Legalizan captura de policías implicados en caso Javier Ordóñez

Uno de los procesados se entregó en la madrugada de este viernes, en Engativá y el otro, fue capturado en su casa, ubicada en Bosa.

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

En un sesión virtual, que comenzó a las 6:45 de la tarde de este viernes, se inició la audiencia de de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los patrulleros involucrados en el asesinato de Javier Ordóñez, tras el abuso policial registrado en la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Sobre la media noche, la juez 29 de control de garantías, luego de conocer los detalles del procedimiento judicial, legalizó la aprehsión de los uniformados. (Ingresar a la audiencia aquí)

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Durante la diligencia el fiscal 94, Juan Carlos Oliveros Corrales, hizo un resumen del caso y sobre el procedimiento de captura de los uniformados, quienes se encuentran en presencia de sus abogados. En la sesión también está el abogado de la familia de Ordóñez, Vadith Gómez. y la delegada de la Procuraduría, Mónica Sánchez.

Previamente la delegada del Ministerio Público, “se verifica que las órdenes de capturas se ajustan a los motivos legales y pruebas frente a los hechos”. Por su parte, el abogado de la familia de Ordóñez solicitó a la juez 29 de garantías que se imparta legalidad a los fines de la captura de los uniformados Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez.

Por su parte, el abogado defensor de Harby Rodríguez, Jhon Olmos, dijo que, al parecer, hubo ilegalidades en las órdenes de allanamiento en contra del uniformado, basándose en las horas escritas en el informe de captura que, dice, no cuadran con la hora real de la detención “Solicito que se haga un control de la legalidad de la diligencia de allanamiento. Hay una afectación de rango constitucional porque el informe se entregó 12 horas después”.

Asimismo, el abogado Olmos afirmó que Rodríguez se encuentra afectado debido a que el procedimiento de captura se dio en presencia de un menor. “Esos derechos del niño o esa custodia que debieron haber empleado los policías judiciales era la protección de esos menores a ver un acto de allanamiento y captura de su padre”. Bajo estos argumentos la defensa de los patrulleros pidió que se declaren ilegales las capturas y, además, que la Fiscalía dé sustento legal para el proceso y la vigilancia permanente. A eso de las 10:30, la juez ordenó un receso solicitado por la defensa de Rodríguez.

Tras el receso, que se aprovechó para que los abogados enviaran los videos de la captura, procedimiento que consideran ilegal, intervinieron de nuevo la procuradora delegada y el fiscal. La procuradora Sánchez, aunque advirtió que hubo violencia para ingresar al inmueble, aseguró que no se veía violación alguna en el material remitido. “Se afecta la vivienda, pero era necesario según lo que se dijo al inicio de esta audiencia. No obstante lo lamentable, los procedimientos no evidencian que la dinámica de la diligencias no permitía que fuera de otra manera”.

El fiscal Oliveros apoyó la tesis de que las diligencias no son fáciles de adelantar y que por lo general ocurren cosas que se salen del manejo de la situación. “Quienes reciben a la autoridad que hace el allanamiento no van a estar a gusto con la violación al derecho de la intimidad, pero es algo que se debe asumir. No veo nada anormal”.

El fiscal agregó que lo que se hizo durante el procedimiento fue “intentar cumplir con el compromiso de una diligencia de allanamiento, que en esencia es complicada. Y como fue imposible que alguien respondiera al llamado de la Fiscalía a la puerta, la única acción plausible e idónea para ingresar el inmueble era esa”. Gómez, abogado de la familia Ordóñez, coincidió en que no hubo violación ni excesos y el procedimiento se hizo de acuerdo con la ley.

Tras esto, la juez de control de garantías procedió a pronunciarse sobre las peticiones de la Fiscalía. Empezó con las órdenes de captura y siguió con la legalización de la captura de ambos patrulleros. Según dijo, la orden cumple las exigencias y no encontró el procedimiento como violatorio del debido proceso ni de los derechos fundamentales de las personas.

“Un procedimiento policial causa conmoción, y más de allanamiento en la casa de una persona. Pero tiene que dejarlos entrar porque tiene una orden judicial. No veo que a los niños los estuvieran maltratados ni una escena de terror para ellos, veía más afectados a los padres e incluso. Eso, a pesar de que el acta dice que se le pidió a un adulto que se ocupara de ellos, y al parecer no lo hizo. Y se debía materializar la orden de captura”, indicó la juez.

Sobre los videos en que se ve llorando al procesado y la familia, que la defensa del patrullero Rodríguez alegó como una gran afectación a su círculo, la juez afirmó que “es el impacto y afectación natural de alguien que será capturado frente a su familia”. Asimismo, consideró que no hubo extralimitación en ninguna parte del procedimiento de policía judicial.

En conclusión, verificados los requisitos del registro de allanamiento, la juez legalizó la orden de captura de los patrulleros Rodríguez y Lloreda.

Harby Damián Rodríguez fue capturado el pasado jueves en horas de la tarde, momentos después de que un juez dictara las órdenes de captura. Por su parte, Juan Camilo Lloreda, de quien durante el jueves no se supo de su paradero, se entregó esta madrugada y permanece también en el búnker de la Fiscalía, tras una noche de intentos en la que agentes especiales del Goes y la Sijín llegaron a su residencia para proceder con la diligencia, actuación que resultó infructuosa pues no tenían una orden de allanamiento.