7 Nov 2014 - 10:26 p. m.

La pareja que terminó "echada y endeudada" por el parqueadero para sus bicicletas

La administración del edificio al que se mudaron les prohibió parquear sus seis bicicletas y el lío va en una batalla legal.

Redacción Bogotá

"¿Cómo es posible que promocionen el uso de la bicicleta en la ciudad, pero al llegar a cualquier lugar en ningún parqueadero me la reciben (cuando deberían hacerlo por norma). Ahora, llego a mi casa y tampoco la puedo guardar?" Con este reclamo comienza la historia de una pareja de bogotanos a la que conseguir un apartamento con un parqueadero para dejar sus seis bicicletas se le volvió todo un desafío.

Se trata de Carlos Galkiewicz y Matilde Cárdenas, quienes optaron por usar este vehículo como medio de transporte y promover su uso a través de un colectivo llamado “La Gran Rodada”. Ellos, a través de una carta que le enviaron a El Espectador y a Vice Colombia (medio aliado), contaron como empezó esta historia que hoy los tiene “echados y endeudados por sus bicicletas”.

Para tener donde guardar sus ciclas buscaron un apartamento con parqueadero privado. Luego de firmar el contrato de arrendamiento e incluso de recibir una felicitación de la inmobiliaria por promover el uso de la bicicleta, se trastearon y dejaron sus bicicletas en el estacionamiento que les asignaron. Sin embargo, ese mismo día comenzaron los problemas: “la administradora del Edificio Salento (en el barrio Galerías) nos notificó que estaba prohibido dejar bicicletas en nuestro propio estacionamiento”, contaron Matilde y Carlos.

La indignación de la pareja ante una orden ilógica los llevó a escribirle en varias oportunidades a la inmobiliaria y a la administración para defender su derecho a usar el parqueadero privado para dejar sus seis bicis. A pesar de esto, según su versión, la administración nunca les respondió y sencillamente les impuso una multa de $57.500 por cada mes que desacataran la orden de quitar sus vehículos. La sanción la justificaron con un acta de junta en la que se prohibió el uso de los garajes para guardar bicicletas. Carlos y Matilde aseguran que en el manual de convivencia del edifico Salento no está esa norma.

La historia que terminó en una batalla jurídica

El lío de Carlos y Matilde siguió creciendo. Tras varios meses, la multa ascendió a $345.000. Así que la dueña del apartamento, preocupada por la situación, le pidió a la inmobiliaria terminar el contrato de arrendamiento. La pareja pidió una reunión para que la propietaria y la inmobiliaria escucharan su versión. “Allí concluimos que la norma no tenía lógica ni fundamento jurídico. Incluso, la dueña se comprometió a no pedirnos la restitución del apartamento y a apoyarnos en cualquier proceso jurídico que decidiéramos emprender”, relatan los afectados.

Para hacer valer su derecho, esta pareja llamó a la Personería y a la Defensoría, pero la respuesta que recibieron fue que era un caso que no les competía. También interpuso una tutela por la violación al derecho del libre desarrollo de la personalidad y el derecho al debido proceso, “pues no solamente elegimos la bicicleta como medio de transporte sino como todo un estilo de vida”. Lamentablemente, en primera instancia, la justicia declaró improcedente el recurso. Ellos impugnaron la decisión el pasado 2 de octubre y aún no han recibido respuesta, debido al paro de la rama judicial.

¿En realidad la administración de un edificio puede prohibir a sus residentes que parqueen bicicletas en su estacionamiento en vez de un carro o una moto? Óscar Borrero, experto inmobiliario y expresidente de Fedelonjas, explicó que según la Ley 675 sobre propiedad horizontal, señala que en los parqueaderos privados el residente puede ubicar el vehículo que quiera, siempre y cuando no cause perjuicios a los demás. Es decir, que no tome el espacio de otro vecino o dañe su vehículo, por ejemplo.

“El parqueadero se puede usar para parquear un vehículo o para lo que necesite. Así que uno podría guardar un trasteo si quiere. Lo único que debe tener en cuenta es que no le dé un uso que cause perjuicios. Si el reglamento del edificio prohíbe guardar las bicicletas eso es ilegal, porque la Ley está por encima de estas normas”, resalta Borrero.

Agrega que en este caso la administración del edificio estaría en contravía del espíritu de la ley y de las políticas para desestimular el uso del vehículo, tanto del gobierno nacional como del Distrito. “En muchas edificios de vivienda están permitiendo que el parqueaderos de visitantes, tradicionalmente usados por los carros, se transformen en parqueaderos de bicicletas”.

Según Borrero, ellos podrían demandar a la administración e incluso pedir reparación por daños y perjuicios. Él dice que la opción en un caso como este sería que la junta administradora resolviera el caso y si su respuesta sigue siendo negativa, la pareja podrían elevar una queja ante la Alcaldía Local.

Por ahora, lo único cierto, después de tantas complicaciones, cartas, derechos de petición a 14 entidades distritales y el desgaste en esta discusión, es que Carlos y Matilde tendrán que dejar el apartamento. A pesar del apoyo inicial, la inmobiliaria finalmente les pidió que desocuparan. Como si fuera poco, les pidió que pagaran el pago acumulado de multas que supera los $500.000.

Su historia, por ahora, demuestra que en Bogotá no está claro quien protege a los ciudadanos frente a decisiones absurdas de las administraciones de los conjuntos residenciales como la de no dejar parquear bicicletas en estacionamientos para carros. Por eso, es necesario abrir el debate, justo ahora que aumenta la promoción del uso de la bicicleta, no solo en Bogotá, sino en el mundo.
 

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