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Roger Ospina es un entusiasta de la música cubana que posee una colección de más de dos mil discos. También es el dueño del bar “Martí”, ubicado en La Candelaria, que a fuerza de ley pasó de ser bar a restaurante. La razón: la reglamentación de la UPZ 94 (Unidad de Planeación Zonal), que estableció en 2007 que sólo en uno de los ocho sectores en los que fue dividida la localidad estaba permitida la venta de bebidas alcohólicas. El hoy restaurante de Ospina queda en el límite con el sector uno, en el que sí se puede encontrar licor. En su local no es permitido vender mojito, pero en el parqueadero de enfrente sí.
Hasta hace tres años Cecilia Delgado era una más de las comerciantes de chicha del Chorro de Quevedo, un tradicional oficio que probablemente se ha realizado en este sector desde los tiempos de la Colonia; Delgado lleva 55 años ejerciéndolo. Hoy, por estar en el sector equivocado, no puede elaborar más este producto. Algo similar le ocurre a Marcela Grande, de 34 años, quien en febrero de este año inauguró un café en la Calle del Embudo, en El Chorro. En junio su local, con todos sus ahorros invertidos en éste, fue sellado por la Policía por vender licor sin autorización.
Estos son sólo algunos de los comerciantes de La Candelaria, un sector con un rico pasado de bares, cafés y bohemia, que un día vieron cómo la tradición fue reemplazada, sin mayor sentido para ellos, por el peso de una ley que a su parecer tiene más de arbitraria que de racional. “El problema acá es la norma que va en contra del uso económico de la ciudad”, opina Fernando Garzón, edil de la localidad. Según Garzón, el diseño de la UPZ corresponde a un interés de “blanquear La Candelaria. Si usted no les permite a los dueños de los establecimientos vender licor, muchos van a quebrar y se van a ir del sector. En ese momento aparecen extranjeros con dinero que compran baratos los sitios para construir hoteles y restaurantes lujosos. Acá los primeros que salen son los feos”.
Desde que salió el polémico decreto ha habido un tira y afloje entre los dueños de los establecimientos y la alcaldía local. Por un lado, los comerciantes aseguran que “ha habido varias reuniones, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y que todo ha sido vía imposición”. También afirman que las alternativas productivas planteadas por la alcaldía menor son insuficientes, puesto que “uno invirtió para crear un bar y eso es lo que sabe hacer, el problema es convertir eso en un restaurante y esperar a que el negocio vuelva a posicionarse de la noche a la mañana; mientras eso pasa, uno quiebra”.
La alcaldía local, en cabeza de Xinia Rocío Navarro, arguye que “acá se ha hecho de todo para tratar de evitar que la gente sufra y pueda cambiar de actividad económica”. Según Navarro, los dueños de los establecimientos pasaron una propuesta a la Secretaría de Planeación para modificar la UPZ, pero ésta fue denegada. “Lo que yo hice, a la par del avance de los procesos administrativos, fue generar un proceso de interlocución entre los comerciantes y las demás instancias. Mientras la UPZ continúe como está, no sólo yo, sino los alcaldes que vengan, tendrán que hacer cierres”. La funcionaria explica que en tres años han sido cerrados 36 bares y que, en este momento, hay 22 establecimientos involucrados en el proyecto productivo que tiene esa oficina.
En opinión de Carlos Vicente De Roux, concejal del Polo, “lo primero que hay que revisar en este tema es “si los procedimientos de la expedición de la UPZ fueron los correctos. Estos trámites incluyen consultas a las comunidades y a los interesados. Se dice que, en algunos casos, quienes tenían a su cargo esta responsabilidad, no lo hicieron”. Sin embargo, el cabildante va más allá y propone una discusión alrededor de las UPZ en general. “En otros países se maneja una mezcla de los usos del suelo porque es un mejor esquema. Con el tiempo, la ciudad misma va demandando otros servicios y usos de la tierra. La forma de realizarlo en Bogotá, a través de las UPZ, desatiende demandas y destruye el tejido social económico”.
Según fuentes no oficiales, en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (el documento en el que están incluidas las UPZ) que se está realizando en estos momentos, y que debe ser entregada al Concejo en un par de meses, el tema de las Unidades de Planeación no sufrirá modificación alguna.