Los estragos del licor

Daniela Díaz Vanegas se recupera en su casa luego de recibir el impacto de una bala perdida en la frente debido a una pelea entre borrachos. / Óscar Pérez

Daniela Díaz Vanegas, una pequeña de ocho años de edad, es la sobreviviente de una bala perdida que cruzó una de las ventanas de su casa en el barrio El Portal, localidad Rafael Uribe Uribe, luego de una riña entre dos borrachos.

La tarde del domingo 28 de julio Daniela jugaba en la cama de su mamá con algunos muñecos cuando tres disparos atravesaron la ventana de la habitación. Uno de ellos perforó el lado derecho de su frente. En segundos quedó inconsciente y casi dos horas después, a sus ocho años de edad, estaba en medio de una complicada cirugía en la que los médicos del Hospital El Tunal lograron extraer la bala de su cabeza.

“Ese domingo hubo una pelea frente a mi casa por un juego de rana”, dice Luz Vanegas, mamá de Daniela y de otros 13 hijos. La mujer recuerda que un familiar suyo llegó alrededor de las 4:00 p.m. a la casa con el rostro ensangrentado. Había estado tomando con el vecino, José Gustavo Bernal Cataño, quien le reclamó por haberle ganado la partida y luego le cortó la cara con una botella rota.

Bernal se fue, pero “faltando 10 minutos para las 7 de la noche volvió alegando, tratándonos mal. Mi familiar salió y ahí fue cuando empezó la balacera”. Adentro, Daniela -que nada tenía que ver con las cuentas pendientes entre los dos hombres borrachos- quedó inconsciente en segundos. Manuel Díaz, su papá, y Laura, su hermana mayor, buscaron ayuda para llevarla al Hospital El Tunal.

Daniela volvió a su casa el miércoles pasado. Fueron necesarios 15 días para que despertara del profundo sueño en el que estuvo cuando, después de la operación de siete horas para extraerle la bala que penetró su frente, los médicos decidieron inducirle el estado de coma con el fin de que su cerebro estuviera en reposo, según explica el doctor Mauricio Jiménez, quien atendió el caso de la niña en el Hospital El Tunal.

Mientras la menor se debatía entre la vida y la muerte, el responsable de los hechos se daba a la fuga. Del  paradero de José Gustavo Bernal Castaño, alias  ‘Gato’ poco se sabía. Sin embargo las autoridades tenían claro que se trataba de un sujete peligroso pues  en su  prontuario n  estaban los  delitos de acceso carnal abusivo, violencia intrafamiliar y  lesiones personales. También pesaban  dos condenas por hurto y concierto para delinquir y  la  policía ofrecía $20 millones por información que llevará a su paradero. Fuentes policiales le aseguraron a este diario que alias ‘Gato’ ya había estado en la cárcel Modelo.

 Ayer las autoridades  confirmaron que   Bernal Castaño fue capturado el domingo hacía la media noche   en Acacías (Meta) al igual que  su esposa Jeimi Paola Salas, detenida  en Soacha,  quien, según la familia Díaz Vanegas, le habría entregado el arma con la que disparó y finalmente hirió a la pequeña Daniela.

Un decreto contra las riñas

Cuatro días antes de la pelea entre los dos borrachos que llevó a Daniela a cuidados intensivos, el Distrito había dispuesto cambios en el funcionamiento de las tiendas que expenden licor en las localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Mediante el decreto 330 del 23 de julio les ordenó a los tenderos que entre el 24 de julio y el 24 de agosto abrieran sus negocios a las 10:00 a.m. y los cerraran a las 9:00 p.m. El objetivo de la administración era reducir las riñas por cuenta del consumo de alcohol, que estaban desbordadas en estas zonas.

Al día siguiente de conocer la nueva medida, gremios como Fenalco alzaron la voz. Era la primera vez que el Distrito no restringía solamente el horario para el expendio de licor, sino que ahora, además, modificaba el funcionamiento de las tiendas. Este sector comercial prendió las alarmas sobre las pérdidas que podrían tener los tenderos al estar obligados a permanecer cerrados hasta las 10:00 a.m., perdiendo ventas en productos para el desayuno y las onces de los estudiantes.

Esperanza Ríos es una mujer de 40 años que dejó su trabajo en una empresa para dejar de ser empleada y montar su propia tienda en la casa donde vive, en la localidad de Suba. Apenas se enteró del nuevo horario que tendría, se dirigió a la Alcaldía Local y contactó a otros tenderos para pedir al Distrito que detuviera el experimento. Tan sólo en una semana sus ventas diarias bajaron de $500.000 a $200.000, mientras que el arriendo sigue siendo de $1 millón, dice Esperanza mientras enseña los ponqués, la leche, los yogures que están a punto de vencerse. Lo grave para ella es que de su negocio también dependen su hermano, su mamá, el joven que hace los domicilios y la señora que hace el aseo.

La tienda de Esperanza está llena de estanterías para las golosinas de los niños, refrigeradores y vitrinas. “Acá no hay espacio para que la gente venga a quedarse tomando. Esta es una zona de conjuntos cerrados, así que si la gente compra trago se lo lleva a sus apartamentos o nos piden el domicilio. Sabemos que hay otros barrios de la localidad que sí tienen problemas con las peleas por borrachos, pero acá no. El alcalde debe hacer educación para el consumo controlado y poner pie de fuerza de la Policía”.

El quite al decreto

En el barrio El Portal de la localidad Rafael Uribe Uribe,  al extremo sur de Bogotá, hay carteles en los que la Policía pide información sobre el paradero de José Gustavo Bernal, a quien la familia Díaz Vanegas denunció por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas luego del disparo que recibió Daniela. Luz asegura que no era la primera vez que este hombre se emborrachaba y reaccionaba enviando tiros al aire. Dice también que en su barrio son cotidianos los dramas por cuenta del mal manejo de los tragos y que de nada ha servido el decreto que ordenó el cierre de las tiendas que expenden licor a las 9:00 p.m., porque los comerciantes lo siguen vendiendo con el lugar cerrado, por las ventanas.

De hecho, la alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe, Diana Montoya, confirma esta consecuencia del decreto: “Ahora la gente está llevando el trago a sus hogares y ocurre un homicidio porque el señor llegó borracho, o una pelea porque el vecino saca su equipo de sonido en la mitad de la calle, por ejemplo”.

La funcionaria está convencida de que, además de modificar los horarios, la tarea que falta es fomentar el consumo y la venta responsables de licor. “Hay que hacer jornadas educativas, especialmente para menores de edad, que están generando la mayor cantidad de riñas. Pero también campañas por parte de los tenderos y los grandes distribuidores, que ganan un gran recurso” por cuenta del licor.

Cuando la Policía no da abasto

Al consultar de dónde surgió la idea del decreto que firmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, fuentes de las siete localidades donde se aplica la medida que han trabajado en los procesos de seguridad y convivencia ciudadana coincidieron en que en las mismas alcaldías locales se habló del tema debido a que la Policía ya no tenía cómo controlar las múltiples riñas.

En la capital colombiana hay cerca de 40.000 tiendas y el 75% de ellas expende licor. Entre tanto, los datos de la Secretaría de Gobierno señalan que el pie de fuerza es de 20.000 policías. En medio de la polémica que generó la expedición del decreto 330 por parte de una administración que ha defendido la despenalización de la dosis mínima de marihuana pero declara el consumo de alcohol como un problema de salud y seguridad pública, Jaramillo señaló que la Policía Nacional le había dicho a la administración distrital “que le queda muy difícil controlar 40.000 bares o cantinas en Bogotá”.

Para las autoridades, lidiar con las riñas en las localidades es cada día más difícil. En la madrugada del domingo 5 de agosto, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, el subintendente Marcos Puerto Vargas verificaba que las tiendas y bares del barrio La Península ya hubieran cerrado. De pronto vio que en una de las esquinas había una pelea y fue junto con su compañero de turno a ver qué pasaba. Se trataba de un grupo de unos 30 jóvenes, todos de 16 a 19 años, que habían salido de una fiesta organizada por un habitante del sector. “Cuando fuimos a hacer la requisa nos rodearon, nos empezaron a agredir y uno de ellos me atacó con un cuchillo sin parar”, recuerda el uniformado.

Puerto Vargas, de 37 años, se salvó de sufrir una lesión de mayor gravedad en los pulmones o algún otro órgano vital por la protección del chaleco antibalas. Sólo sufrió una abertura en la parte superior izquierda de la espalda. Pero algunos de sus compañeros no han corrido con la misma suerte. Uno de ellos casi muere en una situación similar en la que un grupo de borrachos le perforó el chaleco en varios puntos y una de las puñaladas alcanzó el cuello del uniformado de 21 años, que días después quedó ciego.

Las secuelas de por vida

Mientras en la ciudad y el país se siguen escuchando las historias de riñas causadas por borrachos o los dramas de las muertes a manos de conductores ebrios, como el que mató a dos ciclistas este fin de semana en Santander, en Bogotá la familia de Daniela Díaz Vanegas enfrenta las nuevas condiciones que tiene que vivir junto a la niña.

Daniela está usando pañal porque no tiene control de su orina ni de sus excrementos, a veces ve borroso y en cualquier momento empieza a gritar y llorar. Esas son algunas de las marcas que tiene que enfrentar con terapia de rehabilitación psicológica, pues perdió parte del tejido del cerebro en una zona que controla el comportamiento y el temperamento, explica el doctor Mauricio Jiménez. También es posible que quede con síndrome convulsivo, no se sabe por cuánto tiempo.

Por ahora, Daniela descansa en la misma cama donde estaba cuando recibió el impacto de bala. Luz cambió de lugar los muebles. El armario que antes estaba junto a la puerta de la habitación, hoy está en la ventana contra la que disparó Bernal, como una suerte de estrategia de protección y en un intento por evadir el horror que les produce el recuerdo. “La niña no sabe lo que pasó. Ella piensa que se cayó cuando elevaba una cometa”, dice su mamá.

El doctor Jiménez explica que el estado de salud de Daniela es bueno, más aún si se tiene en cuenta que lo que le pasó es una situación mortal en más del 90% de los casos. “Ella habla, come, se moviliza. Es una recuperación prácticamente milagrosa. Sólo a largo plazo se sabrá cuáles son las secuelas definitivas”. Aunque en el hospital le dieron 15 días de incapacidad a la niña, Luz, su mamá, teme llevarla al colegio y que se caiga o algún niño le pegue accidentalmente o le pregunten por la herida que tiene en la cabeza. La familia también está preocupada por el dinero. Manuel, el papá de la niña, perdió su trabajo como bicitaxista luego de los permisos que debió pedir durante los 17 días que su hija estuvo interna en la unidad de cuidados intensivos.

Daniela, Esperanza y Marcos son los rostros del debate que vive Bogotá por cuenta de los estragos del licor. Mañana la Alcaldía firmará un pacto con los tenderos y los gremios para avanzar en una campaña de consumo responsable en la que los mismos comerciantes asumieron la tarea de no venderles trago a las personas en avanzado estado de embriaguez. De momento el secretario de Gobierno dijo que el decreto no se prorrogará más allá del 24 de agosto, a menos que las riñas por el alcohol aumenten en otras localidades.

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@VeronicaTellez