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El gremio de recicladores de Bogotá inició una jornada de radicación masiva que busca alcanzar los 16.000 derechos de petición ante la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación. El objetivo es frenar el borrador del nuevo marco tarifario de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que, la según denuncian, se está tramitando sin la concertación obligatoria con la población prestadora, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional.
Magda Barinas, vocera y líder del gremio, aseguró en entrevista con este diario que el diálogo con el Viceministerio de Aguas está fracturado. Según Barinas, el Gobierno Nacional está reglamentando “de afán” una serie de decretos —como el 1381 (que reconoce la exclusividad de la población recicladora como prestadores naturales de la actividad de aprovechamiento) y las recientes consultas públicas de marzo y abril— que imponen cargas operativas imposibles de cumplir para los recicladores de oficio, lo que en la práctica desplazaría a los prestadores tradicionales para entregar el negocio del aprovechamiento a empresas privadas.
Cargas técnicas inviables
El punto de mayor fricción se encuentra en las nuevas exigencias de la CRA. El borrador del marco tarifario obligaría a las organizaciones de recicladores a presentar un contrato de condiciones uniformes por cada usuario atendido y a reportar información en línea sobre la prestación del servicio.
“Nos piden acreditar la prestación del servicio con una rigurosidad técnica que ignora nuestra realidad. Nosotros escasamente tenemos acceso a la bolsa de basura en la calle; exigirnos contratos individuales y sistemas de información en tiempo real es una barrera de acceso que busca quitarnos el amparo como prestadores naturales”, explicó Barinas.
El 25% del negocio en disputa
Otro de los ejes de la protesta administrativa es la presunta pérdida de exclusividad. El gremio denuncia que el nuevo marco pretende entregar el 25% del componente de aprovechamiento a empresas que no son organizaciones de recicladores de oficio, contraviniendo decretos anteriores que garantizaban la prioridad de esta población en el esquema de aseo.
Asimismo, Barinas señaló que los decretos publicados para consulta entre marzo y abril vulneran la capacidad de “rebusque” de los recicladores al prohibir el desarrollo de otras actividades complementarias, desconociendo además la actividad de “recuperación en generación” que realizan diariamente en las vías de la ciudad.
Vigilancia de la Procuraduría
La jornada de radicación busca que la Procuraduría intensifique el seguimiento que inició el año pasado sobre la CRA. En aquel momento, el Ministerio Público advirtió que el borrador del marco tarifario se alejaba de las órdenes de amparo de la Corte. “Le estamos pidiendo a la Procuraduría que intervenga antes de que el Gobierno nacional firme estas normas por encima del trabajo de miles de familias”, enfatizó la líder gremial.
El gemio aseguró que la jornada continuará este miércoles. A pesar de las denuncias de presunto sabotaje en los puntos de radicación, donde, según advierten, se ha intentado limitar el número de documentos por ciudadano, los recicladores aseguran que mantendrán la presencia masiva en las sedes gubernamentales hasta que se garantice una mesa de concertación real y no meras consultas públicas informativas.
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Por Redacción Bogotá
