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Tres millonarios contratos adjudicados por la Unidad de Malla Vial del Distrito, en noviembre de 2009, son los que tienen enredados en el carrusel de la contratación a los concejales de la U Andrés Camacho Casado y Orlando Parada. Por esa razón, la Fiscalía les imputará cargos y pedirá su detención en audiencia que se realizará el próximo 11 de julio. El lío es que el trámite de dichos contratos podría poner en aprietos judiciales al hoy gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Así lo pudo establecer El Espectador con fuentes cercanas al expediente.
Este diario conoció las intimidades de las declaraciones entregadas al menos por tres testigos, la documentación que han podido recopilar los investigadores del caso y las pruebas documentales que soportaron el arsenal de evidencias con las que cuenta la Fiscalía en los casos de Parada y Camacho. Según las revelaciones, una de las mermeladas entregadas al Partido de la U fue la Unidad de Mantenimiento Vial, entonces en cabeza de Iván Hernández.
El testigo estelar de este nuevo capítulo del carrusel es el exconcejal Hipólito Moreno, quien el pasado martes le pidió perdón a la sociedad, dijo estar arrepentido y prometió echar a más de uno al agua. Moreno ya aceptó su responsabilidad en el cobro del 9% de comisión del contrato de las ambulancias, cuyo valor fue de $67.000 millones. En el marco de su colaboración con la Fiscalía, además de detallar cuál fue la participación de Parada y Camacho en contratos de mantenimiento vial, quien encabeza su lista de implicados es el gobernador Álvaro Cruz Vargas.
Los testigos contaron cómo se estructuraron las tres licitaciones, el valor de los contratos, la comisión del 10% exigida supuestamente por los concejales Moreno, Parada y Camacho y, finalmente, cómo se arregló la entrega de los dineros y las ‘mordidas’. De acuerdo con las versiones, los polémicos contratos que hoy se investigan, adjudicados en noviembre de 2009, tenían como objeto el diagnóstico y el mantenimiento de la malla vial en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Mátires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Santa Fe.
El primero de estos contratos tenía un valor de $40.337 millones y el segundo de $36.344 millones. Con una perla más: dichos negocios tuvieron adiciones del 50% del primer valor pactado, es decir, casi $38.000 millones más. Redondeándolos, el valor total que pagó el Distrito por estas obras fue de más de $115.000 millones. Aunque la firma ICM Ingenieros, que asesoraba entonces Álvaro Cruz, perdió esos contratos con la compañía Pavimentos Colombia S. A., lo que han dicho los testigos es que Cruz también terminó ganando.
En las confesiones se asegura que la firma de Cruz tenía escriturados esos contratos, que incluso se organizaron los pliegos y los términos de referencia para favorecerlos, pero que al momento de presentar sus propuestas cometieron “errores insubsanables” y por esa razón quedaron fuera de la torta. “Eso fue una embarrada, porque además se iba a perder la comisión para los concejales”, le dijo a El Espectador una fuente que conoce los pormenores del escandaloso expediente. La encrucijada estaba en mover los hilos del proceso licitatorio para declararlo desierto o buscar alianzas con los ganadores.
La segunda opción fue, al decir de los ventiladores, lo que ocurrió. Los pormenores de lo que pasó después, al parecer, ya empiezan a conocerse. Para los testigos fue ahí donde se habría movido Álvaro Cruz. Según contaron, el hoy gobernador, bastante conocido en el gremio de la construcción, buscó a Pavimentos Colombia para garantizar que no se declarara desierta la licitación y que ellos ganaran, pero a cambio habría pedido una parte de la ejecución de los contratos y que sagradamente se pagaran las comisiones convenidas del 10% para Camacho, Moreno y Parada. De ser esto cierto, al carrusel de estos tres concejales les entró la bobadita de $11.500 millones.
La información que hoy evalúa la Fiscalía apunta a que Pavimentos Colombia habría aceptado el trato y girado los pagos prometidos. Según su página web, Pavimentos Colombia es una experimentada y prestigiosa firma con 45 años de experiencia, más de 1.200 kilómetros construidos de carreteras en Colombia y la construcción de más de 100.000 metros cuadrados en el sector inmobiliario. Debido a que la información obtenida por este diario sólo pudo constatarse el viernes pasado a altas horas de la noche, fue imposible comunicarse con voceros de la reconocida empresa que hasta el día de hoy ha funcionado sin ninguna tacha.
Serán los investigadores de la Fiscalía quienes determinen si en la entrega de esos dos contratos hubo una componenda para garantizar comisiones o si Pavimentos Colombia se los ganó en franca lid. Lo que sí está en capacidad de asegurar este diario es que fueron estos contratos los que pusieron en alerta a la Fiscalía en relación con los concejales de la U Andrés Camacho Casado y Orlando Parada. En todo caso una fuente le contó a El Espectador: “Lo más perverso es que esos dos contratos se adjudicaron el mismo día, el 27 de noviembre de 2009. Estaban amarrados”.
Pero hubo además un tercer contrato. Éste sí adjudicado a la Unión Temporal Asfaltos 2009, integrada por las firmas Incoasfaltos e ICM Ingenieros, esta última asesorada por Cruz. El 2 de diciembre de 2009, con el objeto de proveer suministro de emulsiones asfálticas y de asfalto sólido para el mantenimiento vial del Distrito, se le otorgó a esta unión temporal un contrato por $15.689 millones. Los testigos del cartel también señalaron irregularidades en esa licitación y la misma comisión del 10% para los concejales salpicados.
El gobernador de Cundinamarca se mostró sorprendido y ajeno a cualquier señalamiento que busque involucrarlo en los rieles del carrusel. Consultado por El Espectador dijo sin rodeos: “Nunca di comisiones al cartel. Es absolutamente falso lo que dicen y tengo cómo probarlo. No me atrevo a juzgar por qué lo hacen, pero me imagino que en las declaraciones de algunos imputados se busca salpicar a más personas, pero estoy dispuesto a concurrir a la Fiscalía si me llama. Estoy tranquilo, además en esos años ejercí mi profesión de ingeniero porque como funcionario no tengo reproches”.
Álvaro Cruz resaltó que no tiene nada que ver con la firma Pavimentos Colombia, de la que dijo tenía las mejores referencias profesionales. Sostuvo que los dos primeros contratos cuestionados por $115.000 millones no se los ganó ICM Ingenieros y, además, se quejó de que la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que licitó en más de 30 ocasiones entre 2008 y 2009, tan sólo se ganó el contrato de $15.600 millones. Y eso que advirtió que esa licitación no estuvo exenta de controversias que quedaron registradas en las actas de las audiencias públicas. Además dejó constancia de que ese contrato de $15.600 millones se ejecutó sin problemas.
Nacido en San Juan de Rioseco (Cundinamarca), Álvaro Cruz es egresado de la Universidad Javeriana en el año 1971 como ingeniero civil. A pesar de que ganó su primera Gobernación de Cundinamarca en el año 2000, en 2011 volvió a repetir, pero en esta ocasión se inscribió por el Partido de la U. Según le dijo a este diario, lleva haciendo política más de 32 años — “los conozco a todos y todos me conocen”, aseguró—, actividad que ha alternado con distintos negocios particulares. “No soy dueño de ICM como se dice, he sido su asesor desde hace mucho tiempo, desde su fundación hace 18 años. Sólo me he alejado cuando estoy haciendo política. Fui asesor de ellos hasta 2010”.
Por último, Cruz aseveró que conoce a Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, pero que no entiende de dónde vienen las acusaciones. “En la política demasiados especulan. Pero no es la primera vez que me acusan. En todas las campañas ocurre y siempre sale a relucir la verdad”. Al margen de sus explicaciones, la Fiscalía sí tiene versiones que podrían enredarlo. La aceptación de cargos de Hipólito Moreno, su disposición de colaborar, el envío a La Picota del concejal verde José Juan Rodríguez y el anuncio de imputación de cargos contra Parada y Camacho revelan que las investigaciones del carrusel van a toda marcha.
El excontratista Emilio Tapia sigue aportando información y documentos, mientras Julio Gómez y otro prestigioso abogado buscan beneficios procesales a cambio de contar lo que saben. Aún siguen en salmuera los casos de los concejales Antonio Sanguino, Javier Palacio, Fernando López o Jorge Durán Silva. La Fiscalía escarba entre contratos, contratistas y beneficiarios de las comisiones. Por lo pronto, los señalados siguen insistiendo en su inocencia, con la única excepción de Hipólito Moreno, quien incluso lloró cuando conoció la contundencia de las pruebas en su contra. Su ventilador es casi tan importante como el de Emilio Tapia.
@jdlaverde9
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