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Los agentes del Esmad llegaron al CAI del barrio La Paz a las 5:00 de la mañana de este viernes y acordonaron la colina al pie del cerro Monserrate, donde hace meses se asentaron de manera ilegal casi 100 familias, de las cuales 36 son víctimas del conflicto y el resto, personas sin hogar. Según los residentes de la zona, aunque pidieron la presencia de la Personería para garantizar sus derechos durante la intervención, los agentes irrumpieron entre los matorrales, supuestamente lanzando gases lacrimógenos y balas de goma para desalojarlos y tumbar sus ranchos, en cumplimiento de una orden de la Alcaldía local de Santa Fe. “Les dimos cinco días para irse y han pasado diez”, señaló la entidad.
Mientras los desalojados —ancianos, niños y mujeres embarazadas— se apostaron al borde de la avenida Cincunvalar a esperar una respuesta de la Alcaldía, unos esposos entraban y salían sacando sus trastos. Una y otra vez. Se trata de Elkin Castañeda, de 46 años, y Érika Ramírez, de 44, una pareja curtida en la calle por décadas, que hizo parte del programa de rehabilitación del Distrito.
Su historia se hizo popular en la ciudad en junio de 2015, cuando la Secretaría de Integración Social organizó su matrimonio —los vestidos, la fiesta, el ponqué— en la finca Las Gemelas, de La Mesa (Cundinamarca), donde funciona el centro de atención para personas que perdieron su autonomía por enfermedades físicas y mentales.
Su amor nació mientras ambos se encontraban en el tratamiento de rehabilitación en el Centro Humanidad del Distrito (calle 18 con carrera 13), que duró siete meses. Cuando tomaron la decisión de casarse, empezaron a trabajar limpiando canales en la ciudad. “Ahorran sus salarios y proyectan comprar en el futuro una casa lote”, decía una nota de prensa que publicó la entidad. "Cambié mi look, me corté el pelo a ras y a los dos meses, me veía gorda y bonita y, por último dije: tengo una nueva oportunidad. Allí vi por primera vez a Elkin”, contaba Ramírez en el artículo.
Después de la boda, anunciada con bombos y platillos por esa entidad, y de terminar su ciclo en el centro de atención, quedaron a su suerte. Para no volver a dormir bajo los puentes, decidieron asentarse en el cerro de Monserrate. Allí llevaban cinco meses.
Mientras la Policía tumbaba los cambuches, Castañeda —rostro bañado en sudor, zapatos enlodados— cargaba al hombro sus pertenencias: televisor, estufa, ollas. A la entrada de los cambuches, donde los agentes impedían el ingreso, lo esperaba su esposa. Ella, con el rechinar de las motosierras de fondo, musitaba: “Se me quedó Franchesca, la gata que estaba pariendo. No la pude sacar porque están tumbando la casa”. Lo repetía con un hilo de voz mientras sostenía una gata en una mano y, de la otra, un gallo.
La mujer lamentaba otra cosa: ayer jueves había inaugurado en su cambuche una tienda de abarrotes, la salida que encontraron para sacarla a ella de fabricar cojines ocasionalmente y a él del reciclaje. Junto a los costales que su esposo logró sacar, estaba apilado el surtido: paquetes de arroz, pasta, gaseosa, salchichón. La mujer, que hace un momento reclamaba supuestos abusos de autoridad, ahora vendía comida a quienes los desalojaron. “Si no tenemos plata, ¿para dónde cogemos?”
Mientras la mujer se las arreglaba para no dejar escapar la gata y entregaba la comida a los clientes, decía: “¿Sabe qué es lo más doloroso? A los guerrilleros les darán trabajo y nosotros no tenemos a dónde ir. Por donde uno mete la cabeza le va mal”.
Según el Distrito, las propiedades que se quedaron al interior de ese cambuche —un armario, un colchón, la cama— y del resto de desalojados fueron trasladadas a la bodega de la alcaldía local de Santa Fe. Los que tuvieron que dejar la invasión tienen 10 días para reclamar sus cosas.