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El asesinato ocurrió en octubre de 2023 en un inquilinato del barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy. Durante la lectura de la sentencia, el juez concluyó que la Fiscalía demostró que el procesado asesinó a su compañera sentimental en un contexto de violencia física, psicológica y económica.
Según la decisión judicial, la pareja sostuvo una relación de cerca de siete meses, durante la cual Sandra Patricia fue víctima de agresiones, insultos, celos, control y despojo de dinero.
Así mismo, las cámaras de seguridad del inquilinato registraron la brutal golpiza ocurrida el 8 de octubre de 2023. En las imágenes se observa cómo Suárez obliga a Sandra Patricia a ingresar al inmueble, la persigue cuando intenta escapar, la toma del cabello, la lanza al piso y le propina múltiples patadas hasta dejarla inconsciente.
Después, arrastró su cuerpo hasta una habitación, donde permaneció varias horas sin recibir auxilio.
Solo hasta las 6:16 de la mañana del día siguiente la sacó del lugar y la trasladó en un bicitaxi a un centro asistencial. La mujer murió a causa de la gravedad de las lesiones.
El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico con hemorragia intracraneal masiva, compatible con las agresiones registradas en video.
Durante el juicio, la defensa sostuvo que Sandra Patricia padecía enfermedades previas y que su fallecimiento obedeció a causas naturales. Sin embargo, el juez descartó esa hipótesis al concluir que no existía ninguna prueba científica que desvirtuara el dictamen de Medicina Legal.
El despacho también dio por acreditados los antecedentes de violencia en la relación. Entre las pruebas valoradas estuvieron el testimonio de una amiga de la víctima, quien aseguró haber intervenido para evitar otra agresión, y la declaración de la hija de Sandra Patricia, que relató el contexto de maltrato que vivía su madre.
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Para el juez, el feminicidio fue la culminación de un patrón de dominación y sometimiento ejercido por el agresor sobre la víctima.
La sentencia también tuvo en cuenta que Sandra Patricia permaneció inconsciente durante varias horas sin recibir ayuda médica. Esa conducta, calificada por el despacho como inhumana y carente de solidaridad, llevó a incrementar la pena en 20 meses sobre el mínimo previsto para este delito.
Además de la condena a 43 años y cuatro meses de prisión, Suárez fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. El juzgado también le negó la prisión domiciliaria y cualquier beneficio para cumplir la pena por fuera de un centro carcelario.
Antes de concluir la audiencia, el juez dejó una reflexión sobre la violencia contra las mujeres:
“Es muy común que las personas piensen que soportar y luego perdonar es una muestra de compromiso y de amor. Pero cuando amamos bien, se sabe que la única respuesta sana y amorosa al abuso es alejarnos de quien nos hace daño”.
Como ninguna de las partes apeló la decisión, la sentencia quedó en firme al finalizar la audiencia y ahora será remitida a un juez de ejecución de penas para vigilar su cumplimiento.
Un problema que persiste en Bogotá
La condena se conoce en un contexto en el que Kennedy continúa entre las localidades con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, junto con Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Engativá y San Cristóbal, concentra el mayor número de valoraciones por riesgo de feminicidio en la capital.
Aunque entre enero y mayo de 2026 la Fiscalía registró siete feminicidios, tres menos que en el mismo periodo de 2025, las valoraciones por riesgo de feminicidio aumentaron de 960 a 1.574, lo que evidencia que miles de mujeres siguen enfrentando situaciones de violencia que requieren una intervención oportuna antes de que escalen a su expresión más extrema.
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Por Redacción Bogotá
