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19 Jul 2020 - 2:00 a. m.

Las decisiones que cambiarán la política ambiental de Bogotá

Además de que la actual administración tiene una visión ambiental diferente, a lo largo de los últimos días la justicia ha frenado algunos de los proyectos más grandes que dejó estructurada la anterior alcaldía. ¿Qué va a pasar con los planes en marcha?

Felipe García Altamar

Periodista Político.

Mónica Rivera Rueda

Periodista Bogotá
Varios proyectos de la pasada administración, que fueron cuestionados por los ambientalistas, quedaron sin mayor respaldo, debido a decisiones de la justicia.
Varios proyectos de la pasada administración, que fueron cuestionados por los ambientalistas, quedaron sin mayor respaldo, debido a decisiones de la justicia.
Foto: Óscar Pérez

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó demoler una estación de gasolina en inmediaciones de la reserva San Rafael, al considerar que se vulnerarían los derechos e intereses colectivos, ya que pondría en riesgo el embalse de donde sale el 70 % del agua que consumen Bogotá y algunos municipios aledaños. Además, instó a las autoridades a impedir cualquier obra en las áreas colindantes a la reserva forestal protectora y productora de la cuenca alta del río Bogotá, lo que impediría, de paso, la construcción del parque ecológico que se tenía previsto en el embalse, por el costado de La Calera, y que hoy está suspendido por cuenta de las medidas cautelares que se impusieron en medio de una tutela que presentó el sindicato del Acueducto.

No es la única decisión que incide en planes que venían de la anterior administración y que tienen que ver con temas ambientales. La semana pasada el mismo tribunal confirmó medidas cautelares que un juez administrativo de Bogotá interpuso sobre tres (conocidos como AP-2) de los 34 planes parciales que tiene el proyecto urbanístico Lagos de Torca, en el norte de la capital, los cuales están en la franja de conexión ambiental entre la reserva Van der Hammen y los cerros orientales.

Asimismo, el juez cuarto administrativo de Bogotá declaró nulo el Decreto 565 de 2017, que modificó la política de humedales en la ciudad, con lo cual se dio luz verdes a obras duras, como senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas, entre otros, inicialmente en zonas de protección como Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba.

Estas decisiones no solo terminaron dándoles la razón a los reparos que hicieron algunos ambientalistas a proyectos de la pasada administración, sino que van de la mano con la visión que ha expuesto Claudia López en su modelo de gobierno, pues, fuera de anunciar que no apelará la decisión sobre los humedales, retiró la solicitud de la sustracción para construir tres vías en la reserva Van der Hammen; desistió del sendero de las Mariposas, que uniría a Usme con Chía, a través de un corredor por medio de los cerros, y del parque ecológico en Tomíné, que iba a construir la Empresa de Energía.

En cambio, la actual administración pondrá la estructura ecológica principal de la ciudad como el eje central de su proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se comprometió a reverdecer la reserva Van der Hammen y a cambiar la forma en que se realizan las intervenciones en los humedales Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba, que iniciaron su planificación en 2016.

Al respecto, Miguel Uribe, quien fue secretario de Gobierno de la anterior administración, asegura que estos proyectos siempre han sido objeto de frenos judiciales, que finalmente afectarán a los bogotanos. “Buena parte son revolucionarios e innovadores y han sido estructurados con planeación a largo plazo. En ese orden de ideas, las decisiones judiciales terminan favoreciendo lo que parece popular, pero no necesariamente lo que parece responsable”.

Los planes

En el caso de Lagos de Torca, la discusión se ha centrado en tres polígonos sobre los que se establece la conectividad acuífera entre los cerros orientales y la reserva Van der Hammen. En general, el plan cuenta con el respaldo de la Alcaldía, que ve en los planes parciales la posibilidad de demostrar que se puede edificar de manera sostenible, económica y ambiental, como lo ha señalado a este diario la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba: “Con ellos hemos tenido buena articulación. Desde noviembre nos empezamos a reunir para hablar de la importancia de la estructura ecológica principal, porque hay cosas que tenemos que preservar por encima de otras”.

Para Uribe, es importante que se reconozca que esta zona es diferente a la de la reserva Van der Hammen, pese a su cercanía, y resalta “los equipamientos públicos, así como la oportunidad de garantizar viviendas para todos los estratos. Es perjudicial frenar ese proyecto, en especial porque la incertidumbre podría llevar a que no se finalicen todos los planes. Por eso invito a la administración a que los defienda, con el fin de garantizar las obras, para que haya confianza de los propietarios de la tierra y se logre el desarrollo sostenible”.

Ante la prioridad de proteger la zona de reserva, el Distrito no descarta adquirir los predios incluidos cobijados por las medidas cautelares, por lo que se contemplaría la posibilidad de negociar los predios con los propietarios, así como hacer canje con otros, que les brinden las mismas garantías de construcción.

En cuanto a la construcción de vías dentro de la reserva, la alcaldesa ha sido enfática, desde los primeros días, en decir que se analizarán la posibilidades para que se lleven a cabo las obras sin intervenir la zona de protección. Por lo pronto ha manifestado que la ampliación de la vía Cota-Suba no requeriría permiso ambiental, por lo que se podrán realizar las obras.

Asimismo, en el caso de Tominé, los recursos de regalías que se habían comprometido ya no se pueden usar, debido a que se vencieron los plazos que se establecieron, mientras que en San Rafael se mantienen las medidas cautelares sobre el proyecto.

En el humedal Juan Amarillo, ubicado entre Suba y Engativá, y en el Jaboque, en Engativá, ya se adelantaba la adecuación de puentes colgantes, puentes y senderos con corredores para bicicletas, mientras que en el Córdoba, en Suba, se construyen senderos, un mirador y un aula ambiental.

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), encargada de realizar esas obras, desde comienzo de este año se vienen mejorando los proyectos, sobre todo en respuesta a las principales críticas de los ambientalistas, que se han opuesto a estos proyectos, relacionados con el endurecimiento de los ecosistemas.

Según la entidad, los cambios han estado “relacionados con la reducción del endurecimiento en las áreas intervenidas y mejoras en el diseño paisajístico con la protección, conservación y aumento de siembra de nuevos árboles propios de este tipo de ecosistemas”. Con este cambio, los proyectos de Juan Amarillo y Jaboque hoy tienen, según la EAAB, 2.701 metros cuadrados menos de endurecimiento y 1.056 árboles adicionales frente a los proyectos iniciales.

Para algunos ambientalistas y políticos, como los concejales Manuel Sarmiento, Celio Nieves, Carlos Carrillo y María Fernanda Rojas (todos de la bancada de Gobierno), con la nulidad del Decreto 565 de 2017, que daba vía libre a las obras duras en los humedales, es posible parar todas las construcciones en ejecución.

Sin embargo, de acuerdo con la EAAB, las obras se deben seguir ejecutando, “dado que no hemos encontrado disposición alguna que ordene la suspensión o modificación de las intervenciones”. Eso sí, la entidad aclaró que en esta administración no se tiene contemplado adelantar nuevos procesos en los humedales. “La EAAB está convencida de la necesidad de proteger la estructura ecológica principal en línea con lo estipulado en el Plan de Desarrollo”.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente, como autoridad ambiental distrital, anunció que está investigando presuntos incumplimientos de los permisos, por lo que abrió un proceso sancionatorio que está en curso, pero sobre las obras también aclaró que “los permisos de construcción en los humedales no fueron objeto de nulidad ni pronunciamiento del juez”.

Otra de las razones del Distrito para seguir los contratos es la alta inversión ($115.238 millones) y la cantidad de empleos directos e indirectos que generan (1.312). Las obras en el humedal Juan Amarillo, donde se firmó un contrato por $68.193 millones, tienen un avance de ejecución presupuestal del 47 % y física del 54 %.

En el Jaboque, donde se invirtieron $30.793. millones, las obras cuentan con un avance del 46 % y se ha invertido el 41 % de los recursos. Mientras que el proyecto en el humedal Córdoba, en el que se invertirán $16.251 millones, se inició en junio y actualmente está suspendido, tras reparos de los vecinos del ecosistema, por una aparente falta de concertación.

“Es importante mencionar que la no terminación de estas obras o la demolición de las mismas, teniendo en cuenta el estado de avance que actualmente tienen, representa un riesgo y puede generar mayores impactos en los ecosistemas de estos humedales”, agregó la EAAB. Lo cierto es que si bien gran parte del proyecto del Gobierno ha ido de la mano de las visiones de ciudad que plantean los ambientalistas que han estado detrás de estos proyectos, las decisiones judiciales han sido talanqueras para los planes de la anterior administración, tanto en el pasado como ahora, ya que terminan poniendo nuevas condiciones para seguir su ejecución.

Si bien la prioridad del Distrito está ahora en atender las necesidades de la pandemia y las consecuencias que esta pueda traer para la capital, el proyecto ambiental no se escapa de la agenda de Gobierno y es que precisamente, por lo que se haga de aquí en adelante, será determinante no solo para conocer qué tipo de proyectos ambientales se promoverán en los próximos cuatro años, sino el modelo de ciudad que se planteará en el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que promete tener como eje central la estructura ambiental, pero también atender las necesidades que establece la emergencia climática y las necesidades de vivienda y crecimiento que no dan espera en Bogotá.

Felipe García Altamar

Bogotano. Periodista de Uninpahu. Vinculado a El Espectador desde 2014. fgarcia@elespectador.com
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