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La propuesta de llevar militares a las calles de Bogotá llegará al Concejo después de superar el umbral de firmas exigido por la ley. La Registraduría certificó 37.056 apoyos válidos para convocar un cabildo abierto sobre la posible aplicación de la asistencia militar en la capital, iniciativa promovida por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.
La Resolución 1052 del 19 de agosto de 2026 estableció que el comité superó por 5.960 firmas el mínimo requerido de 31.096. El Concejo deberá tramitar ahora una sesión pública en la que ciudadanos, concejales, funcionarios distritales y el alcalde Carlos Fernando Galán podrán discutir la propuesta.
La certificación permite celebrar el debate, aunque no aprueba la presencia del Ejército ni obliga a Galán a solicitarla. La decisión final sobre una asistencia militar depende de un procedimiento distinto en el que intervienen el alcalde y el presidente de la República.
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Una de cada tres firmas fue anulada
La Registraduría examinó 52.965 registros entregados durante las dos etapas de recolección. De ellos, validó 37.056 y anuló 15.909, equivalentes al 30 % del total.
En la primera etapa, el comité había entregado formularios que declaraban contener 39.866 apoyos. El informe técnico contabilizó 40.065 registros, de los cuales 26.770 resultaron válidos y 13.295 fueron anulados. Ese primer resultado quedó 4.326 firmas por debajo del umbral.
Uscátegui solicitó una ampliación y el 2 de julio presentó otros 861 formularios que, según declaró, contenían 12.915 apoyos. Al sumar las dos etapas, la iniciativa consiguió aproximadamente un 19 % más de las firmas válidas requeridas.
La resolución no detalla en sus páginas divulgadas las causas individuales de anulación. Estas pueden incluir registros repetidos, datos incompletos, firmas de personas que no pertenecen al censo electoral correspondiente o inconsistencias en la información, entre otros motivos que deben constar en el informe técnico de verificación.
¿Qué ocurrirá ahora en el Concejo?
La Registraduría ordenó comunicar la certificación al Concejo de Bogotá. Una vez radicada formalmente la petición, la corporación deberá definir la fecha y divulgar el lugar y los temas que serán discutidos.
La Ley 1757 de 2015 establece que el cabildo debe celebrarse a más tardar un mes después de la radicación. Si la solicitud llega cuando el Concejo se encuentra por fuera de un periodo de sesiones ordinarias, deberá realizarse durante el siguiente.
Cualquier persona interesada puede asistir. Quienes quieran intervenir deberán inscribirse ante la Secretaría General del Concejo con una anticipación máxima de tres días y entregar un resumen escrito de su exposición.
La ley obliga al alcalde a asistir. Después de las intervenciones ciudadanas, deberá responder las preguntas relacionadas con asuntos de su competencia. Los promotores también pueden solicitar la citación de funcionarios distritales con cinco días de anticipación.
El cabildo no constituye una votación para militarizar Bogotá
El alcance del mecanismo tiene un límite que debe quedar claro. El cabildo abierto es una sesión pública de deliberación y participación ciudadana. No funciona como un referendo ni como una consulta popular y, por tanto, no habrá una votación general cuyo resultado ordene desplegar militares.
La propia Ley 1757 impide presentar directamente proyectos de acuerdo mediante un cabildo. El encuentro servirá para escuchar argumentos, interrogar a las autoridades y obtener respuestas institucionales sobre la conveniencia y viabilidad de aplicar la figura.
El Concejo tampoco tiene competencia para ordenar por sí mismo la asistencia militar. Su papel será abrir el debate, ejercer control político y dejar registro de las intervenciones y respuestas.
¿Quién puede solicitar la asistencia militar?
El artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia define la asistencia militar como un instrumento temporal y excepcional de apoyo de las Fuerzas Militares a la Policía.
La norma permite utilizarla ante hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, situaciones de riesgo o peligro inminente, calamidades o emergencias, cuando resulte insuficiente la capacidad de las autoridades de Policía.
En Bogotá, el alcalde puede solicitar al presidente de la República la aplicación de la medida. El jefe de Estado conserva la competencia para evaluarla y autorizarla como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, incluso si durante el cabildo una mayoría de participantes respalda la propuesta, todavía sería necesaria una solicitud de Galán y una decisión presidencial. El despliegue también tendría que definir duración, zonas de intervención, funciones y mecanismos de coordinación con la Policía.
La iniciativa comenzó en enero
Uscátegui inscribió el comité promotor denominado “Apoyo por Apoyo” el 13 de enero de 2026. Cuatro días después recibió los formularios para iniciar la recolección de firmas.
La exigencia de 31.096 apoyos correspondía al cinco por mil del censo electoral distrital, integrado entonces por 6.219.067 ciudadanos. El congresista ha defendido la propuesta como una respuesta frente al crimen organizado y los problemas de seguridad de la ciudad.
El debate ocurre mientras el Distrito reporta reducciones en varios delitos durante 2026. La Secretaría de Seguridad informó disminuciones del 48 % en hurto de bicicletas, 36,9 % en hurto de automotores y 32,3 % en hurto de motocicletas durante el periodo incluido en su balance. Estas cifras oficiales no resuelven por sí solas la discusión sobre percepción de inseguridad, violencia localizada ni capacidad policial, asuntos que previsiblemente aparecerán durante el cabildo.
La asistencia militar también abre preguntas sobre la delimitación de funciones entre Ejército y Policía, el carácter excepcional de la figura, el entrenamiento de los uniformados para intervenir en entornos civiles y los controles para proteger los derechos de la población.
La resolución de la Registraduría certifica que la propuesta cumplió los requisitos para llegar al escenario público. La pertinencia, los riesgos y los alcances de la medida siguen pendientes del debate político e institucional.
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Por Redacción Bogotá
