Metro elevado: a superar un nuevo obstáculo

El metro elevado de la administración Peñalosa está próximo a dar un nuevo paso: la cantada aprobación en el Concejo de las vigencias futuras, por $6 billones, que se usarán para financiar la obra. No obstante, también se vislumbra un nuevo obstáculo: los detractores del proyecto anunciaron que, una vez se aprueben los recursos, demandarán el acto administrativo al considerar que no cumple los requisitos legales. (LEA: Vigencias futuras para el metro, aprobadas en primer debate)

Ante el panorama político favorable para el Distrito, la concejal Xinia Navarro (Polo Democrático), quien presentó concepto negativo al proyecto, alista una acción de nulidad que radicará ante la justicia administrativa una vez el Concejo dé luz verde al acuerdo. Su intención inicial es que un juez suspenda los efectos de la decisión hasta tanto se defina si el acto administrativo se expidió o no en derecho. “La idea es que el acuerdo no tenga efecto hasta que no se sepa si es legal”, señala Navarro. (LEA: El metro: ahora el turno es del Concejo)

Aunque la administración y los concejales de la bancada de gobierno están seguros de que el escenario al que quiere llegar Navarro es poco probable, de darse sería un duro golpe para el Distrito, ya que frenaría la carrera contrarreloj que enfrenta para firmar antes del 11 de noviembre (día en que empieza la Ley de Garantías) el convenio de cofinanciación con la nación, impidiendo que el alcalde Peñalosa cumpla su promesa de abrir la licitación antes de finalizar el año. (LEA: El sí y el no de las vigencias futuras para el metro de Bogotá)

Pero, ¿cuál sería el efecto de la demanda? De ser aceptada y que el juzgado eventualmente suspenda el acto administrativo, por un lado, el Distrito perdería tiempo valioso para cumplir su cronograma y se vería obligado a esperar hasta después de las elecciones presidenciales para seguir la iniciativa. Por el otro, la oposición podría pagar los costos políticos de haber retrasado el metro. Eso lo sabe Navarro, quien señala: “Prefiero salir a explicar mil veces las razones jurídicas a tener que cohonestar con la ilegalidad de un acto administrativo que va a degenerar por 21 años el presupuesto de la ciudad”. GALERÍA: Metro, un sueño de más de seis décadas

Ante este panorama, Andrés Escobar Uribe, gerente del metro, dice que demandar el acuerdo de Vigencias Futuras sería “distraer a los funcionarios con temas que no son constructivos”. El concejal Yéfer Vega (Cambio Radical) va más allá, al calificar el recurso como una actuación política para atacar un proyecto que se radicó cumpliendo la ley. Eso sí, advierte que los enemigos del metro elevado quieren llevar la discusión a un escenario que no es competencia del Concejo, para frenarlo y alargar una espera de 75 años.

“El acuerdo no es para definir si se construye un metro elevado o uno subterráneo, sino para certificar que la administración puede comprometer recursos en la obra. Tenemos el balón en la cancha del Distrito. La nación firmó un Conpes, que es un documento con fuerza legal. Es decir, la ciudad tiene un cheque de gerencia para la obra y no un cheque chimbo como el que le entregaron al exalcalde Gustavo Petro. Por eso me atrevo a decir que el proyecto está blindado”, dice el concejal, quien agrega que en el caso hipotético de que logren frenar las vigencias futuras, le tocará a la próxima administración tomar las riendas del proyecto. (Bogotá ¿la única gran ciudad sin metro?)

Una visión distinta tiene el exconcejal Carlos Vicente de Roux, quien considera que el proyecto del metro elevado tiene problemas no sólo de conveniencia, sino jurídicos. Por eso, que hoy demande la oposición es un riesgo menor. “El verdadero riesgo es que otros demanden y eso lleve en unos años a que un tribunal eche para atrás la obra cuando esté más avanzada. Por eso, una demanda sería conveniente para enderezar a tiempo el proceso. Esto no se trata de ganar un pulso en el Concejo. Tiene implicaciones mayores”.

“Si empezamos la obra así, seguro el alcalde se sale con la suya, pero los problemas que no se corrijan ahora se notarán en unos años y el perjuicio sería más grave para la ciudad. Por eso es mejor enderezar ahora el proyecto del metro, que viene emproblemado, y evitar que colapse jurídicamente cuando un fallo ordene frenarlo más adelante. Es mejor que se haga ahora y que se demore un poco más en arrancar el proyecto, con tal de hacer las cosas bien”.

Para De Roux es claro que, en caso de que una demanda frene el metro, la oposición tendrá que pagar unos costos políticos por retrasar la obra. “Eso seguro la aprovechará el alcalde Peñalosa para disculparse y decir que él sí iba a cumplir, pero que lo frenaron. Ni bobo que fuera. Sin embargo, ese costo político para la oposición sería menor si se tiene en cuenta que la mayoría de los bogotanos quieren un metro subterráneo, robusto y potente, como se había planteado”.

El reloj avanza y al Distrito se le agota el tiempo para cumplir su cronograma. No obstante, es claro que la discusión alrededor de la obra dejará de ser un asunto técnico y el futuro quedaría en manos de los jueces.

El metro elevado de la administración Peñalosa está próximo a dar un nuevo paso: la cantada aprobación en el Concejo de las vigencias futuras, por $6 billones, que se usarán para financiar la obra. No obstante, también se vislumbra un nuevo obstáculo: los detractores del proyecto anunciaron que, una vez se aprueben los recursos, demandarán el acto administrativo al considerar que no cumple los requisitos legales. (LEA: Vigencias futuras para el metro, aprobadas en primer debate)

Ante el panorama político favorable para el Distrito, la concejal Xinia Navarro (Polo Democrático), quien presentó concepto negativo al proyecto, alista una acción de nulidad que radicará ante la justicia administrativa una vez el Concejo dé luz verde al acuerdo. Su intención inicial es que un juez suspenda los efectos de la decisión hasta tanto se defina si el acto administrativo se expidió o no en derecho. “La idea es que el acuerdo no tenga efecto hasta que no se sepa si es legal”, señala Navarro. (LEA: El metro: ahora el turno es del Concejo)

Aunque la administración y los concejales de la bancada de gobierno están seguros de que el escenario al que quiere llegar Navarro es poco probable, de darse sería un duro golpe para el Distrito, ya que frenaría la carrera contrarreloj que enfrenta para firmar antes del 11 de noviembre (día en que empieza la Ley de Garantías) el convenio de cofinanciación con la nación, impidiendo que el alcalde Peñalosa cumpla su promesa de abrir la licitación antes de finalizar el año. (LEA: El sí y el no de las vigencias futuras para el metro de Bogotá)

Pero, ¿cuál sería el efecto de la demanda? De ser aceptada y que el juzgado eventualmente suspenda el acto administrativo, por un lado, el Distrito perdería tiempo valioso para cumplir su cronograma y se vería obligado a esperar hasta después de las elecciones presidenciales para seguir la iniciativa. Por el otro, la oposición podría pagar los costos políticos de haber retrasado el metro. Eso lo sabe Navarro, quien señala: “Prefiero salir a explicar mil veces las razones jurídicas a tener que cohonestar con la ilegalidad de un acto administrativo que va a degenerar por 21 años el presupuesto de la ciudad”. GALERÍA: Metro, un sueño de más de seis décadas

Ante este panorama, Andrés Escobar Uribe, gerente del metro, dice que demandar el acuerdo de Vigencias Futuras sería “distraer a los funcionarios con temas que no son constructivos”. El concejal Yéfer Vega (Cambio Radical) va más allá, al calificar el recurso como una actuación política para atacar un proyecto que se radicó cumpliendo la ley. Eso sí, advierte que los enemigos del metro elevado quieren llevar la discusión a un escenario que no es competencia del Concejo, para frenarlo y alargar una espera de 75 años.

“El acuerdo no es para definir si se construye un metro elevado o uno subterráneo, sino para certificar que la administración puede comprometer recursos en la obra. Tenemos el balón en la cancha del Distrito. La nación firmó un Conpes, que es un documento con fuerza legal. Es decir, la ciudad tiene un cheque de gerencia para la obra y no un cheque chimbo como el que le entregaron al exalcalde Gustavo Petro. Por eso me atrevo a decir que el proyecto está blindado”, dice el concejal, quien agrega que en el caso hipotético de que logren frenar las vigencias futuras, le tocará a la próxima administración tomar las riendas del proyecto. (Bogotá ¿la única gran ciudad sin metro?)

Una visión distinta tiene el exconcejal Carlos Vicente de Roux, quien considera que el proyecto del metro elevado tiene problemas no sólo de conveniencia, sino jurídicos. Por eso, que hoy demande la oposición es un riesgo menor. “El verdadero riesgo es que otros demanden y eso lleve en unos años a que un tribunal eche para atrás la obra cuando esté más avanzada. Por eso, una demanda sería conveniente para enderezar a tiempo el proceso. Esto no se trata de ganar un pulso en el Concejo. Tiene implicaciones mayores”.

“Si empezamos la obra así, seguro el alcalde se sale con la suya, pero los problemas que no se corrijan ahora se notarán en unos años y el perjuicio sería más grave para la ciudad. Por eso es mejor enderezar ahora el proyecto del metro, que viene emproblemado, y evitar que colapse jurídicamente cuando un fallo ordene frenarlo más adelante. Es mejor que se haga ahora y que se demore un poco más en arrancar el proyecto, con tal de hacer las cosas bien”.

Para De Roux es claro que, en caso de que una demanda frene el metro, la oposición tendrá que pagar unos costos políticos por retrasar la obra. “Eso seguro la aprovechará el alcalde Peñalosa para disculparse y decir que él sí iba a cumplir, pero que lo frenaron. Ni bobo que fuera. Sin embargo, ese costo político para la oposición sería menor si se tiene en cuenta que la mayoría de los bogotanos quieren un metro subterráneo, robusto y potente, como se había planteado”.

El reloj avanza y al Distrito se le agota el tiempo para cumplir su cronograma. No obstante, es claro que la discusión alrededor de la obra dejará de ser un asunto técnico y el futuro quedaría en manos de los jueces.