El sector de El Mochuelo, en Ciudad Bolívar, despertó el 4 de marzo bajo una bruma espesa que no era la niebla que en ocasiones cubre las faldas de los cerros. Por segunda vez, en menos de un mes, la Corporación Autónoma Regional (CAR) declaró una alerta preventiva por mala calidad del aire. Las estaciones de monitoreo confirmaron lo que los pulmones ya sentían: las concentraciones de material particulado fino (PM 2,5) habían vuelto a romper los techos de seguridad.
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En esta zona del sur el aire tiene peso y olor. La mezcla de ladrilleras, cementeras, tráfico pesado de vehículos obsoletos y kilómetros de vías sin pavimentar (sin contar el relleno de Doña Juana) configuran un escenario de riesgo constante. Sin embargo, lo de El Mochuelo no es aislado, sino el síntoma de una enfermedad estructural que padece la capital. El PM 2,5 es casi invisible al ojo humano —30 veces menos grueso que un cabello—, pero su capacidad de daño es profunda: al inhalarse atraviesa los alvéolos, entra al torrente sanguíneo y coloniza órganos vitales.
Una tragedia evitable
Mientras las alertas van y vienen, el impacto se acumula en silencio en las actas de defunción. La reciente “Evaluación de impacto en salud” (2018-2022), de las secretarías de Salud y Ambiente, arroja una cifra que estremece: en cinco años Bogotá registró 13.345 muertes evitables de mayores de 30 años, producto de enfermedades del corazón, accidentes cardiovasculares y pulmonares, si la población no hubiera estado expuesta a niveles de PM 2,5 superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para llegar a esta cifra, el Distrito usó AirQ+, una herramienta de modelado de la OMS, que permite cruzar la densidad del aire con la realidad demográfica. El estudio revela que la ciudad registra una tasa promedio de 62,9 muertes por cada 100.000 habitantes atribuibles a la exposición a material particulado.
Directo al corazón y al cerebro
El informe desglosa las causas de esta mortalidad con precisión. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) fueron la principal causa específica en mayores de 30 años, con un incremento sostenido entre 2018 y 2022, al pasar de 1.218 a 1.328. Por su parte, las afecciones isquémicas del corazón (EIC) pasaron de 599 casos a 663. Pero el daño no se detuvo en el pecho. Las muertes por accidentes cerebrovasculares (ACV) pasaron de 174 a 188, con picos en 2019 y 2021 de casi 200 casos. Curiosamente, las únicas que disminuyeron fueron las asociadas a enfermedades respiratorias, al pasar de 750 casos a 625.
Investigaciones que cita el estudio sugieren, incluso, vínculos con el deterioro cognitivo, el autismo y el trastorno por déficit de atención. Es decir, la amenaza degrada la calidad de vida desde la infancia hasta la vejez.
La construcción de la norma, por parte de Camilo Prieto, profesor de energía y sostenibilidad de la U. Javeriana, revela una verdad incómoda: gran parte de estas muertes ocurren mientras la ciudad asegura cumplir la norma. “Hay un desfase entre la norma nacional y la evidencia científica”, explica. Mientras la OMS bajó en 2021 su límite recomendado a 5 microgramos por metro cúbico (ug/m3), en Colombia es de 25 ug/m3. Es decir, cinco veces más laxa.
Esta brecha no es un descuido, sino una decisión política. Prieto, quien participó en la construcción de dicha norma, recuerda la presión del sector de transporte. “Aceptar un estándar cinco veces más laxo implica aceptar, éticamente, una mayor carga de enfermedad. Es una decisión política sobre qué nivel de riesgo es tolerable. En la práctica, Bogotá puede estar en ‘verde’, mientras los ciudadanos siguen expuestos a niveles peligrosos”.
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El costo de las decisiones
El debate sobre la calidad del aire suele presentarse como un choque entre salud y economía, pero el informe desmiente la dicotomía: la mortalidad prematura entre 2018 y 2022 representó costos indirectos por USD 4.555 millones (casi COP 17 billones), asociados a la pérdida de productividad y años de vida. Para Prieto, la lectura es simple: “No invertir en calidad del aire es trasladar el costo a la productividad del país y al sistema de salud”. El presupuesto destinado a la electrificación del transporte o a pavimentar vías palidece ante la factura que la ciudadanía paga en hospitales y entierros.
Y si algo deja claro el estudio es que alrededor del riesgo hay una profunda inequidad ambiental: en localidades como Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño no solo se registran los promedios más altos de material particulado, sino las cifras más altas de mortalidad. Mientras la tasa de la ciudad es de 62,9 por cada 100.000 habitantes, en estas tres se dispara a 111,3, 104,3 y 102,5 respectivamente. “Las políticas han sido homogéneas, pero la exposición heterogénea”, explica Prieto. En el suroccidente coinciden en la mayor vulnerabilidad social, densidad de industria pesada y déficit de espacio público natural.
¿Son suficientes las ZUMA y la transición vehicular actual?
Ante este panorama, el Distrito ha impulsado programas como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), con intervenciones focalizadas en mantenimiento vial, renaturalización y control de fuentes en localidades del sur de la capital, como Bosa y Ciudad Bolívar.
Si bien estas medidas son “conceptualmente sólidas”, según Camilo Prieto, investigador y profesor de energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, su cobertura es limitada frente a la magnitud del reto.
La ciudad depende fuertemente del transporte diésel, especialmente en carga y transporte informal. Al ritmo actual de sustitución de flota (que lidera el programa Foncarga), el experto advierte que ni siquiera en dos décadas alcanzaremos niveles seguros. Señala, además, que para cerrar la brecha se requiere una ambición regulatoria que hoy no existe: prohibición progresiva del diésel en zonas críticas, electrificación acelerada y una actualización a la normativa que deje de usar marcos de referencia de hace 15 años.
El “asesino silencioso”
La calidad del aire no es solo un indicador técnico, sino un asunto de justicia social. Degradando el desarrollo nervioso de los niños y acortando la vida de los adultos mayores, la polución actúa como un “asesino silencioso” que se ensaña con los más pobres. La solución, como cierra el profesor de la Javeriana, requiere decisiones políticas firmes y una ciudadanía que exija el derecho a respirar. “Necesitamos políticos que se interesen por la calidad del aire como un tema de justicia y salud pública”. Mientras la norma nacional siga siendo un escudo para la inacción, los 13.345 nombres que Bogotá perdió en el último lustro serán solo la antesala de una tragedia que se repite cada vez que el cielo del sur se vuelve gris.
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