La respuesta a un derecho de petición, que se envió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), puso sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades encargadas de proteger a la niñez en Bogotá: ¿qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes una vez son identificados en contextos de mayor vulnerabilidad de la ciudad?
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La discusión surgió tras la divulgación de las cifras que obtuvo la concejal Rocío Dussán, según las cuales, entre el primero de enero de 2020 y el 28 de mayo de 2026 se identificaron 9.382 menores de edad esa condición, tras operativos que se realizaron en calles, pagadiarios, bares, discotecas, colegios, plazas de mercado, sectores de tolerancia y en otros, algunos, asociados a riesgos como la explotación sexual.
Los datos son oficiales del ICBF Regional Bogotá y para la cabildante muestran una falla persistente del sistema de protección. “Estamos hablando de miles de niños y niñas que las propias instituciones encontraron en contextos extremadamente riesgosos. Lo que uno esperaría es que exista una respuesta proporcional a la magnitud del problema”, señaló. La controversia se concentra en otro dato: de los 9.382 menores identificados, 281 fueron remitidos a la autoridad administrativa del ICBF. Dussán sostiene que la diferencia entre ambas cifras evidencia debilidades en la capacidad institucional para garantizar la protección efectiva de menores expuestos a explotación sexual y otras vulneraciones.
¿Cuestión de interpretación?
Sin embargo, esa interpretación no la comparte el Distrito. En una respuesta que conoció El Espectador, la Secretaría Distrital de Integración Social afirmó que la cifra de 9.382 corresponde a niños y adolescentes identificados en operativos e intervenciones territoriales, pero no necesariamente a casos que requerían la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD).
“La presencia de una niña, niño o adolescente en estos contextos no implica automáticamente la apertura de un proceso administrativo”, señaló la entidad. Agregó que los operativos tienen un propósito preventivo y permiten verificar condiciones de riesgo, orientar a las familias y vincular a los menores a servicios sociales, por lo que no es técnicamente correcto equiparar el número de menores identificados con el de medidas de protección.
La postura encuentra respaldo en el análisis de Zullybeth Mora Cubillos, experta en desarrollo social, educación y derechos de la niñez, quien coincide en que “metodológicamente no es correcto realizar esa comparación”. Según explicó, las alertas o reportes corresponden a posibles situaciones de vulneración, mientras que las medidas de protección son decisiones administrativas, que se adoptan después de una valoración formal del riesgo.
La especialista advierte que antes de extraer conclusiones es necesario conocer cuántos de los casos fueron confirmados; cuántos correspondían a reportes repetidos; qué nivel de riesgo se identificó, y qué medidas concretas se adoptaron. “Comparar directamente las denuncias con las medidas de protección, sin considerar estas variables, puede llevar a conclusiones erróneas”, afirmó.
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Los documentos también dejan ver limitaciones en la información disponible para evaluar la efectividad del sistema. En una de sus respuestas, el ICBF reconoce que no existe una variable que permita cuantificar de manera general la reincidencia de niños, niñas y adolescentes en factores de vulneración como explotación sexual, habitabilidad en calle, consumo de sustancias psicoactivas o actividades delictivas. La entidad también señala que su sistema de información no cuenta con una variable específica para identificar, en los términos solicitados, los casos de violencia intrafamiliar atendidos.
Para Mora Cubillos, ese punto es especialmente relevante, porque el éxito de un sistema de protección no debe medirse únicamente por el volumen de casos atendidos. “Lo que realmente permite saber si un sistema funciona es su capacidad para prevenir ese tipo de situaciones”, explicó. Entre los indicadores más importantes mencionó la reincidencia, la oportunidad en la respuesta institucional, el seguimiento de los casos y la capacidad de evitar nuevas vulneraciones.
Los documentos revisados revelan, además, otro dato que ha llamado la atención de concejales y organizaciones de defensa de la niñez. Según cifras oficiales del ICBF Regional Bogotá, el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que fallecieron mientras se encontraban bajo medidas de protección pasó de 26 casos en 2020 a 38 en 2025, un aumento del 46 %. La información a la que se tuvo acceso no detalla las causas de las muertes ni permite establecer responsabilidades institucionales.
Sobre este punto, la experta insiste en la necesidad de cautela. Antes de interpretar las cifras, señala, es necesario conocer las causas de los fallecimientos, el tipo de medida de protección vigente, los factores de riesgo identificados y el momento en que ocurrieron los hechos. Mientras tanto, Integración Social defiende la capacidad de respuesta del Distrito. La entidad destacó la operación de 13 Centros Amar, 7.889 recorridos territoriales realizados entre 2025 y 2026, 3.650 vinculaciones efectivas a servicios sociales y 373 activaciones de rutas de protección.
También reportó la atención de 8.333 niños y adolescentes por parte de las Comisarías de Familia y 299 menores vinculados a los Centros Proteger durante 2026. Más allá de la controversia política, las cifras dejan abierta una pregunta de fondo. Como resume Mora Cubillos, la discusión no debería centrarse solo en cuántos niños se identificaron o cuántas medidas se adoptaron, sino en si el sistema está logrando reducir de manera efectiva y sostenible las situaciones de violencia y riesgo que afectan a la niñez. Esa respuesta, por ahora, sigue siendo difícil de encontrar en los datos disponibles para tener una respuesta clara.
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