En medio de una celebración del pueblo indígena Emberá, llevada a cabo durante la mañana del sábado 23 de agosto, un joven de la comunidad indígena alojado en la UPI La Rioja perdió la vida tras recibir una herida con arma corto punzante en su abdomen.
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De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobierno, el joven falleció tras ser atacado en medio de una riña que se desató durante el festejo que el pueblo indígena efectuaba en las instalaciones en donde, actualmente, hay 519 personas, de las cuales 219 son menores de edad.
Asimismo, en medio de la fiesta de la comunidad étnica, otra joven de 17 años resultó herida en su cuero cabelludo tras ser agredida por otro miembro del pueblo indígena alojado en la UPI.
Pese a que el Distrito, en principio, le había solicitado a la comunidad no llevar a cabo el festejo por razones de seguridad y para proteger la integridad de los menores alojados en la UPI, la comunidad no acató las recomendaciones y decidió realizar el evento.
Si bien, ante la negativa de la comunidad, el Distrito desplegó un dispositivo de acompañamiento, que incluyó la ambulancia que atendió al joven fallecido, no fue posible controlar la riña que desencadenó en el trágico suceso.
Bajo esta misma línea, la Secretaría de Salud presentó el pasado viernes, de manera formal, una queja ante todos los órganos de control contra la comunidad por la obstrucción al acceso a los servicios de salud.
Esto, debido a que en anteriores oportunidades, algunos miembros de la comunidad no permitieron el ingreso de las brigadas de salud para atender a los más vulnerables de la comunidad, como los menores de edad y madres gestantes.
De igual modo, vale la pena resaltar que actualmente existe una orden judicial que ordenó al Distrito el traslado de 1.000 indígenas alojados en la UPI La Rioja a un lugar con condiciones más dignas. Y, ante dicha determinación, la Secretaría de Gobierno confirmó el predio más idóneo para el retorno era la sede del IDPAC, en el Salitre, el cual se llevará a cabo en las próximas semanas, pese a la oposición de los vecinos de este inmueble público.
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Por Redacción Bogotá
