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En esta temporada escolar, la Personería de Bogotá hizo un llamado a los colegios públicos y privados de la ciudad para que no vulneren el derecho a la educación ni los derechos de los consumidores al exigir útiles escolares innecesarios, marcas específicas o compras con proveedores determinados.
Según el ente de control, algunos establecimientos estarían excediéndose en las listas escolares, trasladando a las familias costos que legalmente deben asumir los colegios. Por eso, habilitaron un canal de atención especial para padres de familia en el Centro de Atención a la Comunidad (CAC), ubicado en la carrera 8 No. 20-56, donde podrán recibir orientación frente a posibles abusos.
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Uno de los puntos clave es que los colegios no pueden pedir elementos que hacen parte de su dotación institucional. Esto incluye artículos de aseo como papel higiénico, jabón, toallas, desinfectantes, escobas o paños húmedos, así como insumos de oficina o materiales para uso general del plantel. Tampoco es válido exigir cantidades desproporcionadas de útiles, como varias cajas de marcadores, grandes volúmenes de papel o implementos que no guardan relación directa con las actividades académicas del estudiante.
La Personería también recordó que está prohibido obligar a comprar los útiles en el mismo colegio o en establecimientos vinculados a asociaciones de padres de familia o a personas relacionadas con estas. La compra debe ser libre y sin imposiciones.
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En cuanto a servicios como alimentación y transporte escolar, el mensaje es claro: los colegios no pueden imponer empresas proveedoras. La decisión de con quién contratar estos servicios corresponde exclusivamente a las familias.
Otro punto que generó alertas es la restricción al uso de fotocopias de textos escolares. La Personería aclaró que la Ley 23 de 1982 permite la reproducción de obras literarias para uso privado y sin fines comerciales, por lo que prohibirlas de manera general no es válido.
Finalmente, la entidad invitó a los padres de familia a informarse, revisar la normatividad vigente y acudir a la Personería o a la Secretaría de Educación cuando consideren que se están vulnerando sus derechos o los de niños, niñas y adolescentes.
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Por Redacción Bogotá
