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Para la próxima semana quedó citada una reunión extraordinaria entre las comunidades aledañas al relleno sanitario de Doña Juana; la alcaldesa Claudia López; la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho, y el operador del relleno, CGR. Esta mesa de discusión quedó pactada luego del derrumbe, de casi 80.000 toneladas de basura, registrado en la noche del 28 de abril en una zona de disposición, lo que generó fuertes olores en los barrios de Mochuelo Alto y Bajo, Barranquitos, Paticos, La Esmeralda y Laguitos, en la localidad de Ciudad Bolívar.
Según una acta, conocida por El Espectador, y que fue firmada por la empresa operadora, líderes de la comunidad, funcionarios de la alcaldía local y CGR, el deslizamiento ocurrió en el costado norte del relleno. Durante la madrugada, un sector de la comunidad de Ciudad Bolívar, que le hace seguimiento al manejo de las basuras de Doña Juana, estuvo en vilo por el deslizamiento que se presentó la noche anterior. Según el operador, una posible falla en las capas de arcilla del terreno que, al parecer, no dejaron drenar libremente el lixiviado (líquido que escurre de las basuras) hacia los filtros, ocasionando el deslizamiento.
Este diario llegó a un punto conocido como El Broche, en donde hay acceso restringido al relleno y al que citaron a un plantón los líderes de la comunidad desde la noche anterior. Hacia las 11:00 a. m. de ayer, la directora de la UAESP salió de Doña Juana, en donde estuvo coordinando actividades de monitoreo y verificación de la grieta que se abrió en la terraza de disposición. La funcionaria informó sobre las labores de mitigación de olores y de vectores; luego de casi dos horas de diálogo con la población, se concretaron otra serie de medidas para evitar que la situación de los ciudadanos sea más grave.
Uno de los compromisos del operador con la comunidad es que desde hoy se hará una serie de fumigaciones manuales y aéreas (con drones) para mitigar el olor y la presencias de ratas y cucarachas en los barrios aledaños. También, a partir de hoy, se harán dos monitoreos diarios en la zona de contingencia. Camacho también le “pidió paciencia a la comunidad, porque las soluciones de fondo toman tiempo y estamos trabajando para eso”. Algunas de las personas que fueron al plantón le dijeron a la funcionaria que todas las administraciones prometieron solucionar el problema de manejo de las basuras en el relleno sanitario.
Otra de las peticiones de los líderes fue la presencia de la Secretaría de Salud, para que les provean guantes y tapabocas. La localidad tiene actualmente cinco fallecidos y 134 contagios por COVID-19, la quinta con más casos de la capital. Además, el 85 % de los habitantes están en la pobreza. Jazmín Muñoz, líder de Mochuelo Bajo, señaló que “sería una catástrofe” añadirle otra emergencia sanitaria a la comunidad, la cual protagonizó protestas ante la escasez de ayudas del Gobierno. “No estamos reclamando porque sí, es porque este operador hace mal su trabajo y no vela por el bienestar de los vecinos.”, aseguró la lideresa, quien hará parte de las reuniones con el Distrito.
¿Qué dice CRG?
El representante legal del operador, Mauricio Bernal, le dijo a este diario que el sitio donde ocurrió la emergencia era una terraza que estaba cerrada y no estaban disponiendo residuos, pues esa zona fue operada hace más de 10 años por el anterior concesionario. “Creo que fallaron los cimientos que puso en su momento. La hipótesis es que hubo una falla en esa arcilla, puesta por el anterior concesionario”. Y agregó: “El servicio se seguirá prestando, porque el derrumbe fue en una zona que no se estaba usando. ¿Qué toca hacer? Pues recoger la basura y mitigar el impacto para los habitantes del sector. Como se trata de basura, serán malos olores y posible proliferación de moscas y ratas. Nada más. Esto no enferma a nadie. Por esto no le va a dar a nadie neumonía o COVID-19”, agrego.
La cabeza de CRG señaló que cuenta con la documentación y los registros fotográficos que evidencian que el proceso de adecuación del área se realizó cumpliendo los parámetros técnicos, el cual fue supervisado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la interventoría, la Subdirección de Disposición Final de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Hoy tenemos claro que en CGR somos responsables de atender la situación, pero eso es diferente a ser los culpables. Si me demuestran que el derrumbe fue por mala operación mía, que apliquen las sanciones y nos toca asumir las consecuencias, pero decir que fue nuestra culpa es una especulación que raya con la temeridad”, concluyó Bernal.