El Chevrolet Spark azul que intentó subir un puente peatonal en la calle 26 volvió a circular por Bogotá pocos días después de haber sido inmovilizado. Aunque el episodio se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las últimas semanas, para expertos en movilidad el verdadero problema no es que ese vehículo haya regresado a las calles, sino las dudas sobre el funcionamiento del sistema: ¿qué tan difícil es sacar de circulación a un conductor que acumula infracciones y representa un riesgo para los demás actores viales?
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El debate tomó fuerza luego de conocerse que el vehículo salió de los patios, porque no existía una orden judicial o administrativa distinta a las sanciones de tránsito que justificara mantenerlo inmovilizado. La escena es la caricatura de uno de los problemas más hondos de la movilidad de Bogotá: la sensación de que un actor vial puede hacer lo que se le ocurra, aun poniendo en riesgo a los demás, sin consecuencias inmediatas.
Un conductor intenta pasar un vehículo por un puente peatonal a plena luz del día, con las placas ocultas, mientras otras personas graban la hazaña para compartirlo en redes. La escena incluso es atestiguada por varios policías que no intervienen y, pese a la viralización de los hechos y a que el responsable apareció, al final queda una sensación: no existe una consecuencia suficientemente ejemplarizante que desincentive que hechos como este vuelvan a repetirse.
Como sabe cualquier habitante de Bogotá que lidie con el tránsito, la explicación va más allá de un caso puntual. “Lo primero es que las infracciones son de los conductores y no de los vehículos. El propietario tiene responsabilidades en algunos casos específicos, pero el proceso siempre debe respetar el debido proceso, con notificaciones, audiencias y la posibilidad de impugnar”, señala Darío Hidalgo, profesor Universidad Javeriana y experto en movilidad.
Ese carácter garantista implica que las sanciones administrativas no son automáticas. Cada comparendo tiene un procedimiento y cualquier falla en etapas como la notificación o la citación puede afectar el proceso. A ello se suma que los registros de los distintos organismos de tránsito no siempre operan de manera integrada, lo que dificulta el seguimiento cuando un conductor acumula infracciones en diferentes jurisdicciones.
“Existe suspensión de la licencia por reincidencia, pero requiere un proceso administrativo y no opera de manera automática. Si las infracciones ocurren en distintos organismos de tránsito, el seguimiento también se complica”, explica Hidalgo.
La explicación de Hidalgo coincide con la posición del Distrito. Consultada por El Espectador sobre si un caso como este debería permitir una suspensión inmediata de la licencia, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, respondió que “en este momento no es posible”. La funcionaria explicó que la legislación vigente obliga a surtir un procedimiento administrativo antes de adoptar una medida de ese tipo. “La ley protege esas garantías y en ese sentido el proceso debe tomar un tiempo. La persona debe comparecer y tener la oportunidad de defenderse”, señaló.
En la práctica el procedimiento comienza con la imposición del comparendo y continúa con la notificación al presunto infractor, la citación a audiencia, la posibilidad de presentar descargos o impugnar la decisión y, finalmente, la resolución administrativa. Si se trata de una eventual suspensión de la licencia por reincidencia, debe iniciarse un nuevo proceso, también sujeto a notificaciones y audiencias. Cualquier error en ese recorrido puede retrasar o incluso tumbar la actuación administrativa.
¿Hasta dónde llegaron las sanciones?
Ortiz asegura que el caso no quedó únicamente en los comparendos impuestos el día de los hechos. Según explicó, la entidad identificó primero la placa del vehículo con ayuda de la ciudadanía y posteriormente ubicó al propietario registrado para notificarlo. “Fuimos hasta Zipaquirá a notificar al propietario para que compareciera ante la Secretaría. Él manifestó que había vendido el vehículo, pero no había hecho el traspaso, por lo que tuvo que asumir los comparendos correspondientes.”
Posteriormente, añadió la funcionaria, la entidad logró identificar al conductor y constató que acumula 35 comparendos por cerca de $24 millones. “Tiene embargado hasta el Nequi. Además, por esa reincidencia iniciamos un proceso administrativo para suspenderle la licencia de conducción.”
Cuando la sanción pierde efecto
Para Germán Prieto, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en transporte y movilidad, el caso expone una debilidad más profunda: las autoridades cuentan con herramientas limitadas frente a conductores que convierten las infracciones en una conducta reiterada y pasan de agache a la hora de recibir o afrontar una sanción.
“Lo que demuestra este caso es que la ley no está dando suficientes dientes a las autoridades. Hay personas que sienten que la posibilidad de ser controladas es muy baja, que si reciben una multa podrán evadir el cobro y que, al final, no pasará algo drástico”, afirma.
Para Prieto, el problema no termina en quien incumple la norma. Cuando las sanciones no son efectivas, otros conductores terminan incorporando la idea de que infringir las reglas tiene un costo bajo o inexistente, lo que deteriora la cultura vial.
Esa percepción, advierte el académico, termina alimentando una cultura de evasión de la norma. “Hay personas que buscan permanentemente cómo hacerle trampa al sistema: reducir la velocidad únicamente frente a una cámara, alertar sobre los controles para que otros los eviten o asumir que siempre habrá una forma de eludir una sanción. Cuando eso se vuelve habitual, el problema deja de ser un conductor y pasa a ser una forma de relacionarse con la autoridad y con las reglas de convivencia en la vía”.
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La apuesta que se quedó en el Congreso
El profesor recuerda que el proyecto de ley que proponía implementar un sistema de licencia por puntos buscaba precisamente endurecer el tratamiento a los infractores reincidentes. La iniciativa contemplaba la pérdida progresiva de puntos según la gravedad de las infracciones y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para quienes agotaran el puntaje disponible.
“Uno de estos conductores reincidentes podría perder automáticamente la licencia sin tener que esperar procesos que se prolongan durante años. Esa era una herramienta importante para retirar de circulación a quienes representan un riesgo permanente”, sostiene. “Pero la agenda del congreso tampoco ayuda”, explica.
Esa, una de las principales apuestas para endurecer las sanciones, quedó a medio camino en el Congreso. Durante la legislatura pasada avanzó un proyecto de ley que proponía implementar el sistema de licencia por puntos. La iniciativa superó los cuatro debates reglamentarios, pero se hundió durante la conciliación entre Senado y Cámara. Entre otras medidas, planteaba descontar puntos de la licencia según la gravedad de las infracciones y suspender temporal o definitivamente el permiso de conducción cuando el conductor agotara el puntaje disponible.
El episodio también reabrió otra discusión: la capacidad de reacción de las autoridades en el momento mismo de la infracción. En los videos del caso aparecen uniformados observando la maniobra sin intervenir. Para Prieto, aunque la imposición del comparendo corresponda a las autoridades de tránsito, cualquier miembro de la Policía podría detener una conducta que pone en riesgo a terceros y solicitar el apoyo de un agente de tránsito para formalizar el procedimiento.
Por otro lado, los expertos coinciden en que el mayor costo está en las consecuencias sobre la seguridad vial. Colombia registra cada año miles de muertes y decenas de miles de lesionados en siniestros de tránsito, una carga que también se traduce en mayores costos para el sistema de salud, pérdida de productividad y recursos públicos destinados a la atención de emergencias evitables.
El caso terminó exponiendo un debate que seguirá abierto: cómo encontrar un equilibrio entre las garantías que debe ofrecer el Estado de derecho y la necesidad de contar con mecanismos eficaces para impedir que quienes convierten las infracciones en una conducta reiterada sigan poniendo en riesgo la seguridad vial.
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