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El miedo se volvió hábito. Como la respiración, es algo que hacen por inercia todos los días. Así es la cotidianidad de los residentes del edificio Hernández Jiménez que, junto a otros seis predios, han visto cómo sus hogares se caen a pedazos. Año que pasa, grietas nuevas. Paredes deterioradas, ventanas con los vidrios rotos y puertas que no cierran son apenas unas de las afectaciones con las que han tenido que vivir estas personas, muchas de ellas adultos mayores. ¿La razón? Los problemas en la construcción de la que sería la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo.
Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), hubo problemas en la obra y deslizamientos en las excavaciones que provocaron asentamientos diferenciales (hundimientos) en los predios. Este concepto se encuentra en un informe que contrató el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Teusaquillo, que aclara que toda esta situación se generó por la “expansión del volumen de concreto de los pilotes y pantallas”, los “deslizamientos del suelo durante la excavación” de los sótanos y la variación de los cortasoles ubicados en la fachada. Esto generó un riesgo para la estabilidad de la estructura, debido a que generaron un peso no calculado al inicio de la obra.
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“La construcción de la nueva sede de la Alcaldía local nos cambió la vida, no solo por la afectación de mi apartamento, sino por mi estado de salud y el de mi suegra”, dijo a El Espectador Derly Bonilla, habitante del cuarto piso del edificio, quien vive junto a su esposo y su suegra, una mujer mayor que ahora es dependiente de ellos y quien debe tomar medicamentos para tratar la depresión que, dicen, le generó la afectación del apartamento.
“Para los que tenemos tantos años aquí es ver nuestro patrimonio destrozado. Es muy complejo”, expresó entre lágrimas Blanca Plazas, residente y administradora del predio, quien hoy es la vocera de sus vecinos. Tanto a Derly como a Blanca, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) les recomendó desalojar, pues su habitabilidad está comprometida por los daños. Y, para colmo de males, también considera “probable” que, ante la posibilidad de un sismo, se vea afectada su funcionalidad.
John Jairo Ramos, propietario de Carpas Jaguar, un establecimiento comercial que colinda con la obra, es otro afectado. Tuvo que reducir el número de trabajadores de diez a cinco, debido a los evidentes daños que presenta la estructura, así como verse en apuros para pagar la renta, ante la baja afluencia de clientes. “Hay mucho cliente que entra y mira el deterioro y el peligro de la edificación. Cotiza y sale enseguida”, señaló.
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Un viacrucis buscando respuestas
Desde principios de 2017, la señora Blanca Plazas tocó la puerta de cuanta entidad halló para buscar soluciones e incluso interpuso siete quejas ante la Personería local de Teusaquillo. Todo terminó en las visitas técnicas que hizo el Idiger, en el informe de la SCI y en un estudio de vulnerabilidad que lleva el contratista de la obra.
El camino que, en principio, tomaron los afectados del edificio Hernández Jiménez fue el de pedir una indemnización a la aseguradora de la obra. Sin embargo, la personera para la Coordinación de la Gestión, Biviana Aguillón, dijo que “la aseguradora señala que ese riesgo no está cubierto por la póliza que pagó el contratista”. Como lo constató este diario, la compañía de seguros respondió a la petición de los residentes que el tipo de daños causados “se encuentran excluidos en el contrato de seguro”, en donde señala que no estarán cubiertas las reclamaciones generadas por asentamientos o inconsistencias del suelo.
Cargos contra el exalcalde
Como lo reveló este diario, la Personería de Bogotá formuló pliego de cargos contra el exalcalde local de esa localidad Julián Bernal Balmes, por presuntamente incumplir con las reglas del pliego de condiciones de la licitación y porque el contratista seleccionado no cumplía los requisitos habilitantes de experiencia mínima. El organismo estima que esa falta fue cometida por el exfuncionario a título de “culpa gravísima”.
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¿Qué responde el contratista?
El contratista encargado de la obra es el Consorcio JR Sede, cuyo representante legal es Carlos Reyes Ramírez y está integrado por la empresa Prano SAS, Fernando Ramírez Salgado y Luis Édgar García Santander. La obra tiene un valor de $29.890 millones y debió haberse entregado en marzo de 2019, pero cuatro prórrogas hicieron que se aplazara la fecha de finalización hasta el 18 de julio.
El consorcio le manifestó a El Espectador que una vez se termine el estudio de vulnerabilidad estarían dispuestos a asumir la responsabilidad que les asista y que no han sido notificados del pliego de cargos de la Personería contra el exalcalde. También expresó que el concepto de la SCI “es una percepción del profesional que lo escribe (…) simplemente manifiesta que es posible” y que “los procedimientos constructivos de la obra siguieron con rigurosidad el código y la norma sismorresistente 2010”. Finalmente, dijo que están en disposición de responder con sus obligaciones y “poder tener los tiempos que se requieren para terminar y cumplir el contrato”.
Mientras tanto, los habitantes de los siete apartamentos del edificio Hernández Jiménez quieren menos promesas en el papel y más soluciones. “Esperamos haya un concepto técnico y con ética para saber cuál es la solución y que definan si el edificio se puede reparar o tienen que demolerlo y empezar de cero”, añadió Blanca Plazas, quien, junto a sus vecinos, tomó acciones legales para buscar una reparación por los perjuicios ocasionados en estos cuatros años. Todos esperan no correr con la misma suerte de Camilo Mayo, quien murió en octubre de 2020 lejos de su casa, luego de salir de ella por el riesgo de colapso.