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El caso de María Isabel Covaleda, quien denunció a su exnovio Camilo Sanclemente por maltrato físico, sigue generando reacciones de los organismos de control. Esta vez, la Defensoría del Pueblo anunció que revisará el estado del proceso que cursa en la Fiscalía y verificará la asignación de un fiscal para la causa, pues según representantes de Covaleda, se han presentado dilaciones y no ha habido una actuación diligente para proteger a la víctima, quien dice estar en situación de riesgo. Para la Defensoría, estos hechos podrían constituir la revictimización de Covaleda.
El pasado viernes, la Personería Distrital ya había puesto la lupa en esos hechos. La personera Carmen Teresa Castañeda ordenó una agencia especial (la primera desde que se posesionó en mayo pasado) para hacerle seguimiento al caso. El maltrato al que fue sometida Covaleda se conoció la semana pasada, cuando se divulgaron en redes sociales fotografías en las que era evidente que fue sometida a una golpiza brutal.
Según le contó la mujer al portal Semana.com, sostuvo una relación con Sanclemente durante siete meses, y desde el comienzo de la misma, notó el comportamiento violento de su novio. Las discusiones entre la pareja arreciaron y solían terminar en maltrato verbal, relata Covaleda, quien asegura que el comportamiento de Sanclemente era posesivo y celoso en extremo.
La situación se agravó en el último mes. Pese a la insistencia de Sanclemente, Covaleda estaba decidida a terminar su decisión con él. Eso enfureció al hombre, quien la golpeó hasta que ella perdió el conocimiento. Cuando la Policía lo retuvo y lo condujo en el mismo vehículo que iba la mujer para que ella hiciera la denuncia, seguía insultándola y tachándola de traidora.
“La Defensoría considera que hechos como la comparecencia de la mujer y su agresor en un mismo escenario y en medio de presuntas amenazas de este último hacia ella, la libertad inmediata del denunciado pese a su aparente captura en flagrancia y el tiempo transcurrido sin que a la fecha hayan sido aplicadas las disposiciones cautelares, revictimizan a la persona violentada y constituyen un pésimo mensaje para las mujeres que guardan silencio por temor”, sostuvo la entidad. En lo corrido del año, la Defensoría del Pueblo ha atendido 2.072 casos de violencia de género, 1.883 de ellos contra mujeres.