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Bogotá tiene un sistema de salud mayoritariamente privado que se ve amenazado por la reforma del gobierno, por lo que el nuevo alcalde debería liderar su defensa, que además sirva de ejemplo para el país que anteponga el interés de los pacientes al de ideologías políticas que pretenden volverlo público.
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El electo alcalde de Bogotá tiene el enorme reto de liderar en la ciudad y servir de ejemplo para todo el país, para que la tempestad generada en torno a las discusiones sobre la reforma al sistema de salud que han estado orientadas solo en quien controla sus recursos, retome el cauce de lo fundamental que parecería se les olvidó: el paciente y el buen servicio.
La reforma a la salud planteada por el actual gobierno ha girado en torno a una discusión ideológica acerca de quién y por qué debería manejar la salud. En este propósito, se han empecinado en desacreditar la participación del sector privado en su gestión, a la que consideran atenta contra la moral pública, en especial si con ella se genera algún tipo de lucro, y que, por lo tanto, claman que sea substituida por el control público absoluto.
Bogotá tiene un sistema de salud que es privado en un 85% cuya existencia se ve amenazada por este tipo de propuestas. Su desmonte, como lo propone la reforma para reemplazarlo por uno público, representa un enorme riesgo para la atención en salud de 8 millones de bogotanos, en especial aquellos de mayor vulnerabilidad social y económica.
Nunca este gobierno ha sido claro porque este nuevo modelo va a ser mejor para el paciente, limitándose a desacreditar el actual, a pesar de que las cifras de resultados en salud señalan una cosa muy diferente. Además, el hecho de que hasta el día de hoy no han sido planteados los costos que va a implicar este esquema y el tiempo que tardaría en ponerse en marcha, generan enormes dudas sobre su capacidad para garantizar la calidad y continuidad de los servicios actuales.
No es defender un negocio privado como lo señala esta administración al tratar de deslegitimar a quienes critican su reforma. Es una preocupación fundada en la inexistencia de evidencia empírica y en el desconocimiento de la historia para sustentar cambiar lo que hoy se tiene. Y un reclamo social legítimo del interés de pacientes y ciudadanos que debería primar sobre intereses de ideologías políticas que pretenden convertir la salud en una herramienta de lucha partidista.
Así como la ciudadanía se manifestó mayoritariamente en las urnas el pasado 29 de octubre en contra de afectar el desarrollo del Metro en construcción. ¿Por qué su gobernante, ya elegido en defensa y representación de pacientes y ciudadanos, no lo hace también con claridad y firmeza en torno a la propuesta de reforma del gobierno que amenaza con afectar la salud de los bogotanos?
No son meras suposiciones, los hechos demuestran que ya lo vienen haciendo al haber paralizado la construcción del nuevo hospital San Juan de Dios, obra completamente financiada y contratada desde 2020, que hoy en día ya debería estar terminada al servicio de una de las zonas más deprimidas de la ciudad.
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