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La inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio en las oficinas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) provocó un debate masivo sobre la presunta extralimitación de funciones de la entidad de control y la supuesta vulneración de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.
Según la Superindustria, esta inspección forma parte de una investigación preliminar que desde hace un mes adelanta esa entidad, por la eventual vulneración del principio de libre competencia en que habría incurrido la EAAB.
Además, advirtió que ésta podría ser multada por un monto de $60 mil millones al negarse a entregar la información que fue solicitada. Documentación que al cierre de esta edición había sido dada “parcialmente”. Por otro lado, los funcionarios que se opusieron a la diligencia y evitaron que los miembros de la Superindustria inspeccionaran sus computadores, también tendrían que pagar, cada uno, $1.200 millones.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de la Superintendencia y de que aparentemente el trámite de inspección efectuado ayer es legal, surgen dudas sobre la pertinencia de esta investigación cuando aún no hay claridad sobre la aplicabilidad del concepto de libre competencia en la recolección de basuras en el Distrito (autoridades nacionales y distritales llevan dos semanas discutiendo el asunto en el Congreso de la República). No sólo porque ninguna de las posiciones, ni la del alcalde Petro ni la de la CRA, el Gobierno o la Superservicios, ha ganado certeza absoluta, sino también porque una investigación sobre presuntas violaciones a dicho principio por parte de la EAAB ocurre cuando aún no se ha creado ni ha entrado a operar una empresa pública de recolección de basuras y reciclaje.
Para algunos analistas, como Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía por el Polo Democrático y quien ha sido un férreo crítico del modelo de basuras que ha propuesto Petro, el superintendente Pablo Felipe Robledo “o está loco o es un ineficiente. No es posible que se preste para esto, que evidentemente es un acoso político. Que dejen al alcalde montar su sistema de recolección de basuras y luego, si resulta un desastre, que lo investiguen y lo sancionen, no ahora”.
Sin embargo, para otros analistas, como la exconcejal liberal Larissa Pizano, “la Superindustria está en su derecho de intervenir a la EAAB, así como lo ha hecho con los privados que están prestando el servicio y que hoy se sienten afectados, todo para prevenir un posible desastre”.
Por su parte, Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, cree que la Superindustria se está extralimitando y que le “resulta incomprensible que ahora se preocupe por el Acueducto, cuando es bien sabido que durante la alcaldía de Samuel Moreno, cuando se volvió un fortín de la repartición de contratos, no hizo nada”. Además, añadió que “el Gobierno está creando un ambiente desfavorable con la Alcaldía influido por una falsa concepción de que lo público es un fracaso, cuando eso depende de la administración que se le dé y, en ese afán, está violando la Constitución”.
Esas violaciones, que menciona Ávila, estarían dadas por la transgresión que sufriría la descentralización de poder, es decir, la capacidad de gobierno sobre lo local de las administraciones, en este caso la de Bogotá, con este tipo de diligencias que al parecer estarían vinculadas con factores políticos, más que jurídicos.
El debate está abierto y el pulso entre el alcalde Petro y el presidente Santos comenzará a definirse sólo cuando el mandatario nacional acepte hablar frente a frente con quien ayer respondió a lo que algunos dicen fue un desafío directo del Gobierno Nacional al poder local.