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Más de 8.000 facturas quedaron sin cobrar: investigan detrimento en Subred Norte

La cartera correspondía a servicios de salud prestados entre 2018 y 2021. La Contraloría busca establecer si fallas en su seguimiento y recuperación ocasionaron un daño de COP 12.873 millones al patrimonio público.

Redacción Bogotá

04 de agosto de 2026 - 11:48 a. m.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E cuenta con 26 unidades de servicios ubicadas en las cuatro localidades.
Foto: Archivo Particular
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La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de COP 12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., luego de detectar que miles de cuentas perdieron la posibilidad de ser cobradas.

La actuación se originó en un hallazgo fiscal relacionado con la cartera de servicios de salud prestados durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. Según el ente de control, la Subred tenía 60.093 facturas con más de 360 días de vencimiento.

De ese total, las acciones de cobro correspondientes a 8.030 facturas, valoradas exactamente en COP 12.873.282.115, prescribieron. Esto significa que la entidad habría perdido la posibilidad de recuperar esos recursos mediante los mecanismos previstos en la ley.

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¿Qué busca establecer la investigación?

El proceso deberá determinar si existieron fallas en el seguimiento de la cartera y en la ejecución oportuna de las acciones necesarias para evitar que las cuentas por cobrar prescribieran.

También se analizará si hubo actuaciones u omisiones atribuibles a funcionarios o particulares que ocasionaran un daño al patrimonio público y, de comprobarse, quiénes tendrían que responder fiscalmente por la pérdida de los recursos.

“La apertura de esta actuación nos permite determinar si existieron actuaciones u omisiones que ocasionaron la pérdida de recursos públicos”, afirmó Diego Alexánder Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

El funcionario agregó que el objetivo de la Contraloría es proteger el patrimonio de los bogotanos y garantizar que la investigación se adelante respetando el debido proceso y el derecho de defensa.

La apertura del proceso no implica que ya exista una responsabilidad fiscal definida. Será durante la investigación cuando el organismo de control determine si efectivamente ocurrió un daño patrimonial, las causas que lo produjeron y los posibles responsables.

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Por Redacción Bogotá

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