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Bajo la tempestad del dos de agosto de 2011, un grupo de 68 trabajadores despedidos de la empresa General Motors Colmotores se detuvo en frente de la embajada de Estados Unidos buscando una reparación por las enfermedades que, dijeron, sufrieron mientras trabajaban en la multinacional. Esta semana cumplieron 1.000 días de protesta, en esa misma esquina y bajo las mismas condiciones.
Armaban las carpas de campaña antes de la madrugada y las desmontaban por la noche. Esperaban la respuesta del embajador silenciosos, con carteles que rezaban “Asociación de trabajadores y extrabajadores enfermos de General Motors (Asotrecol)” y un pequeño tablero que marcaba el paso de los días.
Abandonaron a sus familias, renunciaron al dinero para sobrevivir, asumieron una vida que se limitaba al ritmo cotidiano de un andén: “Lo hicimos porque nos dimos cuenta que no era un solo caso. Empecé a preguntarle a mis compañeros ¿a usted también le duele la columna? ¿le duele cuando se para de la silla? Concluimos que era un problema epidemiológico laboral”, recuerda Jorge Alberto Parra , un trabajador de 37 años que fue despedido tres veces de la empresa.
Fueron escuchados. Expedientes de este caso existen en Fiscalía, Pocuraduría y Ministerio del Trabajo. Durante el primer año de manifestación presentaron ante el Ministerio las historias clínicas de aquellos hombres que sufrían problemas en la columna por soportar, a veces, 200 kilos de peso.
Hubo investigaciones. No una reparación, como explica Parra: “Nos hemos reunido con todo el mundo pero todo ha sido un fraude. Nuestro caso ha pasado por cuatro fiscales; ninguno ha iniciado pliego de cargos para la compañía. No hemos tenido la oportunidad de contar con jueces imparciales. Lo único es que a raíz de esta lucha se fueron desde el presidente hasta la enfermera de General Motors”.
Mientras vivían en la calle, sobreviviendo gracias a las donaciones de los vecinos del barrio Quinta Paredes, asistían a la Fiscalía y denunciaban ante organismos internacionales cada uno de los casos médicos. Pero fueron pocos los que soportaron la soledad en medio la protesta: “Les hacía mucha falta la familia, algunos sentían que ya la estaban perdiendo. Un día, sentados aquí en frente de la embajada, un compañero se atacó a llorar y salió corriendo. No volvimos a saber de él”, cuenta Carlos Trujillo, un trabajador en latonería que perdió la fuerza en los hombros.
En agosto de 2012, un año después del primer plantón, solamente quedaron 12 trabajadores. No llegaban las respuestas, y por el desespero se cosieron la boca y entraron en huelga de hambre por 22 días: “fue muy doloroso para nuestras familias. Para nosotros era una locura, pero por primera vez nos visitaron abogados internacionales de General Motors. Vinieron personas de Asia, Brasil y Estados Unidos para servir como intermediarios”, dice Parra.
La solidaridad que ellos alcanzaron a percibir en los mediadores no compensó los 22 días de hambre. Jorge Alberto Parra asumió como vocero: “la oferta de General Motors la tomamos como un insulto. Quería que nos convirtiéramos en micro empresarios después de hacer una capacitación. Para las 12 familias nos ofrecieron $10 millones. Nosotros exigimos el reintegro a nuestros puestos de trabajo, entrenamiento técnico y el pago de los salarios dejados de recibir desde los despidos hasta el reintegro”.
El mismo Parra viajó a Estados Unidos en septiembre de 2012. El caso fue conocido por el sindicato de General Motors en ese país y fue escuchado por el senador Sandy Levin. En Detroit se cosió la boca, esta vez por 60 días. Regresó en marzo de 2013 como un líder sindical reconocido en otros países, pero sin una respuesta para los 12 compañeros que lo esperaban en frente de la embajada.
General Motors, empresa que sufrió una crisis que la dejó al borde de la bancarrota en 2008, ha sido enfática en que “nunca se ha despedido a los trabajadores en razón de su estado de salud” y en que ha “promovido la solución por medio del diálogo y bajo el cumplimiento del marco legal colombiano. Tanto así, que la empresa facilitó una agencia internacional para la medicación”. Será la Fiscalía o el Ministerio del Trabajo quienes resuelvan el conflicto.
Hoy son solamente ocho trabajadores que resisten en frente de la embajada: Rafael Ángel Jiménez, Juan Carlos Gaviria, Ferney Rodríguez, Pedro Pablo Rincón, Jorge Alberto Parra, Manuel Ospina Contreras, Carlos Trujillo y Wilson Fabio Blandón. “Nos levantamos temprano y nos turnamos para ir a los baños de la Universidad Nacional. Allá nos bañamos, nos afeitamos, y vamos al baño. Unos se quedan aquí arreglando la carpa, tendiendo la cama y lavando la losa. Nosotros llegamos a hacer el desayuno y ellos van a los baños”, explica Manuel Ospina, quien ve las carpas unidas y cubiertas de plástico como una casa de verdad.
El lugar en donde viven fue construido con la madera desperdiciada que encontraron en las calles de la zona industrial. Son dos carpas (ellos le dicen apartamento 101 y 102) unidas con palos, tapetes y una estufa en la entrada. Los ocho trabajadores duermen cinco días de la semana en un espacio de 10 metros de largo por tres de ancho. Se turnan los días para visitar a sus familias.
En el último mes han ido perdiendo sus casas; hace 15 días fue embargada la de Carlos Trujillo. “Lo que hemos hecho es una completa locura”, susurró mientras cocinaba carne y acelgas que los vecinos habían donado. Aunque cada uno de ellos tiene hijos, prefieren no mencionarlos; evadir el pasado antes de derrumbarse por los recuerdos. Al preguntarle a Jorge Alberto Parra por su hogar responde: “mi casa y mi familia son estos plásticos”.
No es sólo la nostalgia que los atrapa por momentos. Ninguno de ellos ha podido continuar con los tratamientos médicos: Parra necesita una cirugía lumbar; Manuel Ospina no se ha recuperado de las dos fracturas de rodilla y Carlos Trujillo necesita otra operación para recuperar la fuerza que perdió en los hombros.
¿Qué han ganado después de 1.000 días de protesta? “Hemos perdido todo lo que tenemos: salud, casa, familia, quietud. Hemos ganado que a nuestros compañeros de General Motors no los despidan por sus enfermedades; ahora reciben tratamientos médicos; cambiaron a la EPS y crearon un nuevo sindicato”, sostiene Ospina. Lo interrumpe un compañero: “ Pero a veces sentimos que nos convertimos en parte del paisaje de la ciudad, la gente pasa, nos ve, y todo sigue igual”.