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A pesar de tener grandes diferencias, ciudades como Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile adoptan las mismas estrategias para enfrentar la inseguridad urbana, en las cuales la participación ciudadana muchas veces se promueve a partir del señalamiento del otro, lo que ahonda el sentimiento de desconfianza ciudadana.
En el marco de la creación de estas políticas públicas, la participación ciudadana para generar seguridad territorial se da más para validar y legitimar ese paradigma o modelo de seguridad, pero no para cuestionarlo.
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Así lo advierte el politólogo Germán Camilo Hernández, candidato a magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, quien adelantó una investigación sobre la securificación –expresión particular de la seguridad urbana que retorna a una visión restrictiva y centrada en la garantía del orden público– en la ciudad latinoamericana.
Señala además que “la seguridad implica hoy, siglo XXI, un contenido importante de ejercicio político y de visión de la sociedad, en el que los gobiernos locales y microlocales tienen cada vez más una mayor relevancia en la toma de decisiones y en la definición y construcción de políticas públicas”.
En este caso, la tesis, que busca fortalecer el campo de los estudios críticos de seguridad, encuentra que existe una relación muy importante entre el contenido de las políticas públicas de seguridad y la construcción de ciudad.
En ese sentido, lo primero que encontraron los académicos es que, pese a la historia y los contextos diferenciados de las ciudades de América Latina con otras del mundo (europeas o norteamericanas), se tienen las mismas fórmulas para buscar construir seguridad.
El caso Bogotá
Según la última Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sensación de inseguridad en la capital se encuentra en el punto más alto de los últimos cinco años. El 76 % de los encuestados se sienten inseguros en la ciudad, con un aumento del 16 % respecto al año pasado. Esto hace que la seguridad, específicamente en materia de políticas públicas, sea una discusión siempre vigente.
Al respecto, el politólogo Hernández señala que “en Bogotá se enfocan en incorporar nuevas tecnologías, pero suelen desconocerse los contextos y las realidades territoriales propias”.
Aclara que aunque la investigación no busca “satanizar” la inclusión de artefactos tecnológicos o de enfoques que buscan fortalecer las infraestructuras y arquitecturas de seguridad, en últimas estas son “unas medidas superficiales, paliativos que no rompen las estructuras y las fuerzas que están de fondo en la sociedad, las cuales generan procesos y prácticas que crean inseguridad en los territorios”.
Por ejemplo, si no se rompen esas cadenas que llevan a algunos jóvenes a delinquir, se pueden tener muchas cámaras de seguridad o más Comandos de Atención Inmediata (CAI), pero estos seguirán alimentando la guerra porque no tienen otras oportunidades.
Análisis documental
Para esta investigación, dirigida por el profesor Alexander Emilio Madrigal, de la U. Nacional sede Bogotá, se llevaron a cabo tres momentos importantes, el primero de los cuales fue la selección de las ciudades y sus unidades territoriales: la Alcaldía de Cuauhtémoc en Ciudad de México (México), la municipalidad de Santiago en Santiago de Chile (Chile), y la localidad de Santa Fe en Bogotá (Colombia).
Estas tres ciudades dan cuenta de unas geografías y unos procesos políticos e históricos diferenciados en América Latina, y a su vez tienen algunos elementos comunes (culturales, históricos, económicos o políticos) que permiten hacer un contraste más completo y acorde con los fines de la investigación.
En este punto se propone un análisis documental de políticas públicas (en el caso de Colombia los planes de desarrollo) con una fuerza teórica y crítica de los estudios urbanos y de seguridad.
De allí se pasa al segundo momento: la revisión de los instrumentos de planificación en las ciudades y unidades territoriales, para reconocer e interpretar los referenciales (formas de entender el mundo que guían la toma de decisiones) que orientan esa visión de política pública.
Por último, se hace una triangulación: se cruza lo encontrado entre las ciudades, se cruzan las matrices de las unidades territoriales y luego todas. Después se cruza lo que está en los documentos de planificación con la implementación (noticias o rendiciones de cuentas).
El politólogo Hernández señala que “es clave ampliar el debate público y democrático en la sociedad, de modo que se permitan confrontar diferentes perspectivas y necesidades para fortalecer la seguridad y romper las causas estructurales (políticas y sociales) de la inseguridad, lo cual llevaría a la posibilidad de construir una ciudad diferente.