4 Oct 2020 - 2:00 a. m.

La utopía de regular la protesta social

Ante la solicitud del Tribunal de Cundinamarca y la Corte Suprema de garantizar las manifestaciones en el país, se pone de nuevo sobre la mesa la regulación de la protesta, un tema tan controversial como difícil de ajustar con las convenciones y los derechos de los manifestantes.
Mónica Rivera Rueda

Mónica Rivera Rueda

Periodista Bogotá
Protestas 13 de septiembre
Protestas 13 de septiembre

Regular la protesta social es un tema recurrente cada vez que el vandalismo y el abuso policial aparecen en las calles, centrando el debate en la necesidad de ponerles condiciones a las manifestaciones y controlar el uso de la fuerza oficial. No obstante, todos los intentos se han estrellado con un muro difícil de flanquear: la Corte Constitucional, que ha tenido que repetir y repetir que la protesta social es un derecho establecido en el artículo 37 de la Constitución y nada puede estar por encima de esta máxima constitucional. Gracias a ello se han caído órdenes, como la que pretendía obligar a los organizadores de las marchas a dar aviso a las administraciones locales.

Y, a pesar de esto, por estos días revivió el tema. Por un lado, en el Congreso se estudia un proyecto de ley que regula la protesta, con medidas que han sido fuertemente criticadas. Por el otro, el Tribunal de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia les han pedido a los gobiernos nacional y distrital conformar mesas de trabajo para dar nuevas directrices sobre el uso de la fuerza, así como diseñar y expedir un protocolo que permita tomar acciones preventivas y proteger el derecho a la protesta. Para esto tendrán 60 días.

En el mundo ideal todo debería apuntar a que las protestas fueran pacíficas y, como tal, garantizaran que cualquier uso excesivo de la fuerza fuera individualizado y judicializado. No obstante, la historia ha demostrado que lograrlo no es tan fácil. Y es a partir de este punto, en diversos intentos por lograrlo, que han surgido propuestas tan criticadas como la de eliminar el Esmad (Escuadrón Antidisturbios de la Policía); tan polémicas, como el prohibir marchas a menos de 500 metros de hospitales y bienes de patrimonio cultural (como los que hay en inmediaciones de la Plaza de Bolívar), o tan absurdas como el protestódromo para 50 mil personas, con réplicas de estaciones y buses de Transmilenio.

Todas han fracasado, al igual que las reformas como la que se intentó en 2012, que apuntaba a calificar como delito obstruir vías públicas, que afectaran el orden público, o los 28 artículos que se incluyeron en 2016 en el Código de la Policía, que pretendían que las autoridades municipales y los concejos regularan las condiciones de las aglomeraciones, o que la seguridad privada pudiera involucrarse en los enfrentamientos con manifestantes.

Pero, ¿cómo lograr un acuerdo? Para el experto en seguridad de la U. Nacional Néstor Rosanía es importante que el Gobierno no generalice y acepte que no todo el que sale a las calles es un vándalo o un “capucho”. “Inculcar la confianza puede funcionar con los manifestantes pacíficos, que son la mayoría, pero limitaciones como prohibir el uso de capuchas puede generar nuevas fricciones y más violencia. Hay un buen ejemplo, que son las manifestaciones del 1° de mayo. Antes de las dos de la tarde se ven sindicalistas y manifestantes, pero luego de esa hora llegan encapuchados, skinhead y antifascistas que van con otra lógica y llegan a romperse con la Policía”.

En este mismo camino, Jairo Libreros indica que cualquier tipo de regulación a la protesta termina siendo una talanquera, por lo que es importante que este tipo de determinaciones sean tomadas en consenso con organizaciones civiles, sindicatos y la academia. “Se necesita establecer acuerdos importantes para fortalecerla, impulsarla y darle mayores garantías con los ciudadanos, pero con condiciones particulares en cada región, porque se tiene que ser diferencial, tener presente que la realidad de cada municipio es diferente y que también debe pensarse en las mujeres y la comunidad LGBT”.

Al respecto, el experto en seguridad de la Universidad Javeriana Henry Cancelado, cree que hay algo de ingenuidad al embarcarse en estos procesos de querer condicionar las protestas, dada su dificultad y lo paradójico de regular para dar libertades. “Soy escéptico, porque soy un convencido de que estos espacios son aprovechados por infiltrados que deslegitiman la protesta. No creo que se puedan generar protocolos, pero quizá sí desde las mismas autoridades se deberían realizar trabajos previos para garantizar que las manifestaciones no van a estar permeadas por violentos. Ese trabajo debe ser previo, porque en el momento cualquier intervención puede empeorar las condiciones”.

Una vez más, se tiene que decir, el debate apenas comienza en medio de un descontento general, por lo que es previsible que las marchas continuarán, y en este caso será clave evaluar no solo las medidas que ya se han implementado, sino las que han fracasado, pues al fin de cuentas, por casos como el de Dilan Cruz y Javier Ordóñez, es que se pide al Gobierno tomar acciones.

En medio de todo, como lo han señalado los expertos de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa Mercado y Daniel Mondaca Garay, es fundamental entender que la protesta no es un simple derecho, sino una práctica política y social, que no solo puede ser categorizada en los límites legales. Después de definir un marco de acción, este tendrá que ir al Congreso y promover una ley para que entre en rigor. El proceso es largo, y de cómo se recorra y los compromisos que se adquieran dependerá su éxito o que el imaginario de la protesta ideal siga siendo una utopía.

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