intereses de los bogotanos”, concluyó.