Bogotá

28 Sep 2013 - 9:00 p. m.

La ciudad, en manos de un juez

El martes, el alcalde Gustavo Petro tendrá que presentarse ante un juez de garantías. Se le acusa de prevaricato por decretar el Plan de Ordenamiento Territorial.

Juan Camilo Maldonado - Verónica Tellez Oliveros

 Hay una alta probabilidad de que muchas personas no quieran leer esta nota. No la querrán leer, porque de entrada saben que se trata del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ese horroroso término que tantas veces nos han dicho que define el futuro de la ciudad, pero que a la larga es un denso librote de más de 500 páginas con complejísimas normas urbanas. Y no importa cuántos artículos escriban los periodistas sobre el tema: simplemente, el asunto nunca quedará claro.

Hay, sin embargo, una razón por la cual los bogotanos deberían leer este artículo: el futuro de esta ciudad, que hace tres meses estuvo en manos del Concejo de Bogotá y que, ante la resistencia de los concejales, el alcalde Gustavo Petro decidió modificar de manera unilateral, está hoy en manos de un juez de garantías del circuito de Bogotá, a quien se le pedirá la suspensión del decreto 364 de 2013. En otras palabras, en las manos de un experto en justicia penal descansa el futuro de Bogotá.
El alcalde Petro ha sido citado por el juez 43 penal de la ciudad de Bogotá, el próximo martes a las 7:30 de la mañana, para que explique por qué tomó la decisión de modificar ampliamente el POT que desde 2003 regía la forma en la que se construye esta ciudad, a sabiendas de que nueve de quince miembros de la Comisión del Plan del Concejo decidieron hundir su proyecto el 7 de junio de 2013. La audiencia se dará en el marco de una demanda por el delito de prevaricato, que interpuso el abogado Mauricio Pava Lugo en representación de asociaciones vecinales y pequeños constructores que se consideran “víctimas” del “daño colateral” que esta acción le causó “a la ciudadanía”.

La audiencia del próximo martes ilustra lo lejos que ha llegado la pelea entre Petro y sus contradictores, y lo costoso que le podría salir su “terquedad”, como él mismo la llamó cuando le dijo a este diario hace algunas semanas que su decretazo respondía a la convicción de que va “por el camino correcto, alineado menos con la opinión pública y más con el siglo XXI”.

Pero la audiencia penal, que podría conducir a que el juez de garantías suspenda el nuevo POT mientras el contencioso administrativo estudia las demandas interpuestas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), también permite comprender aún más los puntos y los actores a los que más molesta la modificación unilateral del alcalde.

En diálogo con El Espectador, Pava Lugo explicó que es el apoderado de algunas “organizaciones vecinales y grupos cívicos de barrios que han querido un modelo de ciudad donde lo residencial no se mezcle con lo comercial”. El asunto ha sido merecedor de numerosos artículos en los medios de comunicación, donde muchos bogotanos rechazan que al lado de su casa o de su barrio se establezcan bares, tiendas de barrio u otro tipo de negocios que rompen con la tranquilidad de zonas puramente residenciales.

La administración Petro, sin embargo, ha insistido en las bondades de una ciudad donde las viviendas se intercalen con otro tipo de actividades. Asegura que así se acercan las zonas laborales a las viviendas de los bogotanos y a su vez se reducen los tiempos de viaje de los más pobres, que no sólo tienen que hacer largos desplazamientos para ir a su trabajo, sino también para acceder a teatros, bancos, colegios e, incluso, hospitales.

Junto a los defensores de los barrios residenciales puros, por llamarlos de alguna manera, se encuentran los constructores. Aunque éstos están representados por Camacol, que demandó el POT ante el contencioso administrativo, Pava es la voz de un grupo pequeño de ellos que, como lo han repetido numerosas veces, consideran excesivas las nuevas “cargas” o tributos que deben pagar cada vez que hacen sus proyectos. En especial, a los constructores les molesta que el Distrito los obligue a destinar de un 20% a un 30% de sus proyectos para viviendas para los más pobres (las menos rentables del mercado).

Ahora será un juez penal quien decida sobre las bondades de estos complejos instrumentos urbanos. De considerar que en efecto el alcalde Gustavo Petro, con sólo el 30% de los votos, le impuso al resto de la ciudad un modelo dañino, podría suspender el decreto, obligando a los curadores urbanos de la ciudad a regirse de nuevo por el de 2003.

Lo lamentable de la situación es que demuestra lo deteriorado que está el debate colectivo sobre el presente y el futuro de la ciudad. Con un Concejo que decidió cerrarse a la banda —después de hundirlo en comisión, se negó a reconsiderarlo en plenaria— y con un alcalde que zanjó el debate de un solo plumazo y a la fuerza, ahora el asunto recae sobre un juez solitario, acostumbrado a crímenes de otra índole y quien por primera vez en la historia de este país decidirá desde lo penal el futuro territorial de Bogotá.

Las demandas de los gremios al POT

Los grandes gremios de la construcción y el comercio, como Fenalco y Camacol, demandaron el 10 de septiembre la nulidad del Decreto 364 con el que el alcalde Gustavo Petro modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por considerarlo ilegal.

Más allá de los argumentos jurídicos, Fenalco se opone a la norma del alcalde por cuestiones como la obligación que tendrán los nuevos centros comerciales de más de 25.000 m² de construir viviendas o la política de reducción de parqueaderos para reducir el uso del carro que plantea el POT modificado.

Camacol asegura que las nuevas cargas urbanísticas que el decreto impone a los constructores aumentarán el precio de las viviendas y perjudicarán al sector.

 

Por otra parte, el juez quinto administrativo de Bogotá, que tenía a cargo las demandas de los gremios, se declaró impedido para tramitarlas y las envió al Consejo de Estado, como lo reveló el noticiero CM&.

La “maldición” del porcentaje VIPLa “maldición” del porcentaje VIP

Es muy probable que la más fuerte pelea que exista sobre el POT sea la de los porcentajes de vivienda de interés prioritario (VIP), del 20% al 30%, que tienen que construir o pagar ahora los constructores en cada uno de sus proyectos.

Antes la norma era más laxa (podían construir vivienda de interés social, que es más rentable), así que hoy el gremio sostiene que la medida subirá tanto los costos que terminará o disparando el precio de la vivienda o espantando a los constructores de la ciudad. Esto sería grave, si se tiene en cuenta el número de empleos que provee el sector y el déficit de viviendas que tiene la ciudad (más de 130.000).

La administración asegura que la medida no debería incomodar a los constructores sino a los dueños de lotes de engorde. Según el argumento progresista, las lógicas del mercado dictan que la demanda crea la oferta y que aparecerán constructores dispuestos a asumir los porcentajes obligatorios. Quienes saldrían perdiendo son los dueños de los lotes, pues los constructores no estarían en condición de pagarlos a los precios que están hoy.

¿Quién tiene la razón? 

 

Escríbanos a jmaldonado@elespectador.com.

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