Indígenas embera ¿se gastan ayudas en licor? Acuerdan revisar manual de convivencia

Según la Secretaría de Gobierno, en la UPI de La Rioja hay actualmente 711 personas: 371 hombres y 340 mujeres, la mayoría niños.

Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Después de las manifestaciones del pasado 19 de octubre en Bogotá, que protagonizaron integrantes de la comunidad Embera por el incumplimiento de compromisos adquiridos en mayo para su atención, que terminaron en disturbios, continúa el debate frente a las acciones que debería poner en marcha el Distrito y el Gobierno Nacional. La alcaldesa Claudia López aseguró que la única atención que ha recibido esta población ha sido por parte de Bogotá y le hizo un llamado al gobierno Petro.

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“Bogotá ha aportado $9.000 millones en albergues, atención humanitaria, de salud, educación y alimentación de la población Embera por dos años. Es responsabilidad del Gobierno Nacional evitar el desplazamiento y garantizar el retorno. Agradecemos al Presidente que al fin se asuma”, escribió López en Twitter tras citar un trino del presidente Gustavo Petro en el cual se indicaba que el Gobierno Nacional entregaría ayudas en comida, agua potable y brigadas de salud.

Adicionalmente, expuso: “Varios hombres “líderes” embera explotan en mendicidad a mujeres y niños, mientras se gastan las ayudas que les damos en licor y ejercen violencia contra su propia comunidad, ciudadanos y servidores públicos”.

En consonancia con esta serie de trinos, en redes sociales se han estado compartiendo videos en los que se muestran a algunos integrantes embera sostener discusiones con funcionarios distritales para el ingreso de bebidas alcohólicas a la Unidad de Protección Integral (UPI) ‘La Rioja’, lugar que les otorgó el Distrito a los indígenas para instalarse, después de dejar el Parque Nacional en Bogotá, en el que duraron asentados casi ocho meses.

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De hecho, residentes del sector aledaño a la UPI han denunciado ante la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá estas problemáticas.

‘La Rioja’ fue una medida que, se suponía, debía ser transitoria, pues el objetivo inicial era garantizar el retorno de esta población a sus territorios en los departamentos de Risaralda y Chocó. No obstante, hombres, mujeres y niños llevan cinco meses en el espacio y denuncian condiciones precarias, como el hacinamiento, la falta de agua potable y la transmisión de enfermedades, que le ha causado la muerte a algunos integrantes.

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Jairo Montañez, coordinador técnico de comunidades indígenas en Bakatá, le dijo a El Espectador que “se necesita empezar a desarrollar un plan, para que las comunidades se restablezcan y se estabilicen social y económicamente, con un enfoque diferencial de cada comunidad. Y que haya garantías reales de participación en la construcción de políticas públicas y sean atendidos y se les garanticen sus derechos”.

Por lo pronto, se han iniciado los diálogos entre delegados del Gobierno Nacional, Distrital y líderes de las comunidades para buscar soluciones a estas problemáticas y garantizar el retorno de la comunidad o las condiciones dignas de vida para quienes deseen permanecer en la capital. Uno de los acuerdos fue revisar el manual de convivencia del albergue, para evitar futuros problemas con la comunidad, las autoridades y los vecinos.

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