14 Apr 2019 - 2:00 a. m.

Los proyectos que enfrentan a Peñalosa con los ambientalistas

Algunos de los planes más ambiciosos del alcalde han sido seriamente criticados. Aunque el Distrito los defiende, otros cuestionan el posible impacto que a largo plazo causarían en el medioambiente. ¿Qué razones motivan su desarrollo?

Felipe García Altamar - Mónica Rivera Rueda / fgarcia@elespectador.com - mrivera@elespectador.com

Algunos de los proyectos han sido tan complicados de ejecutar, que el Distrito ha tenido que llegar a diferentes puntos con el escuadrón antidisturbios (Esmad). / Mauricio Alvarado - El Espectador.
Algunos de los proyectos han sido tan complicados de ejecutar, que el Distrito ha tenido que llegar a diferentes puntos con el escuadrón antidisturbios (Esmad). / Mauricio Alvarado - El Espectador.

La llegada de Enrique Peñalosa al Palacio Liévano significó un giro de 180° a la forma en que se venía priorizando la inversión en Bogotá. Durante tres administraciones, el sector social (salud, cultura, ambiente y educación) fue el eje del modelo de ciudad. Una vez Peñalosa asumió por segunda vez como alcalde de la capital, la inversión principal se reasignó a temas de movilidad, seguridad, planeación e infraestructura, en sintonía con un modelo de ciudad basado en el desarrollo a partir de las obras.

Como la mayoría de los proyectos contemplan la intervención de zonas verdes, el grupo con el que más choques ha tenido esta administración es el de los activistas ambientales, que caricaturizan a Peñalosa como un “depredador de la naturaleza”, por proponer proyectos que incluyen tocar humedales, los cerros y otros espacios verdes.

Para el Distrito, el desacuerdo con sus proyectos banderas está basado en temas políticos y a menudo ha señalado a los ambientalistas como activistas afines a la oposición. Además, considera que la obstrucción a dichos planes no tiene el suficiente soporte técnico, contrario a los que sí tienen los planes de la administración.

El resultado de esta rivalidad es que los proyectos más importantes de Peñalosa apenas se pondrán en marcha durante los últimos meses de su administración, debido a que en casi todos se libran luchas legales que buscan impedir su ejecución. Además, la disputa logró encasillar a Peñalosa como enemigo del medioambiente y a los ambientalistas como activistas de izquierda. Acá un recuento de los planes más importantes que han enfrentado a las partes.

Sendero de las Mariposas

Su principal fin es unir, a través de los cerros y de un sendero turístico, a la localidad de Usme con el municipio de Chía y el proyecto de Ciudad Norte Lagos de Torca. Al respecto, el alcalde Enrique Peñalosa ha señalado que será un gran espacio de alrededor de 100 kilómetros, que tendrá ciclorrutas, accesos y caminos para personas en condición de discapacidad, un puente peatonal colgante de 300 metros (que conectará Monserrate con Guadalupe), un teleférico en Usaquén y una interconexión con el parque Tominé, entre los municipios de Guatavita y Sesquilé.

Por su parte, el Acueducto, encargado del proyecto, ha asegurado que las obras permitirán establecer un sistema cortafuegos, que facilitará el ingreso de los bomberos para controlar incendios en los cerros, mientras se saca adelante el proyecto de restauración ecológica en los cerros, que prevé el reemplazo de cultivos, retamos, pinos y eucaliptos por árboles nativos.

El plan, que se viene planteando desde 2005, no ha sido bien visto por los habitantes de zonas aledañas ni activistas. Los habitantes del sector La Cecilia, por ejemplo, han protestado porque consideran que el sendero los obligaría a salir de la zona y a abandonar el proceso a través del cual han recuperado parte de la ronda del río Fucha, que lo atraviesa.

En su momento, la hoy exsecretaria de Planeación, Mercedes Maldonado, aseguró que “lo que se pretende no está permitido por el Plan de Manejo de los Cerros, salvo que fueran senderos contemplativos, con control de carga. Creemos que puede ser una intervención agresiva, pues en la zona habrá restaurantes, baños y servicios que afectarían las acciones dirigidas a proteger el derecho colectivo del medioambiente”.

Tala de árboles

La controversia comenzó en mayo de 2018 con la tala de 47 árboles, en el parque El Virrey. Lo que para los vecinos del barrio El Chicó fue un arboricidio, que incumplió los acuerdos entre comunidad y autoridades, para el Distrito se trató de un proceso de arborización, en el que se reemplazaron árboles débiles y enfermos por nuevos arbustos de especies nativas.

A partir de ahí, en distintos puntos, los ciudadanos empezaron a reportar nuevas talas. No todas eran en parques ni obedecían a un mismo propósito. Por ejemplo, la polémica que siguió fue en la calle 116, donde el Distrito adelantó el corte de unos 30 árboles. En ese entonces, el Jardín Botánico, responsable de las talas, argumentó que se trataba de una “plantación estratégica” de 55 árboles, para ayudar a enfriar el aire y reducir las islas de calor.

Sin embargo, en este punto hay una profunda diferencia, pues uno de los principales argumentos de los ambientalistas es que los beneficios que generan los árboles adultos y consolidados no se pueden equiparar con la de pequeños arbustos, que apenas están en crecimiento. A esa crítica se sumó otra: los $501.341 que hoy cuesta talar un árbol.

Según los críticos, el plan de la administración es talar 34.000 individuos, lo que a la larga le podría costar a la Alcaldía al menos $17.361 millones cuando cumpla el cronograma.

El punto más crítico de este debate llegó en enero de este año cuando vecinos de Bosques de San Carlos, Bosque Bavaria, Ciudad Berna y los parques Felicidad, Modelia, Normandía, Humboldt, Nacional, El Japón, El Virrey e Iberia, y los canales Córdoba, Boyacá y San Francisco protestaron de forma simultánea por los planes en sus barrios. En todos los casos, paradójicamente, la queja iba acompañada de una oposición al proyecto del Distrito de renovar algunos parques.

El plan, que ya está en marcha, va en sintonía con el Plan de Desarrollo, que propuso remodelar varios escenarios deportivos. Para hacerlo, era necesario cambiar los planos de varios parques, con el fin de incluir, entre otras cosas, canchas sintéticas, luminarias, senderos y mobiliario como gimnasios al aire libre y juegos infantiles. Dicha modificación implicaba un nuevo diseño paisajístico en las zonas verdes, incluyendo la tala de árboles.

La controversia fue tal, que las quejas llegaron a la Personería y a la Procuraduría, que pusieron lupa al tema y le pidieron al Distrito justificar mejor los planes en estas zonas, así como especificar las compensaciones que se harán en cada caso. Hoy, producto de algunas acciones judiciales, algunos de los entes de la Alcaldía (como el Acueducto) han tenido que modificar sus proyectos.

Urbanizaciones en el norte y la Van der Hammen

Habilitar suelo en el norte de Bogotá ha sido uno de los principales retos de la actual administración. Bajo la premisa de que la ciudad necesita más vivienda para atender el futuro crecimiento poblacional, el Distrito dio luz verde al proyecto de urbanizar 1.800 hectáreas, que componen el proyecto Lagos de Torca, ubicado entre la calle 183 y Chía.

En este caso, los constructores acceden (bajo la ley de reparto de cargas y beneficios) a licencias de construcción a cambio de dar tierras y recursos para el desarrollo de vías, parques y proyectos distritales, como el traslado del hospital Simón Bolívar.

El proceso tiene prevista la ampliación de la carrera séptima y el compromiso de que se construirán 128.000 viviendas, de las cuales el 30 % se destinará para interés social (VIS) y prioritario (VIP). No obstante, lo que más preocupa a sus contradictores son los efectos ambientales que esto podría generar, pues de acuerdo con sus estudios, la urbanización de esta zona podría poner en riesgo la conectividad de los cerros orientales con el río Bogotá, generando la desaparición de especies propias de esta zona, como ocurrió con obras viales en el pasado.

Al mismo tiempo, muy cerca de allí, el Distrito sigue impulsando el plan que le permita intervenir la reserva Van der Hammen. Para ello, desde el año pasado presentó una solicitud a la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para que autorice la sustracción de un pedazo de la zona protegida, para construir vías; la recategorización, de productora a protectora, y la realinderación, para crear corredores ambientales y tener la opción de urbanizar.

En el proceso, habitantes de la zona y algunos ambientalistas se han organizado alrededor de una veeduría ciudadana, en defensa de la reserva ambiental. Este grupo ha recalcado la importancia de mantener y proteger la Van der Hammen. Cuestionan, además, que la intervención que propone el Distrito no tiene sustento para garantizar la compensación ambiental ni tiene en cuenta las condiciones y la riqueza del suelo en esta zona.

Para frenar el proyecto se han interpuesto múltiples acciones, la más reciente fue la de la senadora Angélica Lozano contra el proceso que se surte en la CAR,  en las que se alegan los daños ambientales que conllevaría intervenir la reserva. Pese a ello, ninguna de las acciones judiciales ha prosperado. Por el contrario, una magistrada del Consejo de Estado ordenó al ente ambiental tomar una pronta decisión frente al tema, de la cual hasta ahora solo se estudia la sustracción. Para la funcionaria ambiental, el plan del Distrito es la mejor opción para la reserva.

Intervenciones en humedales

Desde su Plan de Desarrollo, Peñalosa habló de su intención de hacer de los humedales espacios abiertos a toda la ciudadanía. Para lograrlo es necesario intervenirlos, con el fin de adecuarles senderos, ciclorrutas, aulas ambientales, plazoletas, observatorios, miradores y otro tipo de mobiliario, para que no sean vistos como espacios desarticulados del circuito urbano de la ciudad.

El choque comenzó con la construcción de la primera pista profesional de BMX en inmediaciones del humedal Salitre, que pese a cumplir con las normas ambientales según el Distrito, para los ambientalistas ponía en riesgo el ecosistema, al no tener un plan de manejo ambiental.

La situación se complicó en octubre de 2017, cuando la Secretaría de Ambiente expidió un decreto que modificó el concepto de recreación pasiva, incluido en la política de humedales y que limitaba las obras en la zona de protección. En el nuevo decreto decía que dicha prohibición iba en contravía del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.

Los ambientalistas demandaron la decisión, al considerarla en detrimento del ambiente y resaltando los efectos negativos que tendrían obras como senderos o ciclorrutas en los ecosistemas. La queja quedó en manos de un juez administrativo, quien, mientras toma una decisión de fondo, suspendió en diciembre pasado el decreto.

Aunque los defensores de los humedales celebraron la medida, al considerar que era un freno a la intervención de los humedales, para el Distrito no ha implicado un cambio, pues según dice es provisional y no afectaba los planes, ya que las obras se amparan en el POT, que es una norma superior.

Bajo esta justificación, en las últimas semanas siguió, por ejemplo, con intervenciones como las que se llevan a cabo en los humedales Juan Amarillo y Jaboque. Ambas han generado intensos choques entre el Distrito, activistas y vecinos, quienes consideran que se afectará su calidad de vida, pues no solo se pondrá en riesgo la flora y fauna, sino que, a la larga, podría derivar en inundaciones en el occidente de la ciudad y en perder una herramienta contra el cambio climático.

No obstante, la Alcaldía insiste en la defensa de sus proyectos. Por ejemplo, ha explicado que en el humedal Jaboque, en Engativá, se pretenden generar espacios para la contemplación y educación ambiental a través de miradores, aulas ambientales y 5,5 kilómetros de sendero peatonal y ciclorrutas. En el Juan Amarillo, ubicado entre Suba y Engativá, también se construye un sendero de 6,7 kilómetros, para peatones y bicicletas. Además, contará con un puente de 1,4 kilómetros, que conectará las localidades.

Nuevos buses de Transmilenio

Desde 2013, Transmilenio (TM) debía renovar su flota más antigua de buses, que empezó a andar en 2000. Sin embargo, solo hasta noviembre de 2018 finalmente se concretó la compra de 1.441 articulados y biarticulados, que reemplazarán 1.162 buses que ya cumplieron su vida útil.

Cuando se abrió la licitación para la renovación de los buses, en diciembre de 2017, el Distrito proyectó que los tendría circulando por la ciudad, mínimo a diciembre de 2018. No obstante, los pliegos del proceso recibieron más de 1.600 observaciones por parte de académicos, entes de control, ambientalistas, concejales y congresistas, lo que obligó a dilatar el proceso y la adjudicación. Por esta razón, solo hasta el segundo semestre de este año se verán los nuevos buses rodando por las troncales del sistema.

La mayoría de los reparos se enfocaron en la falta de incentivos para promover la compra de buses con tecnologías limpias, es decir, eléctricos o de gas. Según los críticos del proceso, los términos de la licitación no respondían a la preocupación global por la calidad del aire, pues afirmaban que incentivaban la llegada de más buses diésel, una tecnología que se está prohibiendo de forma paulatina en Europa.

Tras dicha observación, el Distrito cambió las condiciones y pasó de otorgar 100 puntos a 400 para las empresas que ofrecieran buses con tecnologías limpias. Pese a que los detractores lo pidieron en repetidas ocasiones, nunca se exigió una cantidad mínima de buses de gas o eléctricos, porque, según TM, el mercado de Colombia es muy reducido y se podría direccionar la licitación hacia uno o dos oferentes, lo cual podría implicar problemas en el proceso.

La adjudicación de los contratos determinó que 741 buses serán de gas y 700 de diésel. Para TM, esta adquisición garantiza una reducción del 0,3 % en el nivel de emisiones contaminantes, pues además dijo que los buses diésel tendrán filtro para atrapar partículas peligrosas para la salud.

Sin embargo, para los ambientalistas esta apuesta es insuficiente y basan su reclamo en que las principales ciudades de Europa se han propuesto eliminar el diésel de todos sus vehículos a partir de la próxima década, mientras que los nuevos buses de Bogotá rodarán, por lo menos, hasta 2030.

Adecuaciones en el embalse San Rafael

El embalse, a las afueras de la ciudad, es uno de los más importantes no solo por su carácter ambiental, sino porque de allí sale gran parte del agua que se consume en la capital.

Dentro de los proyectos de renovación de Peñalosa está su intervención, que tiene prevista la construcción de un complejo turístico, en el que habrá senderos, ciclorrutas, muro de escalada, zona de picnic, restaurantes, recorridos guiados y un cable aéreo que conectará a Bogotá con La Calera.

“Se podrá aprovechar este parque, 12 veces más grande que el Simón Bolívar, con 12.000 hectáreas de naturaleza a disposición y disfrute de todos. Contará con dos muelles para poder disfrutar el paisaje de este embalse, que nos ofrece un equilibrio entre naturaleza y la ciudad”, aseguró durante la apertura de la licitación la gerente de la Empresa de Acueducto, Lady Ospina.

A pesar de que promete ser un nuevo atractivo turístico, tanto los políticos de oposición como el sindicato del Acueducto de Bogotá han pedido medidas cautelares contra el proyecto, al considerar que se talarán más de 9.000 árboles, así como se han causado afectaciones a la Casa El Carmen, propiedad del Acueducto, que se habilitará para la venta de alimentos.

A la par, los habitantes de la zona y del municipio de La Calera advierten que las acciones que se tomarán en la zona generarán graves afectaciones ambientales y, de paso, perjudicarán la movilidad del municipio, debido a que no existen vías alternas al lugar.

Por ahora el proceso continúa sin irregularidades y se espera que la licitación para la construcción del metrocable, que sería una solución a la movilidad, se abrirá a mitad de este año. 

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