Bogotá

2 Oct 2015 - 3:50 a. m.

Ofensiva contra delitos electorales en Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha el plan “Cundinamarca Transparente, Ejemplo Electoral”, para evitar irregularidades en las urnas. Juan Carlos Villegas también anunció apoyo policial en los puestos de votación.

Redacción Bogotá

A menos de un mes de las elecciones locales, Cundinamarca ha sido señalado por la Misión de Observación Electoral (MOE) como uno de los tres departamentos con mayores riesgos electorales en el país. El caso de trashumancia electoral identificado en Cota es uno de los más representativos, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la inscripción de casi 5.000 cédulas, al descubrir que esas personas no tenían ningún arraigo en el municipio.

Para enfrentar el caso de trashumancia electoral (o trasteo de votos) en Cota, la Gobernación de Cundinamarca permitió la participación de la ciudadanía en el comité de garantías electorales, que normalmente se hace a puerta cerrada. En la reunión, a la que asistieron casi 2.000 personas, se decidió enviar al municipio durante una semana a un fiscal para recibir exclusivamente denuncias sobre posibles delitos electorales.

“Cota ha sido un municipio emblemático en términos de corrupción electoral, ya que en esta y en elecciones anteriores se han registrado denuncias de manera constante. Si nos concentramos en Cota, será un ejemplo para el resto del país”, explicó el gobernador (e) Guillermo Rivera.

No es el único

Pero este municipio no es el único que presenta irregularidades en su proceso electoral. El CNE ha anulado cédulas en otros 58 municipios del departamento.

La trashumancia electoral se mide de acuerdo con tres variables: el nivel de censo electoral, la inscripción de cédulas y los antecedentes de esta práctica en cada municipio. Esta última variable se calcula a partir del reporte que la Registraduría guarda de cuántas cédulas han sido anuladas anteriormente. Si hay muchas más cédulas inscritas que habitantes, como pasó en Cota, es un claro indicativo de que algo anda mal.

Usando este mecanismo, la MOE ha reportado inscripciones atípicas de cédulas en 60 municipios de Cundinamarca (ver gráfico), ya que, mientras el promedio nacional de inscripciones de cédulas es de 26,24 por cada 1.000 habitantes, estos registran una tasa de 212,96 cada 1.000 ciudadanos. Estas variaciones prenden las alarmas de los entes de control.

Para denunciar irregularidades, la Gobernación ha dispuesto de un grupo especializado en la línea 123 y un bánner en su página. Hasta el momento se han recibido más de 20 denuncias, entre ellas las de un candidato a la Alcaldía, quien se estaba aprovechando de la sequía para distribuir agua en carrotanques privados (ver “¿Agua por votos?”), o el de candidatos en Medina y Sopó, que estaban utilizando carpas y sillas de las juntas comunales para realizar reuniones de campañas políticas.

Una de las razones por las que las autoridades departamentales y nacionales están tan atentas para evitar la trashumancia y el clientelismo es que el potencial electoral de Cundinamarca es de dos millones de personas. Además, según la MOE, se ha comprobado lo frágiles que son las jornadas electorales en los municipios.

Germán Robayo subcoordinador del observatorio político electoral, explica que en las elecciones municipales convergen toda clase de intereses, desde el uso de las regalías hasta la designación de los puestos públicos, y pueden ser manipuladas con facilidad por el margen tan pequeño entre ganador y segundo puesto. Por ejemplo, durante las elecciones de 2011 algunos alcaldes ganaron las elecciones con un 10 % o menos de diferencia con el candidato en segundo lugar. En Apulo y Nariño, la diferencia entre el ganador y el candidato que quedó en segundo puesto fue de nueve votos. “Eso genera problemas de orden público y quiere decir que cualquier evento ilegal puede fácilmente inclinar la balanza y no necesariamente hacia el candidato más apto para la administración pública”.

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