Los retos que vienen para Bogotá en materia LGBT

Ningún candidato a la Alcaldía de Bogotá menciona más de tres veces la sigla LGBT en su plan de gobierno. De hecho, Miguel Uribe Turbay no lo hace ni una sola vez. La y los candidatos le deben hoy a la ciudad sus propuestas concretas en torno a la comunidad LGBTI y la política pública para la garantía de sus derechos.

El plan de acción actual (la carta de navegación de la política pública) tiene vigencia hasta el 2020. De acuerdo con la modificación en la metodología del CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), el próximo plan de acción de la política pública LGBTI tendrá una vigencia de 20 años. Por este motivo, el o la alcaldesa tendrá la inmensa responsabilidad de formularlo y garantizar su adecuada ejecución.

Juan Carlos Prieto ha sido el Director de Diversidad Sexual del Distrito hace más de ocho años. Su labor, entre muchas otras, es coordinar la política pública para la garantía de derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, hombres y mujeres transgénero y demás identidades sexuales en Bogotá. Juan Carlos afirma que “con más 12 años de implementación de la política, se han logrado avances en materia presupuestal y de institucionalización”. No obstante, Prieto también admite que aún quedan procesos y proyectos por consolidar.

Derechos trans son derechos humanos

Según el funcionario, “uno de los mayores retos para la próxima Alcaldía será garantizar la protección de los derechos de las personas transgénero. Hoy, las mujeres y hombres trans que han visibilizado sus peticiones en defensa de sus derechos requieren una línea de acción concreta pues su situación de acceso a la salud, al trabajo y vivienda es preocupante”.

Lisdey Valerien Salazar, una mujer trans de 37 años, quien trabaja en la Secretaría de la Mujer hace siete años, coincide en este punto con Juan Carlos. Ella además de ser víctima del conflicto armado también ha sufrido de discriminación y estigmatización por su identidad sexual. “Hoy acceder a un trabajo digno para una mujer trans es casi imposible, y si lo logra, así como yo, se expone a ser juzgada, al murmullo y la risa”, asegura Lisdey.

Al preguntarle sobre la gestión de la Alcaldía, a pesar de trabajar en una entidad pública, Lisdey es consciente que la población trans no ha recibido la atención suficiente; ni por parte del Distrito ni de los medios de comunicación. “He trabajado en organizaciones sociales, y es ahí donde más apoyo he sentido desde que llegué a Bogotá”, añadió.

No es agenda, es educación

Uno de los derechos a partir de los que se construyó la política pública LGBTI fue el derecho a la educación. En este aspecto, la Dirección de Diversidad Sexual afirma que es un tema para “tratar con pinzas”. No se trata de una imposición de agenda LGBT en los colegios, sino de un enfoque pedagógico con los docentes y de acompañamiento a los padres de familia.

Como lo afirma el Ministerio de Educación en el informe «Enfoque e Identidades de género: para los lineamientos polìtica de educación inclusiva» “La experiencia de discriminación de la población LGBTI en contextos educativos es invariablemente alta, cualquiera que sea el nivel de escolaridad de las personas. Se nota, sin embargo, que es citada con más frecuencia por los más jóvenes. La mención a este tipo de discriminación alcanza el 60% entre las personas de 14 a 19 años de edad.”

Es por este motivo que, el desafío en materia de educación está enmarcado —entre muchos otros—en términos de cobertura y también de contenido alrededor de la prevención de violencia. Frente a este tema, Juan Carlos Prieto afirma que “Es clave continuar con la lucha incesante contra la discriminación”.

En el último informe de Colombia Diversa y SinViolencia LGBT, Colombia es el segundo país con la tasa más alta de muertes violentas de población LGBTI en América Latina, entre el 2014 y 2019. De esta cifra se estima que el 30% de los homicidios registrados fueron crímenes por prejuicio, es decir, aquellos que se cometieron por la percepción de inferioridad de la víctima, en este caso, por su orientación sexual o identidad de género. Estos crímenes, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están asociados a las “normas sociales tradicionales sobre género y sexualidad, y a la discriminación generalizada por parte de la sociedad hacia las orientaciones e identidades no normativas”.

Frenar la violencia

Emilia Márquez, antropóloga y directora del Observatorio de Sexo de Temblores ONG, asegura que “aunque en Bogotá la política pública lleva más de una década de implementación, las cifras de Medicina Legal de violencia hacia la población LGBT han ido aumentando”.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la violencia policial contra las personas LGBT. En este informe, se concluyó que el tercer actor más violento hacia esta población es la Policía Nacional. De hecho, según la entidad, las mujeres transgénero y los hombres gais (trabajadoras y trabajadores sexuales o personas en situación de habitabilidad de calle) son la población más vulnerable al abuso de la autoridad policial. Sumado a esto, la Defensoría encontró que en Bogotá hay un aumento de amenazas a personas LGBT por parte grupos armados al margen de la ley, algunos de ellos operan en el barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires.

Adicionalmente, Márquez afirma que “es urgente fortalecer los mecanismos de denuncia ya que programas como la Línea Arcoíris todavía son muy débiles”. Para que cualquier medida sea efectiva, asegura la representante de Temblores ONG, “es imprescindible que el Distrito adopte un enfoque de interseccionalidad, la población LGBT es diversa y está atravesada por diferentes factores económicos, sociales y étnicos”.

A un año de la formulación del nuevo plan de acción de la política pública LGBT, el Distrito aún tiene tareas pendientes por resolver. Luego, el llamado desde la Dirección de Diversidad Sexual va dirigido a los candidatos para que los derechos de las personas LGBT estén presentes en sus agendas, ya que “no es un asunto menor, cobra vidas y hay condiciones precarias de salud, económicas y laborales”.

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