Es probable que a finales de febrero los bogotanos noten una no tan cálida sorpresa en su factura de gas natural que, tradicionalmente, ha sido el servicio público más barato. Su precio aumentaría hasta 36 %, según anunció la semana pasada Vanti, la empresa que comercializa el combustible. Y aunque para algunos sectores el aumento no provocará mayor problema (aunque cocinar les resulte más caro), sin duda los más afectados serán los 2,8 millones de personas de escasos recursos y a quienes se les dificulta, incluso, tener para consumir las tres comidas diarias. El impacto sería inminente, pero, ¿es este aumento un paso para engrosar el índice de pobreza, como lo dice la Alcaldía?
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En Bogotá, nueve de cada diez personas en condición de pobreza usan gas natural en sus hogares, informó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Son 2.825.223 personas, y para el funcionario el aumento “elevaría hasta en 33 % el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de servicios públicos”. La preocupación también la expresó el alcalde Carlos Fernando Galán el fin de semana, al decir que “si el aumento es únicamente comercial, ya es grave, porque aumentarán los costos de producción en la industria. Si es residencial, el impacto será directo entre los más pobres. Hacemos un llamado al Gobierno: la transición energética debe tener el impacto social”, dijo desde Sumapaz.
De acuerdo con Vanti, el incremento en la tarifa llega “debido al aumento del precio de la molécula de gas natural y el mayor costo por la distancia del transporte, debido al cambio en las fuentes de suministro. Aunque el alcalde sostiene que no hay claridad de a quién impactará la medida, la empresa señaló en un comunicado que “la tarifa final para los usuarios residenciales, comerciales e industriales regulados de diferentes partes del país tendrán un incremento de hasta 36 % en sus facturas a partir de febrero”.
¿Por qué más caro?
Desde finales de 2023, Colombia viene progresivamente importando gas desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago, llevando a que el 30 % del insumo con el que se abastece el mercado nacional venga del exterior. Para explicar esto, Camilo Prieto Valderrama, profesor de cambio climático y energías renovables de la Universidad Javeriana, empieza aclarando las aplicaciones del gas como energético en Colombia. “Son cuatro líneas principales: la generación de electricidad, como energético domiciliario, como energético de transporte y como un energético fundamental de las industrias asociadas al calor”.
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Las apuesta del Gobierno Nacional dejó, a los ojos de los expertos, al país en una encrucijada: ahora debe importar gas y redujo su capacidad de producción. “El hecho de que Colombia venga teniendo un declive en sus reservas desde hace varios años, porque esto no es un asunto nuevo, hace que la decisión de la nación, de no explorar más fuentes locales, da una estocada casi letal al panorama”.
Al análisis se suma José Fernando Bosch, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional, quien asegura que este aumento es consecuencia de la escasez inducida por el Gobierno. En otros escenarios, cuando un precio del gas está alto, es una señal para nuevas compañías de invertir más y ampliar la oferta, lo cual, a la larga, reduce los costos. No obstante, el Gobierno tiene bloqueada la producción nacional de gas, y esa señal no está funcionando”.
Prieto añade que los efectos negativos también tienen incidencia en materia ambiental, un efecto paradójico a las intenciones del Gobierno con su transición. “Esto nunca había pasado, y es que se empiece a utilizar gas natural licuado para uso residencial y también para transporte. Eso cambia el escenario, pues tener más gas natural licuado importado genera unos efectos económicos y ambientales. Económico, por los costos adicionales, al tener que traer el gas, y ambientales, porque traerlo, demanda energía, se tienen que usar buques, y cuando llega al país hay que regasificarlo, y ese es otro proceso industrial”, añade el experto.
Bogotá y el gas natural
Cifras que destaca el concejal Rolando González indican que la capital es el principal consumidor del gas residencial y comercial del país, con un 50 %, y en el sector vehicular participa con un 17 % del consumo en BTu (Unidad Térmica Británica). “De los 997 millones de metros cúbicos que se consumen al año, el gas residencial representa el 40 %, y la mitad es demandada por los estratos 2 y 3, el 50 % se consume en el sector industrial y comercial de la ciudad, y el 10 % se destina a los vehículos”, señaló el concejal Rolando González a El Espectador.
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“Esto significa que un aumento en la tarifa afecta enormemente la capacidad de pago de los bogotanos, no solamente por el impacto que tiene en el gasto de cada hogar a la hora de pagar servicios públicos, sino porque el aumento de la tarifa en los otros sectores implicará un traslado en el precio final de los bienes que se consumen en la ciudad”, indicó el cabildante.
El incremento se podría ver reflejado en costo del “corrientazo” como en otros servicios. Si usted paga, por ejemplo, $40.000 mensuales por el gas, podría terminar recibiendo una factura por $54.400, es decir, $14.400 más. Ahora, si usted fuese dueño de un restaurante y paga por el servicio de gas un millón de pesos, el aumento sería de $360.000, lo que tendría que compensar con el precio final de los productos. “A noviembre del año pasado, cocinar con gas costaba la mitad que con electricidad. Ahora eso ya se va a ir acabando, reduciendo la economía de bolsillo de las personas. Es un efecto en la economía muy relevante”, sostiene el docente de la Javeriana.
El gas natural que se consume en Bogotá proviene principalmente de yacimientos ubicados en el piedemonte llanero, fuentes Cusiana y Cupiagua. Los análisis realizados, tanto del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia como de Corficolombiana y Naturgás, frente al balance entre oferta y demanda, muestran que no hay suficiente gas natural a nivel nacional disponible para la venta, que permita a los distribuidores y comercializadores (Vanti, en el caso de Bogotá) atender la demanda de los sectores residencial, comercial, vehicular e industrial en 2025 y siguientes.
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González, quien ya citó un debate de control político (todavía no agendado) advierte: “Lo dijimos en su momento, y hoy se ratifica: tener que importar gas, para evitar un desabastecimiento, iba a generar varios riesgos. Por un lado, el incremento en la tarifa, un posible racionamiento y un desbalance en el esquema de subsidios y contribuciones que hoy tiene el esquema tarifario. Incluso puede afectar grandes proyectos de movilidad sostenible, pues hoy circulan más de 2.000 buses de Transmilenio con GNV y 60.000l vehículos livianos y taxis se han convertido a gas. Adicional, se pretende la construcción de más de 160.000 unidades de vivienda, que requieren el gas natural como servicio básico domiciliario”.
Dese el Concejo ya habían advertido posibles efectos negativos. Y es que el gas es un negocio altamente regulado con varios actores: entre ellos 43 empresas productoras-comercializadoras, seis transportadoras, 48 distribuidores-comercializadores, nueve millones de usuarios en todo el país, donde Ecopetrol es la mayor productora, con una participación del 60 % de las reservas de gas de la nación.
“Entre las empresas que transportan están Transportadora de Gas Internacional (TGI), que pertenece al Grupo de Energía de Bogotá y Promigás, con participaciones del 56 y 35 %, respectivamente. El principal gasoducto que abastece a Bogotá es el Cusiana–Sabana / Cusiana–Apiay–Usme, los cuales son operados por TGI. Es una actividad regulada por la CREG, entonces claramente la ciudad debe articularse con el Gobierno Nacional, pidiéndole que se adopten medidas adicionales regulatorias que faciliten el suministro, la capacidad de transporte y la comercialización”, dice el concejal.
Los expertos consultados coinciden en que, a corto plazo, no hay un reemplazo para el gas natural que mitigue el efecto inmediato en las facturas y bolsillo de los colombianos. “La transición que se busca es hacia energía limpias (solar, eólica, geotérmica, entre otras), pero estas no están con la suficiente capacidad y disponibilidad suficiente. Hay plantas nucleares modulares, una energía que podría utilizarse, pero esta lleva años de desarrollo”, afirma Bosch.
Desde el Concejo se buscan alternativas: “Bogotá debe contar con un Plan Distrital de Abastecimiento de Gas Natural. Actualmente, existe el Plan Maestro que data de 2006 y fue actualizado en 2010. Les estamos pidiendo a las secretarías de Planeación, Hábitat y Hacienda conformar un comité técnico con la Empresa Prestadora del Servicio de Gas Natural Domiciliario, para que actualicen los estudios de demanda, los riesgos y la vulnerabilidad de la ciudad frente al suministro de este combustible y su impacto en los proyectos que la ciudad tiene a futuro”, concluye Rolando González.
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Por Juan Camilo Parra
