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Que un recluso pueda llamar desde la prisión a su familia, a sus secuaces y hasta a sus víctimas, es muy fácil. La venta de minutos en los patios, tanto legales como ilegales, es un multimillonario negocio. Si bien el Estado ha garantizado el derecho de los presos a comunicarse, a través de contratos con concesionarios autorizados, en las cárceles se consolidan la venta ilegal de llamadas y el uso de internet. Para darle un giro a este panorama, avanza una licitación que, aparte de mejorar el servicio para los presos, busca generar un mayor control.
Las cifras del mercado legal de llamadas son dicientes. Haciendo cuentas con los datos históricos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en promedio cada hora se venden 15.000 minutos en los penales del país. Es como si una persona durara 11 días ininterrumpidos hablando por teléfono. En datos generales, entre enero y septiembre de 2016 se vendieron 102 millones de minutos y los operadores reportaron ingresos cercanos a los $26.000 millones. En 2015 fueron 122 millones de minutos e ingresos por $28.500 millones. En general, el promedio por preso en el país es de 1.000 minutos al año (ver infografía).
Aunque la mitad de las llamadas que se hacen legales desde las cárceles son a teléfonos fijos (66 millones de minutos), no es tan rentable como las que se hacen a celular (33 millones de minutos). Los ingresos así lo demuestran. Mientras el año pasado, por llamadas locales se reportaron ingresos cercanos a los $7.000 millones, a móviles fueron casi $10.000 millones.
De las seis regionales del Inpec, indiscutiblemente la central, que concentra el 30 % de la población carcelaria del país, reporta la mayor demanda. A septiembre del año pasado los reclusos en Bogotá y departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima consumieron casi 38 millones de minutos. A ellos los siguen la región occidente, con casi 26 millones de minutos, y el Viejo Caldas, con casi 18 millones.
El ilegal
No obstante, las denuncias de extorsiones desde las cárceles e incluso de presos afectados por este delito, muestran un mercado paralelo que no hay manera calcular. De acuerdo con datos de la Policía de 2015, el 53 % de las extorsiones del país se producen desde 32 establecimientos de reclusión de orden nacional. Muestra de ello es que cada semana las autoridades realizan allanamientos, individualizan reclusos y los ponen a disposición de las autoridades.
Un documento confidencial, conocido por El Espectador, permite dimensionar la oferta. Un monitoreo hecho este año en La Picota, para detectar la señal y el operador de los teléfonos ilegales en el penal, determinó que en un radio de 800 metros había 1.365 equipos, es decir, uno por cada seis presos. Si se tiene en cuenta que hay 116.000 reclusos en el país, al aplicar este promedio se estaría frente a una hipotética cifra de casi 18.000 celulares en manos de los presos del país.
Y es que conseguir un teléfono en las cárceles es costoso, pero no difícil. En diálogo con este diario, reclusos de la penitenciaría La Picota indicaron que los celulares son comercializados por algunos de los guardias, quienes se encargarían de ingresarlos. “Calcule. Si media cajetilla de cigarrillos cuesta $50.000, el costo de los celulares es altísimo. Por ejemplo, un celular Nokia, de esos sencillos, se puede conseguir entre $400.000 y $500.000. Pero uno de alta gama puede sobrepasar $1,5 millones”. Un celular en una cárcel es una mina de oro.
Según expertos, las posibles razones detrás de este mercado paralelo obedecen, por un lado, a los altos costos de las llamadas legales. Por el otro, la falta de control y de bloqueadores de señal en las cárceles, lo que ha incentivado el tráfico ilegal de celulares. Aunque los bloqueadores, en principio, se contemplaron como una solución, los efectos sobre las poblaciones aledañas impidieron su desarrollo.
Es por esto que la licitación que avanza actualmente no contempla como exigencia la instalación de este tipo de equipos en las cárceles. Los vecinos de los centros penitenciarios han interpuesto numerosas acciones judiciales para evitarlo, debido a que pueden afectar sus comunicaciones. La ausencia de los bloqueadores, sin embargo, también ha sido motivo de controversia. A pesar de que en el negocio legal se fijan parámetros estrictos para el control de las llamadas, no hay acciones claras para controlar la señal de los equipos ilegales que siguen funcionando. Hoy, una de las propuestas que hay sobre la mesa apunta a identificar los códigos de las tarjetas sim y el código de los teléfonos para que las autoridades les den de baja definitivamente.
Este diagnóstico y la licitación que adelanta el Gobierno (cuyo contrato comenzaría el 31 de marzo y tendrá una duración de cinco años) coinciden con el fallo de la Corte Constitucional que le dio seis meses al Inpec y al Ministerio de las TIC para adecuar un sistema de llamadas más accesible en las cárceles, de donde no sólo puedan llamar, sino también recibir llamadas; que su costo sea asequible para todos los presos y que se pueda tener control para evitar que lo usen para delinquir.
La licitación busca poner en práctica un sistema de última tecnología en beneficio de los internos. Aunque mañana cerraba el plazo para recibir propuestas, tras el fallo de la Corte Constitucional, el Inpec expidió el pasado 23 de noviembre una resolución con la que suspende el proceso licitatorio hasta el miércoles. En este tiempo, el Inpec analizará cada uno los puntos y, de ser el caso, realizará los ajustes necesarios.
El cúmulo de irregularidades
Pero ¿cómo se ha prestado el servicio hasta el momento y qué irregularidades se han detectado? De acuerdo con los antecedentes especificados por el Inpec en el proceso, desde hace al menos una década la venta de minutos funciona –en su mayoría– con teléfonos tradicionales que están instalados en los pasillos o en los patios de los establecimientos “sin control ni medidas de seguridad por parte de las empresas”. Eso quiere decir que no se tiene certeza de a quién se llama ni con qué fines.
Por otra parte, la venta de minutos ha estado dividida en siete regiones (de acuerdo con la distribución regional de las cárceles) y cada director ha celebrado contratos con distintas compañías sin que fueran asignados mediante licitación o concurso público. En este sentido, uno de los cambios de la nueva licitación consiste en pasar de siete regiones a sólo dos: una integrará la Central, Norte y Oriente, y la segunda, la Noroeste, Occidente y Viejo Caldas.
Dentro del panorama que ha podido advertir el Inpec se destacan las fallas técnicas en la prestación del servicio, así como irregularidades en su uso. “Algunos sistemas que operan con tarjetas, además de permitir su alteración, facilitan su comercialización por parte de los internos, convirtiéndose en la práctica en dinero circulatorio para todo tipo de negocio”.
Pero si los servicios presentaban inconsistencias, los contratos tampoco resultaban bien librados. El informe de necesidad del Inpec señala que presentaban “inconsistencias e irregularidades”, entre ellas cláusulas lesivas, “prórrogas automáticas disfrazadas”, excesos en los cobros de las tarifas (hasta $900 el minuto), fallas técnicas y hasta pérdida de información de saldos cuando los internos eran trasladados a otros establecimientos. No obstante, el Instituto especifica que aún hay contratos vigentes que superan las fechas acordadas para iniciar nuevos servicios y que se prorrogaron automáticamente.
Este punto ha sido motivo de inquietud por cuenta de quienes buscan quedarse con el contrato. Han asegurado que a algunos de ellos les han prorrogado los contratos en seis ocasiones (tiempo que suma 10 años) y les han impedido a proponentes distintos hacer parte de la puja. “Inicialmente esas concesiones se hicieron por tres años y después se prorrogaron a cinco años y paulatinamente han sido prorrogadas. Están enquistados”, aseguran.
Y es que una de las empresas que prestan actualmente el servicio, y que además participa en el proceso licitatorio, no contó con el registro del Ministerio de las TIC –una condición técnica requerida en el pliego– hasta el pasado 24 de octubre. “Ellos siguen explotando la concesión que les dieron en las cárceles más grandes y peligrosas. Por un lado, se lucran de la concesión, que han prorrogado sucesivamente (sin una explicación clara), y por el otro, tampoco están haciendo los aportes económicos que por ley tienen que hacerle al Estado”, agregan.
En ese orden de ideas, los prepliegos de la licitación contemplan una serie de cambios para garantizar la competencia entre los interesados, mejorar el servicio y controlar las llamadas efectuadas desde los penales. Entre ellos se destaca la grabación de cada una de las llamadas; la reducción del costo ($91 el minuto local, $226 el nacional, $223 celular y $575 internacional). Además, se instalarán 2.000 equipos en la primera zona y 1.400 en la segunda, según lo especifica el proyecto de pliego de condiciones.
Mientras avanza el proceso licitatorio, el Inpec estudia salidas jurídicas para terminar los contratos vigentes de manera anticipada y empezar con la renovación. Sin embargo, una de las deudas consiste en erradicar la telefonía ilegal (bien sea a través de los sistemas de bloqueo de señal u otras alternativas) sin afectar las comunicaciones de las poblaciones que tienen como vecinos a los centros penitenciarios.
