El centro de estética ilegal Beauty Laser, al que cientos de mujeres ingresaron en los últimos meses con la ilusión de cambiar su figura, es hoy la escena de un crimen. Las flores y velas en la puerta, al pie del letrero “sellado”, son el reflejo de una cruda realidad: la limitada vigilancia, un Congreso que ha hecho caso omiso a la necesidad de una mayor regulación y una sociedad que exige estándares de belleza difíciles de cumplir han permitido la proliferación de establecimientos ilegales, pero ya no clandestinos.
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La víctima más reciente (pero, seguro, no la última) fue Yulixa Consuelo Toloza Rivera, de 52 años, quien fue una de esas mujeres que ingresó ilusionada a Beauty Laser. La diferencia es que hoy su madre Nubia espera el cuerpo en Arauca para darle el último adiós. De oficio estilista y recordada como una tía amorosa, no solo murió por la praxis de un barbero que se creyó cirujano plástico, sino también por la crueldad de unos delincuentes que, antes de huir, en vez de llevarla a un hospital, prefirieron dejarla en una zona boscosa de Apulo (Cundinamarca), a 100 kilómetros de su hogar, a que terminara de morir.
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Lo que mitiga en algo esta tragedia es que los presuntos responsables están tras las rejas. A María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento; su esposo Edison José Torres, administrador y el barbero Eduardo Ramos, los capturaron en Venezuela. A Jesús Hernández y Kelvis Sequera, señalados de querer ocultar el carro en el que transportaron a Yulixa la noche de su desaparición, los atraparon en Los Patios (Norte de Santander).
Riesgo permanente
Así como Beauty Laser, el riesgo que representan los centros de estética ilegales ronda por toda la ciudad. Según la Secretaría de Gobierno, entre 2024 y 2026 las alcaldías locales inspeccionaron 420 centros estéticos, multaron 74 y suspendieron 81. Por su parte, la Secretaría de Salud en los últimos dos años clausuró 397 sitios ilegales, ubicados en su mayoría en Tunjuelito, Kennedy y Bosa. De estos, 155 eran salones de belleza o centros de estética, y 78 no tenían permisos para realizar intervenciones invasivas.
Aunque muchas “clínicas” operan tras fachadas como centros de depilación o consultorios odontológicos, salones de belleza, spa o apartamentos, otros perdieron el miedo y operan a la vista de clientes y autoridades, ofreciendo procedimientos que no tienen permiso de practicar. Así es la radiografía de esta problemática de salud pública.
Bogotá, líder en cirugías ilegales
Los últimos informes consolidados sobre el panorama de la cirugía estética y sus riesgos en Colombia datan de 2024, los cuales muestran una clara realidad: pese a que el país es referente mundial en cirugías estéticas, con un mercado en crecimiento, detrás se esconde una realidad paralela de clandestinidad y riesgo para los pacientes. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), entre 2023 y 2024 los procedimientos estéticos aumentaron casi 10 %, al pasar de 450 mil a 491 mil. Es decir, en el país se realizan, en promedio, 1.345 intervenciones diarias.
Hoy, el reconocimiento y prestigio de los 960 cirujanos plásticos certificados en el país ha convertido a Colombia en el tercer destino en el mundo para pacientes extranjeros. De hecho, uno de cada tres pacientes (30 %) atendidos en el territorio nacional proviene del exterior, en especial de Estados Unidos, España y Canadá. Los procedimientos más frecuentes son la liposucción (41.280 casos), el aumento de senos (33.984), cirugía de párpados (28.032), aumento de glúteos (27.360) y abdominoplastia (21.984).
No obstante, así como crecen los procedimientos lo hacen los riesgos, como lo ratifica el Instituto Nacional de Salud (INS) en su informe “Lesiones de causa externa ocasionadas por accidente en procedimientos estéticos”. En él se muestra una cara oscura: en 2024 se confirmaron 599 complicaciones, lo que representó un aumento del 61 % en las lesiones de causa externa por procedimientos estéticos en comparación con 2023. La tasa de incidencia nacional se situó en 1,07 por cada 100.000 habitantes, pero regiones como Antioquia (3,62), Caldas (1,7) y Bogotá (1,69) superan con creces este promedio.
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A esto se suma un desenlace más trágico: la muerte. En 2024 se notificaron 33 fallecimientos vinculados a procedimientos estéticos a nivel nacional, cifra en la que Bogotá registró uno de los mayores aportes con siete muertes, detrás de Medellín, con 11. Según el estudio, las principales causas clínicas de estas muertes fueron paro cardíaco, choque hipovolémico y tromboembolia pulmonar.
El 42 % en centros estéticos
La problemática se agrava por tres factores críticos, identificados en los informes de Medicina Legal y el INS, empezando por la idoneidad del personal. Si bien el 59,9 % de los reportes involucra a cirujanos certificados, se evidenció un preocupante aumento de lesiones causadas por esteticistas y cosmetólogos, que realizan procedimientos invasivos para los que no están facultados. Otro de los factores es el uso ilegal de sustancias modelantes (biopolímeros) que, a pesar de estar prohibidas, algunos aplican a los pacientes, engañándolos y diciéndoles que es “ácido hialurónico”. Una investigación puntual de Medicina Legal en Cali mostró que estas sustancias causan deformidades físicas permanentes y síndromes de autoinmunidad (ASIA) en el 41,6 % de los casos estudiados.
Finalmente, está la preocupación por la proliferación de sitios ilegales y la clandestinidad. El 42 % de los incidentes ocurrieron en “centros de estética” y un 8,7 % en “spa”, lugares que muchas veces carecen de habilitación sanitaria o Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) para responder de manera apropiada a una emergencia, como ocurrió con el caso de Yulixa.
El INS detalló factores que alimentan la crisis, entre ellos la baja percepción del riesgo de los pacientes, que suelen buscar servicios económicos en lugares que no garantizan calidad ni experticia técnica, poniendo en riesgo su vida. A esto se suma el aumento de la demanda de cirugías estéticas tras las restricciones del COVID-19, y finalmente vacíos en el control, debilidad en el seguimiento sanitario de los establecimientos y en la regulación de quiénes pueden realizar ciertos procedimientos.
¿Quién vigila?
El centro de estética ilegal Beauty Laser M.D, donde Yulixa Toloza pagó COP 3,6 millones para moldear su figura, no se escondía en un garaje o apartamento. A pesar de estar registrada como una simple peluquería, operaba en plena Autopista Sur, promocionando en su fachada y en redes sociales las intervenciones invasivas. En su perfil de Facebook difundían promociones e imágenes del antes y después de algunas pacientes. Cinco meses duró operando, y desde la Alcaldía Local de Tunjuelito o la Secretaría de Salud no hubo inspección, ni vigilancia ni control.
Gerson Bermont, secretario de Salud, reconoció que se deben intensificar los operativos junto a la Policía y las alcaldías locales. Recordó que, hasta no verificar un establecimiento, se presume ilegal. Ante este caso, agregó que ordenó duplicar los equipos de vigilancia de centros de estética en la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los canales de denuncia.
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“Aquí estamos jugando al gato y al ratón. Por ejemplo, se visitó esta semana un establecimiento que había sido sellado y encontramos que había sido violentado el sello y estaban trabajando. Aquí las sanciones son de hasta 10 salarios mínimos, lo que es absurdo frente al negocio que manejan. Por eso se necesita una ley más robusta, que garantice que esa persona que incurrió en esa ilegalidad esté sancionada comercialmente con su documento de identidad porque simplemente lo que hacen es cambiar de razón social”, comentó. Desde la muerte de Yulixa, nueve centros de estética fueron sellados por las alcaldías de Kennedy y Bosa, y dos más por la secretaría en Chapinero y Usaquén.
La periodista Lorena Beltrán fue víctima de malpraxis del médico Francisco Sales Puccini (condenado a siete años de prisión). Hoy es promotora de #CirugíaSeguraYa, etiqueta a través de la cual ha intentado impulsar un proyecto de ley en el Congreso para regular las cirugías y procedimientos estéticos, exigiendo profesionales idóneos, centros habilitados y prohibiendo la publicidad engañosa. No obstante, la iniciativa se ha caído cinco veces. “No puede ser posible que en Colombia no tengamos una ley que nos proteja. Que impida que esteticistas o médicos generales que hacen cursos cortos dejen víctimas y mujeres que tienen que cargar con lesiones en su cuerpo de por vida”, reclamó Beltrán.
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Al parecer, en la próxima legislatura arrancará un nuevo intento, como lo indicó la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quien se comprometió a ser de nuevo ponente de este proyecto de Ley. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica reiteró su disposición para seguir apoyando y trabajando en esta iniciativa. “Ojalá el caso de Yulixa sirva para que el Congreso saque adelante esta regulación”, comentaron a este diario.
De momento, la Supersalud requirió al Distrito para recibir información sobre las acciones adelantadas. Informaron, además, que liderarán una mesa técnica nacional “para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y definir acciones articuladas de protección a la ciudadanía”. Por su parte, el INS destacó que vienen fortaleciendo su protocolo de notificación para que clínicas y hospitales reporten a tiempo cualquier tipo de complicación producto de un procedimiento estético. Sin embargo, es claro que persiste un subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por el estigma o porque el daño no es inmediatamente fatal.
La violencia estética
La demanda de procedimientos estéticos también responde a una necesidad masiva por alcanzar imposibles estándares de belleza, peso que recae más en las mujeres, como lo confirma el INS, al señalar que las principales víctimas de lesiones por este tipo de procedimientos son mujeres (93 %), la mayoría entre los 18 y 34 años. En el 52 % de los casos, las lesiones ocurrieron durante procedimientos quirúrgicos como la lipectomía, lipoescultura o liposucción.
En diálogo con El Espectador, Esther Pineda G, doctora en Ciencias Sociales y autora del libro “Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer”, señaló que casos como el de Yulixa no son producto de un simple capricho por transformar la propia imagen, sino el resultado de la presión social sobre su imagen y su cuerpo. “Le puede pasar a cualquier mujer, porque todas, al estar expuestas a la violencia estética, son susceptibles de desear “ser bellas”. Por eso, este caso nos debe llevar no solo a revisar y transformar las representaciones mediáticas de las mujeres, sino a fortalecer las regulaciones”.
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Mientras los expertos recomiendan verificar el cirujano en el ReTHUS (Registro de Talento Humano en Salud), y en Bogotá con la Secretaría de Salud si los centros están habilitados, cada persona puede hacer algo adicional: sospechar de recomendaciones de “influencers” o amigos; o de promociones que apuntan a procedimientos “mínimamente invasivos” y económicos, como formas de autocuidado. Porque hoy fue Yulixa, pero también lo fueron Laura Sofía Amaya y Mayerly Díaz, víctimas de falsos cirujanos, quienes se siguen aprovechando de la falta de control y normas contundentes.
Colombia, un país donde se realizan más de mil intervenciones diarias, donde las principales afectadas por lesiones son mujeres y el 42 % de los incidentes ocurren en “centros de estética”, necesita que se actúe ya y no esperar a cuando la tragedia toque a la puerta de otra familia.
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Por Alexánder Marín Correa
Por María Angélica García Puerto
