Los cuestionamientos a los apartamentos VIS en el Parque de la 93

Una alerta se lanzó en el Concejo ante el desarrollo de cuatro programas de vivienda de interés social (VIS) en los alrededores del Parque de la 93. Lo curioso es que se trataría de apartamentos de menos de 20m2, en los que el valor del metro cuadrado estaría por encima de los $9 millones.

Conozca más del POT y de las propuestas que son debatidas en el Concejo en Lo que debe saber del POT de Bogotá

“Si alguien quiere comprar una vivienda así de chiquita está en todo su derecho. Lo que es inaudito es que estos proyectos estén definidos como vivienda de interés social. O ¿será que hay bogotanos de bajos ingresos que van a comprar apartamentos de menos de 20 metros cuadrados a más de 9 millones de pesos el metro en el Parque de la 93?”, indicó el concejal Diego Laserna (Alianza Verde).

En el país, las VIS son casas o apartamentos destinados a personas de ingresos bajo, que cuestan menos de 150 salarios mínimos mensuales, es decir $136 millones, y tienen todas las condiciones de habitabilidad, estándares de calidad de diseño y construcción.

Le puede interesar: ¿Qué es el POT?

Pero los cuestionamientos sobre estas viviendas llegan cuando se analizan sus condiciones en la ciudad y se determina que de 180 proyectos VIS, en 32 el precio del metro cuadrado está por encima de los $5,5, lo que pone en duda si en verdad se está beneficiando a la población a la que se quiere atender con esta figura.

Por otro lado, está el papel de los constructores, ya que por la construcción de este tipo de viviendas reciben incentivos que van desde la devolución del IVA de los materiales utilizados en la obra hasta reducciones en los impuestos de renta sobre las utilidades generadas.

Lea: Así se dividirán las nuevas localidades en Bogotá ¿Dónde quedará su barrio?

“Ahí no hay nada ilegal, pero no tiene ningún sentido que en un país donde tener vivienda propia es el sueño frustrado de millones de personas, el gobierno esté destinando descuentos tributarios a proyectos inmobiliarios en las zonas más exclusivas de Bogotá, donde muy difícilmente va a poder acceder un bogotano de bajos ingresos.”

Para la urbanista Patricia Acosta, profesora de la Universidad del Rosario, con esto se evidencia que se han dado buenos pasos en el país en materia de acceso a vivienda propia, pero faltan acciones para completar el proceso. “En Estados Unidos tienen mecanismos controlados de este tipo de viviendas. El asunto es que acá no nos hemos inventado eso todavía y desde el urbanismo podemos garantizar que se produzcan las unidades pero no la parte de a quién se le vende o no”

Además la experta señala que para lograr ese control se requieren de políticas que no van a solucionar los planes de ordenamiento territorial (POT), pero que serán fundamentales para controlar este tipo de dinámicas que se repiten, especialmente con apartamentos para universitarios y otros que son adquiridos especialmente para luego ser arrendados.

“Queremos que los POT arreglen el mundo, pero en este caso se necesita de otros complementos que hacen parte de políticas de hábitat más completas, en donde una porción tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero otra parte con los programas de subsidio, cómo se organiza, las adjudicaciones e incluso terminan siendo responsabilidades compartidas o fragmentadas de la Nación, las alcaldías y las cajas de compensación”, dijo Acosta.

Una alerta se lanzó en el Concejo ante el desarrollo de cuatro programas de vivienda de interés social (VIS) en los alrededores del Parque de la 93. Lo curioso es que se trataría de apartamentos de menos de 20m2, en los que el valor del metro cuadrado estaría por encima de los $9 millones.

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“Si alguien quiere comprar una vivienda así de chiquita está en todo su derecho. Lo que es inaudito es que estos proyectos estén definidos como vivienda de interés social. O ¿será que hay bogotanos de bajos ingresos que van a comprar apartamentos de menos de 20 metros cuadrados a más de 9 millones de pesos el metro en el Parque de la 93?”, indicó el concejal Diego Laserna (Alianza Verde).

En el país, las VIS son casas o apartamentos destinados a personas de ingresos bajo, que cuestan menos de 150 salarios mínimos mensuales, es decir $136 millones, y tienen todas las condiciones de habitabilidad, estándares de calidad de diseño y construcción.

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Pero los cuestionamientos sobre estas viviendas llegan cuando se analizan sus condiciones en la ciudad y se determina que de 180 proyectos VIS, en 32 el precio del metro cuadrado está por encima de los $5,5, lo que pone en duda si en verdad se está beneficiando a la población a la que se quiere atender con esta figura.

Por otro lado, está el papel de los constructores, ya que por la construcción de este tipo de viviendas reciben incentivos que van desde la devolución del IVA de los materiales utilizados en la obra hasta reducciones en los impuestos de renta sobre las utilidades generadas.

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“Ahí no hay nada ilegal, pero no tiene ningún sentido que en un país donde tener vivienda propia es el sueño frustrado de millones de personas, el gobierno esté destinando descuentos tributarios a proyectos inmobiliarios en las zonas más exclusivas de Bogotá, donde muy difícilmente va a poder acceder un bogotano de bajos ingresos.”

Para la urbanista Patricia Acosta, profesora de la Universidad del Rosario, con esto se evidencia que se han dado buenos pasos en el país en materia de acceso a vivienda propia, pero faltan acciones para completar el proceso. “En Estados Unidos tienen mecanismos controlados de este tipo de viviendas. El asunto es que acá no nos hemos inventado eso todavía y desde el urbanismo podemos garantizar que se produzcan las unidades pero no la parte de a quién se le vende o no”

Además la experta señala que para lograr ese control se requieren de políticas que no van a solucionar los planes de ordenamiento territorial (POT), pero que serán fundamentales para controlar este tipo de dinámicas que se repiten, especialmente con apartamentos para universitarios y otros que son adquiridos especialmente para luego ser arrendados.

“Queremos que los POT arreglen el mundo, pero en este caso se necesita de otros complementos que hacen parte de políticas de hábitat más completas, en donde una porción tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero otra parte con los programas de subsidio, cómo se organiza, las adjudicaciones e incluso terminan siendo responsabilidades compartidas o fragmentadas de la Nación, las alcaldías y las cajas de compensación”, dijo Acosta.