Bogotá

28 Jul 2010 - 10:00 p. m.

Miguel Ángel Moralesrussi, contra las cuerdas

Concejal Carlos Galán hizo denuncia que salpica nuevamente al Contralor distrital.

El Espectador

En un explosivo debate político, en el que no faltaron agravios y uno que otro grito, se convirtió este miércoles la audiencia de rendición de cuentas del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, en el Concejo, cuyo tema principal fue la denuncia del concejal Antonio Sanguino, publicada por este diario, sobre un supuesto sobrecosto en el arrendamiento del edificio en donde funciona el ente de control. Al ser cuestionado por el cabildante, Moralesrussi se defendió de la acusación asegurando que no existe tal gasto excesivo y que hay una mano “negra y demoniaca detrás de todo esto...”. “Estoy dispuesto a responder, porque hay una manipulación de documentos perversa”, añadió.

“Todavía, doctor Sanguino, aquí existe el principio de inocencia y el debido proceso. En otros escenarios ya me habrían fusilado”, dijo el contralor en su intervención, en la que detalló cómo fue el proceso de escogencia del edificio Amalfi, al norte de la ciudad, al que tuvo que mudarse la entidad luego del sismo de mayo de 2008, que causó daños en la infraestructura del inmueble de la Contraloría en la calle 26. “Hicimos cotizaciones y la primera oferta que recibimos de Amalfi fue por $175 millones de canon de arrendamiento mensual”.

Sanguino acusa a Moralesrussi de haber pactado primero un canon mensual de arriendo de $120 millones por el edificio de siete pisos y, finalmente, haber aceptado uno de $230 millones mensuales, y basa su denuncia en un cruce de cartas entre una inmobiliaria y los dueños del lugar, la Fundación Médico Preventiva, en las cuales se sugiere que el negocio se haría por la primera cifra. Este miércoles el contralor mostró las mismas misivas afirmando que “se trata de una pelea entre los dueños y una inmobiliaria… a nosotros nos ofrecieron, primero, un arriendo de $175 millones y con las adecuaciones, porque el edificio estaba en obra gris, quedó en $230 millones”.

El funcionario concluyó su pronunciamiento diciendo que no piensa dar más declaraciones al respecto hasta que la Fiscalía establezca responsabilidades. Minutos antes, Moralesrussi se había referido al supuesto cartel de la contratación en el Distrito: “Lo del carrusel… dejemos que las autoridades determinen. Mal haría yo en decir que hay un carrusel”.

A su turno, Antonio Sanguino respondió que le llamaba la atención que Moralesrussi no quisiera hablar del carrusel de la contratación, “cuando hace unos meses declaró que el grupo empresarial Nule funcionaba como una pirámide empresarial”. El concejal del Partido Verde presentó nuevos documentos que, en su concepto, demuestran el supuesto sobrecosto: la respuesta de la auditoría fiscal a un derecho de petición en el que consta que fue la Contraloría, y no los dueños del Amalfi, la que corrió con los gastos de adecuación del inmueble por más de $50 millones. Y la escritura, según la cual el edificio fue adquirido por la Fundación Médico Preventiva en $3.685 millones. “En arriendo, el ente de control ha pagado $3.450 millones, es decir, ha podido comprar la propiedad”.

“Insisto al contralor que se retire mientras se investigan estas cosas y no siga atrincherado a su cargo”, concluyó el cabildante.

Durante la sesión, que se extendió por más de cuatro horas, se vivieron momentos tensionantes, como cuando Sanguino se sintió aludido en el momento en que Moralesrussi habló de fusilamiento: “Me imagino que se refiere a mi pasado guerrillero, contralor. Y sí, yo sé de fusilamiento, pero porque el Eln fusiló a mi hermano”.

Los ánimos terminaron de caldearse luego del mediodía, cuando el concejal Carlos Fernando Galán reveló una inesperada denuncia que salpica a Moralesrussi (ver recuadro). En la corporación quedó radicada una proposición para un debate de control político al contralor.

 

La denuncia del concejal Galán

De acuerdo con el concejal Carlos Galán, el ex representante Germán Olano, actualmente investigado por la Procuraduría por su presunta participación en el cartel de la contratación, figura como agente registrado de la empresa Russi’s Investments LLC, en Florida (Estados Unidos). A su vez, la presidenta de la empresa es Marta Patricia Russi Gómez, cuya hermana, Gladys Amalia Russi Gómez, es una funcionaria de la Contraloría Distrital. “Me llama la atención que en esta coyuntura el señor Germán Olano sea el agente registrado de una firma que preside la hermana de una funcionaria de la Contraloría”, afirmó el concejal, quien añadió que posee documentos de la empresa en los que aparece registrada una dirección en Miami (7550 sw 82st, código postal 33143) que, según Galán, es la de la casa de Olano, que fue reseñada por el columnista de ‘Semana’ Daniel Coronell en su columna “Yo ya tengo la casita”. Por su parte, Moralesrussi respondió  que no tiene ningún vínculo familiar con las señoras, aunque reconoció que una de ellas sí trabaja en su entidad.

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