Investigarán si hubo omisión de socorro a vendedor ambulante que murió cerca a la Cruz Roja

Gustavo Torrijos. El Espectador.

La Secretaría de Salud indicó que la Fiscalía y los Tribunales de ética médica serán los encargados de determinar si hubo omisión se socorro en el caso de un hombre que falleció en plena vía pública, sobre la carrera 68 con calle 64, muy cerca al hospital de la Cruz Roja, tras sufrir un infarto.

Según testigos, el hombre identificado como Guillermo Ignacio Trujillo trabajaba como vendedor ambulante a tan solo una cuadra del centro asistencial cuando, de repente, sintió un dolor en el pecho. Una uniformada de la Policía que pasaba por el lugar se percató de lo que estaba ocurriendo y se dirigió hasta la Cruz Roja para pedir ayuda.

Sin embargo, ningún profesional de la salud se decidió a atenderlo porque, según explicaron, en este tipo de casos se debe actuar diferente.

“Nuestro servicio es intramural y lo que se debe hacer cuando se presenta una eventualidad vía pública es activar la línea de emergencia 123. Además, una persona de la Policía informó al coordinador médico encargado en ese momento que ya había reportado el caso a línea de urgencias pero el paciente ya se encontraba fallecido”, dijo a Noticias Caracol Nancy Sánchez, jefe médica de urgencias de la Cruz Roja.

Finalmente, Trujillo falleció sobre la vía pública. Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibió la llamada de solicitud de ambulancia y procedió al respectivo envío al lugar de la emergencia, pero cuando el vehículo llegó encontraron el cuerpo sin vida.

Por tanto, la entidad concluyó que “teniendo en cuenta que los hechos no se registraron en el interior de un prestador de servicios de salud, la Fiscalía General de la Nación y los Tribunales de ética Médica, son las entidades competentes para evaluar la situación”.

Cabe recordar que sobre la omisión del socorro el Código Penal indica que "el que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos a cuatro años".