Bogotá

14 Nov 2014 - 2:58 a. m.

Inclusión de recicladores, estancada

Cuestiona el incremento de los inscritos en el Registro Único de Recicladores, más ahora que lo pueden hacer los habitantes de calle. Señala que hace falta ajustar procesos.

Redacción Bogotá

El esquema de recolección de basuras sigue siendo el punto de choque entre el Distrito y la Procuraduría. Primero fue la destitución del alcalde Gustavo Petro, por haber cambiado el esquema de aseo para vincular a los recicladores de oficio. Ahora el Ministerio Público señala que el plan de inclusión de esta población está estancado. Así se lo dijo a Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en su décimo informe de seguimiento al plan de inclusión. En un documento de 13 páginas, conocido por El Espectador, detalla cada pero frente al programa.

En el informe, por ejemplo, señala que a pesar de que el alto tribunal le ordenó al Distrito fijar metas concretas, cualificadas, medibles y verificables para cumplir en el corto plazo, el avance en el plan no ha sido el esperado, debido a que la administración “no tiene una metodología uniforme, clara y objetiva para su medición. Además, se han establecido indicadores que distorsionan el verdadero avance del plan”.

Señala además que, a pesar de también se le ordenó fijar metas a corto plazo, el plan del Distrito está diseñado con metas a largo, con lo que “tras 30 meses de ejecución, los aspectos estructurales del plan no reflejan avances significativos y, por el contrario, existen serios obstáculos para su implementación”. Uno de esos aspectos son los cambios en la dirección de la Uaesp (entidad encargada del proceso), los cuales han generado demoras en la materialización de las metas.

Cuestiona que, a pesar de que sigue pagando a los mismos recicladores la tarifa de recolección, paradójicamente en el último trimestre han disminuido las toneladas recicladas (pasaron de 54.466 en el trimestre anterior a 46.045, es decir, 8.421 menos); que si bien existen 207 bodegas privadas y cinco centros públicos de pesaje disponibles, hasta la fecha no se ha identificado si cumplen los requisitos mínimos para esta función. Finalmente, que la Uaesp no tiene claridad frente a si las organizaciones de recicladores habilitadas tienen viabilidad jurídica y sostenibilidad financiera, ya que “aún no reúnen las condiciones para ser prestadores del servicio de aseo en los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, lo que impide su control”.

Habitantes de la calle

 Pero quizás la crítica más seria tiene que ver con el censo, el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) y especialmente la reciente decisión del Distrito de abrir la puerta para que los habitantes de la calle se puedan inscribir en el Registro, al ser considerados como recicladores naturales. Como lo dijo El Espectador en su edición del pasado lunes, la administración le pagará al habitante de calle que recicle la tarifa de aseo que hoy les reconoce a los recicladores de oficio: $87.900 por tonelada.

Para el Ministerio Público, en el último año se ha presentado un aumento significativo de personas registradas en el RURO. Según la base de datos, hay 20.643 inscritos y están en trámite 1.500 nuevas inscripciones. Sin embargo, sólo reportan actividad constante 9.397.

Ante esto, desde mediados de año la Procuraduría le pidió a la Uaesp identificar las causas de este incremento, evaluar su impacto y revisar los requisitos para acreditar la condición de reciclador de oficio. Dice el informe que el Distrito resolvió modificar el procedimiento para la actualización del RURO haciéndolo más flexible y estableciendo la definición de “Reciclador habitante de calle”.

“Con esta decisión, no solo se desincentiva que los recicladores de oficio se asocien y se formalicen, para que pueda prestar de manera organizada el servicio público, sino que beneficiará a un grupo de personas distintas de las que realizan el reciclaje como oficio, en los términos previstos por la Corte Constitucional”. Para la Procuraduría, pagarles a personas naturales que no tienen la condición de recicladores de oficio podría resultar contrario a la ley.

Para completar, agrega que el Distrito no tiene un sistema de control eficaz que garantice que lo reconocido a los recicladores corresponda a los volúmenes de residuos pesados, y que, a quienes se remunere, sean realmente personas dedicadas a ejercer actividades de recolección y transporte de material aprovechable.

Por esta razón, insiste en revisar el procedimiento de pago, para que no solo a partir de la inscripción en el RURO —momento en el que el reciclador entra en el sistema de inclusión diseñado por el Distrito— se empiecen a reconocer económicamente las actividades de transporte y pesaje que registren los recicladores de oficio. “De lo contrario, tal y como viene sucediendo, no hay garantías para el control sobre su actividad y la correspondiente remuneración”.

En suma, según las propias cifras del Distrito, “el Plan de Inclusión solo ha avanzado 3% en 2014, lo que muestra su estancamiento por las dificultades con la creación de organizaciones autorizadas de recicladores, dotación de vehículos, asignación de las rutas, generación de los 60 centros de acopio y los seis parques de reciclaje, así como de los documentos de planeación del servicio de aprovechamiento, que exigen mayores esfuerzos de la administración para dar cumplimiento al esquema de inclusión presentado a la Corte Constitucional”, concluye el informe.

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