Lo que las autoridades encontraron en una finca, en límites entre Bogotá y La Calera —un cuadrilátero improvisado, perros heridos y una red de participantes internacionales— dejó más preguntas que respuestas. Aunque la Fiscalía lo describe como un caso sin precedentes, los detalles del operativo, organizado en menos de 24 horas, apuntan a una práctica que podría estar más extendida de lo que muestran las cifras oficiales.
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Detrás del hallazgo hay indicios de un circuito clandestino que sigue operando en la región, entre apuestas ilegales, robo de animales y vacíos en el control institucional.
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¿Convención internacional de peleas de perros?
En el cartel que promocionaba el evento, con combates entre machos y hembras, figuran como organizadores los nombres “The Factory Kennels” y “Team Psicópata Gamedogs”, quienes serían los encargados de la logística. Estos nombres, según las primeras hipótesis, corresponderían a redes internacionales que organizarían eventos de este calibre de forma anual.
En la pieza publicitaria también aparecen banderas de Ecuador, Colombia, República Dominicana, México, Estados Unidos, Venezuela y Brasil.
Las pistas que llevaron a las capturas
El Espectador conoció que la investigación comenzó el viernes 13 de marzo, con una información que, en principio, parecía difícil de creer: una fuente le informó a la Fiscalía sobre una supuesta “convención internacional” de peleas de perros con participantes de varios países y logística suficiente para movilizar animales y espectadores.
El testigo señaló incluso que el año pasado se había realizado un evento similar y que por eso denunciaba. A partir de ese dato, que en un momento solo generó incredulidad, se movilizaron unidades del grupo GELMA de la Fiscalía y de la SIJIN de la Dirección de Carabineros, para rastrear el caso.
Lo que siguió fue un operativo a contrarreloj. El sábado 14, día del evento, unidades de la Policía hicieron seguimientos a varios de los asistentes, que se movían por distintos puntos de Bogotá antes de salir hacia la zona limítrofe con La Calera, cerca del barrio El Codito, en la localidad de Usaquén.
En varios momentos se perdió el rastro de los vehículos, que cambiaban de ruta de forma errática, dinámica que, advierte la Fiscalía, evidencia experiencia en movimientos clandestinos y evasión de controles.
Solo hasta el mediodía, con apoyo de drones y tras retomar la pista, las autoridades ubicaron el predio. “Con las coordenadas claras logramos obtener la orden de allanamiento necesaria y procedimos”, señaló una fuente de la Fiscalía. Allí, en medio de bebidas, comida y decenas de personas, encontraron un cuadrilátero de madera cercado, con rastros de sangre, donde se realizaban los enfrentamientos.
“La información que tenemos es que, al parecer, conforman equipos de caninos provenientes de varios países para enfrentarse. Se organiza a la manera de un campeonato deportivo cualquiera”, advierte la Fiscalía.
En el lugar capturaron a 13 personas, nueve extranjeras y cuatro colombianas. Sin embargo, varios de los involucrados lograron escapar. Durante la operación se recuperaron 12 perros, varios en condiciones críticas. Otros dos ya habían muerto.
Entre los detenidos estaban Juan Esteban León Jiménez, señalado organizador del evento, y Carlos Cifuentes Hernández, un médico veterinario que, según las autoridades, haría parte de la logística posterior a las peleas y cuya función sería “terminar con la vida de los animales que salían en estado crítico después de los enfrentamientos”, señala la Fiscalía.
Aunque aún no se ha establecido con precisión la dimensión económica del evento, el ente acusador sostiene que existen indicios de apuestas ilegales y de una estructura que operaba mediante convocatorias en redes cerradas.
Más allá del operativo, el propio ente investigador reconoce límites. La información disponible se construyó en cuestión de horas y aún hay vacíos sobre la organización, los flujos de dinero y la posible recurrencia de estos eventos. “Hay muchas cosas que todavía no hemos logrado establecer”, admitió la fuente consultada.
Con las reservas propias de una investigación en curso, una de las líneas que sigue la Fiscalía sitúa a un perro procedente de Ecuador —que habría ingresado al país a través del aeropuerto El Dorado— como una posible ficha clave para reconstruir la red detrás del evento.
Los investigadores buscan establecer si se cumplieron los requisitos sanitarios y administrativos exigidos para su ingreso o si hubo irregularidades, especialmente por tratarse de un ejemplar que podría estar catalogado como de manejo especial, lo que implica controles más estrictos.
Más allá de su participación en las peleas, el rastro documental del animal —permisos, transporte y responsables— podría ofrecer pistas sobre los circuitos de traslado, los contactos internacionales y la logística que permitió la realización del evento.
En estos entornos, las peleas de perros no siempre operan de forma aislada. Según organizaciones animalistas y autoridades, pueden coexistir con otras prácticas ilegales de entretenimiento con animales, como las peleas de gallos, normalizadas en amplios sectores de la sociedad.
Aunque estas últimas han tenido mayor tolerancia social e incluso marcos de regulación en ciertos contextos, esa misma infraestructura —espacios cerrados, lógica de apuestas y redes de asistentes— puede facilitar escenarios más ocultos, donde el nivel de violencia es aún mayor.
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Entre las sombras: un delito que podría ser más recurrente de lo que se piensa
Si bien el caso descubierto en La Calera fue presentado por las autoridades como un hecho sin precedentes en Colombia, particularmente por su carácter internacional, la realidad, según organizaciones de protección animal, advierten que las peleas de perros no son nuevas en Bogotá y su área metropolitana. Lo que sí podría marcar una diferencia es el nivel de organización y logística descubierto en La Calera.
Para Julio César Piedra, director del grupo SARA, uno de los referentes en la defensa de los derechos de los animales en el país, el principal problema no es solo la existencia de estas prácticas, sino su baja visibilidad.
“Este tipo de actividades rara vez deja rastro institucional. No siempre hay denuncias, ni rescates, ni reportes formales. Eso hace que muchos casos pasen completamente desapercibidos”, explica.
Esa falta de registro contrasta con los indicios que, según el activista, han recogido durante años en territorio. Piedra menciona antecedentes en localidades del sur de Bogotá como Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa y San Cristóbal, así como en zonas periféricas del norte, donde se han detectado dinámicas asociadas a peleas clandestinas, aunque sin la escala del caso de La Calera.
En estos contextos no se trata de eventos estructurados, sino de encuentros más precarios y difíciles de documentar: peleas en bodegas, patios o espacios cerrados, generalmente rurales, con apuestas de menor escala y sin mayor organización visible.
Sin embargo, incluso esas modalidades comparten elementos con redes más complejas. Uno de ellos es el uso de perros como “carnada”, una práctica que implica el sacrificio sistemático de animales más pequeños o indefensos, para entrenar a los ejemplares destinados a pelear.
Los perros que no pelean: el eslabón más invisible
Entre los hallazgos del operativo en La Calera, uno de los elementos que más llamó la atención no fue solo la existencia del cuadrilátero o la participación de perros entrenados, sino la presencia de animales que no estaban destinados a competir y que evidencian la crueldad con la que operan estas redes
De los 12 caninos recuperados, al menos cuatro habrían sido utilizados como “carnada”, según la Fiscalía: animales empleados para provocar y entrenar la agresividad de otros, generalmente en condiciones de total indefensión.
La escena refuerza una práctica que rara vez queda documentada, pero que organizaciones animalistas han advertido desde hace años: detrás de cada pelea no solo hay dos animales enfrentados, sino una cadena previa de violencia, que incluye a otros que no sobreviven o que ni siquiera son registrados.
“Son perros que estas redes consiguen de manera estratégica para que no logren herir al perro que les va a atacar. Los usan para que el otro se active, para que desarrolle agresividad y una relación con la sangre”, explica Piedra.
En muchos casos, añade, estos animales provienen de la calle o son robados. Animales que desaparecen sin dejar rastro, por los que nadie pregunta y que terminan en circuitos ilegales donde son sometidos a violencia hasta morir.
A diferencia de los perros que participan en las peleas principales, que pueden recibir algún tipo de cuidado para prolongar su rendimiento, los utilizados como carnada suelen quedar por fuera de cualquier intento de recuperación, dado los constantes ataques y el nulo interés de quienes los explotan, para que se recuperen.
Aunque las autoridades aún no han establecido el origen de los animales encontrados en La Calera, sí reconocen que esta práctica hace parte de las dinámicas asociadas a estos eventos. El estado de salud de varios de los perros recuperados —con lesiones visibles y signos de maltrato prolongado— apunta a un uso reiterado.
Esta condición los convierte en el eslabón más invisible de la cadena: no hay registros, dolientes, seguimiento ni denuncias que permitan rastrear su destino.
Apuestas, premios y una economía clandestina
Aunque la información sigue en verificación, la Fiscalía identificó indicios de que detrás de las peleas habría un sistema de apuestas y posibles bolsas de premios. El Espectador confirmó que los montos podrían alcanzar hasta los 2.000 dólares por combate, una cifra que da pistas de la dimensión económica de estos eventos.
A esto se suma el costo de ingreso para los asistentes. De acuerdo con la investigación, debían pagar entre COP 200.000 y COP 300.000, en convocatorias realizadas a través de grupos cerrados y redes sociales.
Aunque el esquema aún es fragmentario, los indicios apuntan a algo más que apuestas informales. Se trataría de eventos con niveles de organización que incluyen convocatoria, logística de transporte, participación internacional y premios para los ganadores.
En el lugar, además, las autoridades encontraron elementos como collares destinados a identificar a los perros vencedores, en lo que parece ser una forma de reconocimiento dentro de estos circuitos.
La reconstrucción del flujo de dinero (quién paga, quién recibe y cómo se distribuyen las ganancias) dependerá ahora del análisis de los celulares incautados y otros elementos de prueba.
Para organizaciones animalistas, la existencia de incentivos económicos es uno de los factores que explica la persistencia de estas prácticas. “Donde hay apuestas, hay una motivación para que esto continúe. No es solo violencia, hay un negocio detrás”, señala Piedra.
Responsabilidad penal: entre lo que dice la ley y lo que puede ocurrir en la práctica
Desde el punto de vista jurídico, los implicados en el caso de La Calera fueron imputados por los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaban gravemente la integridad de los animales, ambas conductas agravadas. Según la Fiscalía, la pena por muerte animal parte de 32 meses de prisión y, con agravantes, puede ubicarse entre 48 y 98 meses, con una pena máxima que se acerca a los ocho años.
En el caso de las lesiones, la sanción arranca en 20 meses y, con agravantes, desde los 30 meses. La condena final dependerá de la valoración de un juez. Sin embargo, esa proyección contrasta con la lectura que hacen algunos sectores del Congreso.
Para la senadora Esmeralda Hernández, el marco penal vigente tiene un alcance limitado en la práctica. Aunque reconoce que las conductas están tipificadas, advierte que las penas siguen siendo excarcelables y pueden reducirse significativamente por mecanismos como la aceptación de cargos, lo que en este caso ya ocurrió con todos los capturados. “Por más que les impongan la pena más alta, no van a tener cárcel”, sostiene.
En ese escenario, los procesados podrían enfrentar el proceso en libertad y, en el peor de los casos, recibir condenas no privativas. La diferencia entre el alcance teórico de las sanciones y su aplicación real abre un debate sobre la efectividad del sistema para castigar este tipo de delitos.
Más allá de los detalles del operativo —las capturas, los animales rescatados y las primeras imputaciones—, el caso de La Calera deja al descubierto una estructura que no se agota en un solo evento. Las apuestas, el uso sistemático de animales como carnada, la posible circulación internacional de perros y los vacíos en la aplicación de la ley configuran un escenario donde la crueldad se entrelaza con economías clandestinas difíciles de rastrear.
Mientras la investigación avanza y las autoridades intentan reconstruir la red, persiste una pregunta de fondo: si un caso de esta magnitud logró operar casi en la sombra, ¿cuántos otros, menos visibles y más precarios, siguen ocurriendo sin dejar rastro?
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