Bogotá

4 May 2014 - 5:02 p. m.

Minipot, la carta de la Nación

La suspensión de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene en vilo 4.218 proyectos de construcción. Si el Consejo de Estado no se pronuncia, el Gobierno buscará una salida a través de una reforma transitoria.

Santiago Valenzuela

La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá podría dejar sin piso jurídico 4.218 proyectos de construcción que están pendientes de estudio en las cinco curadurías de la ciudad. La situación, que se ha tornado insostenible en los últimos días, ha provocado movidas jurídicas tanto en el Distrito como en el Gobierno Nacional.

La mayoría de los constructores se han limitado a esperar una aclaración por parte del Consejo de Estado, tribunal que suspendió el Decreto 364 de 2013, con el cual la administración de Gustavo Petro modificó el POT de 2004. Las curadurías también están en el terreno de lo incierto; no saben si las licencias deben ser estudiadas bajo el POT de 2004 o el de 2013. Ernesto Jorge Clavijo, curador Nº 1 y presidente del Colegio Nacional de Curadores, resumió la situación de la siguiente manera: “No hay certeza de cuál es la norma a aplicar. Nación y Distrito se contradicen entre sí, y nosotros nos preguntamos: ¿a quién le hacemos caso? Ojalá lleguen a una unificación de criterios y así no se congela la construcción”.

Sin embargo, no todos los actores involucrados en este enredo jurídico se han quedado con las manos atadas. La Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco (EVB) tiene bajo su responsabilidad dos megaproyectos del Gobierno, que podrían verse afectados por la suspensión del POT: el Plan Ministerios en el centro y la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN).

El primero contempla intervenciones urbanas entre las calles sexta y octava y las carreras octava y novena . El objetivo: construir las sedes de los ministerios al lado de la Casa de Nariño. La inversión asciende a $16 mil millones.

El segundo, por otro lado, tiene previsto desarrollar 120 edificaciones para entidades (50 de ellas públicas) y cerca de 11.000 viviendas. En pocas palabras, será renovada toda la zona del CAN, que está entre las calles 26 y 44, y las carreras 50 a la 69, con oficinas, viviendas, centros comerciales y museos. La EVB invertirá cerca de $12 billones para terminar el proyecto antes de 2044.

Para el proyecto Ministerios la EVB ya encontró una solución jurídica: “Si usted compara los Decretos 190 de 2004 y 364 de 2013 se dará cuanta de que para la zona en donde se desarrollará el proyecto Ministerios existe un mismo tratamiento, es decir, si queda vigente el de 2004, podemos adelantarlo sin ningún problema”, explica Andrés Escobar, gerente de la EVB.

No obstante, en el caso de la renovación del CAN, Escobar no encontró solución alguna: “Las normas que regulan la zona del CAN han sido las mismas durante los últimos 50 años: desarrollo institucional de edificios de baja altura, baja densidad y con parqueaderos de superficie. Cuando nació la idea de renovarlo, de buscar usos múltiples y edificios altos, empezamos a mirar un cambio de norma a través de la Alcaldía, y lo concretamos en la modificación del POT: se establecieron usos mixtos del suelo y densidad en altura. Al caerse el POT de Petro el proyecto se congeló”.

Abandonar la renovación del CAN sería muy costoso para la Nación, si se tiene en cuenta que el proyecto está en la etapa de diseño. De hecho, la firma holandesa OMA, de Rem Koolhaas, es la encargada de adelantar el plan maestro del CAN, que les cambiará la cara a los barrios El Greco y La Esmeralda.

Ante la suspensión del POT, el Gobierno Nacional buscará a toda costa que el Concejo apruebe lo que Escobar llama un “minipot, es decir, una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que se refiera sólo al CAN. A través de la Ley 388, que regula el proceso de todos los POT en el país, se podrían hacer unas modificaciones excepcionales (como lo intentó Petro en 2013). En la renovación del CAN estamos adelantando todo el proceso de diseño del Plan Maestro, la parte subterránea, redes, vías e infraestructura, en la lógica de una ciudad mixta y densa. Estos diseños no son compatibles con el POT de 2004. Por eso hemos analizado una pequeña modificación del POT dentro del Gobierno”.

Para lograrlo, Escobar tendría que convencer al Distrito de presentar una modificación del POT ante el Concejo. Y frente a esta propuesta, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, es contundente: “No es viable presentar una modificación de ese tipo. El POT tiene fechas y contenidos, y no podemos quemar la opción de presentar una modificación del Plan solamente para arreglarle un negocio al Gobierno Nacional. Es una reforma que solamente puede hacer el Distrito. Ahora, el Gobierno podría sacar una ley reformando la 388 para salvar el CAN, pero no sería ético. Nos gastamos más de ocho años en presentar el Decreto 364 de 2013”.

Vale la pena decir que la renovación del CAN ha sido criticada por la intervención de 29 hectáreas del Parque Metropolitano Simón Bolívar, la ausencia de los habitantes de los barrios El Greco y La Esmeralda en la estructuración del proyecto y por la afectación de los predios de la Universidad Nacional. En palabras de Sergio Fernández, representante de los estudiantes de la Nacional durante los procesos de divulgación: “El CAN barre literalmente con la clínica Santa Rosa y el edificio Uriel Gutiérrez. La ecuación es sencilla: la EVB pretende cambiar el uso del suelo dotacional y ponerlo al servicio del sector privado”.

Minvivienda vs. Distrito

Mientras el Consejo de Estado estudia la legalidad del Decreto 364 , el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Planeación han buscado salidas disímiles para reactivar la construcción en Bogotá. Por un lado, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expedirá un concepto en donde les sugiere a las curadurías atenerse al POT de 2004 (Decreto 190) y el Distrito, a través de la Secretaría de Planeación, sacará tres decretos que le permitirán a la administración continuar con la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP); aumentar el espacio público y ampliar las redes de servicios para las zonas en donde llega más población.

Adicionalmente, Gerardo Ardila ha enviado el siguiente mensaje a las curadurías: “Deberían continuar con el Decreto 364, porque a partir de esta norma fue que los constructores adelantaron todo el proceso. Nos apartamos del concepto del ministro, porque el POT de 2013 está suspendido, no se ha “caído”. Lo más prudente es esperar a que el Consejo de Estado nos responda lo más rápido posible. Nos reuniremos con el Ministerio de Vivienda para buscar alternativas, para que existan garantías para los constructores”.

Dentro de los 4.218 proyectos que están en vilo se encuentran algunos de la Caja de Vivienda Popular, otros de importantes constructoras privadas como Amarilo y Metro Urbana (según le informó a este diario la Curaduría N° 1) y algunos más relacionados con construcciones de hospitales e instituciones educativas.

Carlos Serna, gerente de la constructora Espacios Urbanos, señala que la inseguridad jurídica ha provocado que su empresa busque otras ciudades para invertir, como Cartagena, Barranquilla y Armenia: “La obra que nosotros íbamos a desarrollar estaba en un área de 45 mil metros cuadrados. El proyecto, que es comercial-mixto, habría estado listo en 32 meses. Y lo más preocupante es que esta obra genera aproximadamente 520 empleos directos y 1.100 indirectos. Con la incertidumbre se le está haciendo un daño económico no sólo a la ciudad, sino a los constructores”.

El panorama que han presentado otros consultores inmobiliarios es menos alentador: “Presentamos la propuesta de construir tres hospitales universitarios de cuarto nivel en Bogotá, uno de ellos ubicado en el suroccidente de la ciudad, con 6.000 camas y con la capacidad para recibir a los pacientes de siete localidades. Estructuramos todo el proyecto, pero el POT de 2004 es muy restrictivo, ya que no nos permite construir un hospital en la zona de Bosa, en donde tenemos el predio. El proyecto comenzamos a estructurarlo hace dos años y en septiembre de 2013 obtuvimos toda la viabilidad. Ahora quedamos con un área vacía de 130 mil metros cuadrados”, explica Javier Vergara, consultor inmobiliario a cargo del proyecto. Al preguntarle sobre el “minipot”, admite que en caso de que éste se presentara ante el Concejo, le solicitaría a la Secretaría de Planeación que su proyecto sea incluido. 

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72

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