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En un debate en el Concejo de Bogotá, en el que se trató el tema de la invasión desmedida del espacio público, la concejal del Centro Democrático, Sandra Forero, afirmó que muchas de las personas que en la capital del país viven de las ventas informales han abusado de las sentencias de la Corte Constitucional que protegen sus derechos.
Concuerdo plenamente con la concejal Forero, porque basta con caminar por la Carrera Séptima, entre la Calle 24 y la Plaza de Bolívar, para darse cuenta de que no se trata de un supuesto abuso a los vendedores informales, sino de un abuso evidente que fue permitido por las administraciones de Samuel Moreno, Gustavo Petro y Claudia López.
Entre las administraciones de Gustavo Petro y Claudia López estuvo la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, quien hizo todo lo posible por recuperar este espacio, y, en efecto, logró algunos avances. El problema es que llegó la alcaldesa Claudia López y echó para atrás los pocos logros alcanzados en esta materia.
La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, asegura que la entidad censó a 1.242 personas dedicadas a las ventas informales en este sector de la ciudad. Sin embargo, tengo muchas dudas frente a esa cifra, ya que se trata de una población flotante: hoy están en un lugar, mañana en otro y pasado en otro diferente. Además, basta con recorrer este tramo de la ciudad un domingo para notar que el número de vendedores aumenta de manera considerable.
También quisiera saber si la Administración hará cumplir la llamada Ley del Ruido en este sector del centro de Bogotá, donde a diario se observan cantantes urbanos junto a carretas que anuncian con altavoces la venta de aguacates, sumados a dueños de locales que sacan parlantes con música de Pipe Bueno, Arelis Henao, entre otros. Todo esto conforma un salpicón de ruido infernal que no solo lastima el oído de los transeúntes, sino que también pone los nervios de punta a quienes se encuentran cerca.
El exdirector del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Juan Pablo Camacho, señala que en este lugar también operan mafias camufladas que se aprovechan de la necesidad de la población vulnerable para explotarla, bien sea cobrando por utilizar una parte del espacio público o contratando personas para vender productos a cambio de una paga miserable al día.
Este asunto del que habla exfuncionario, Juan Pablo Camacho, es algo que desde mucho tiempo atrás se viene denunciando, pero que extrañamente no se ha visto ni se sabe si judicialmente se está persiguiendo este tipo de mafias en Bogotá.
Recuperar el espacio público no es, ni será, una tarea fácil. Este es un asunto de conciencia ciudadana, de empoderar a la ciudadanía para que se apropie de estos lugares y no permita que otros abusen de las leyes que protegen sus derechos. En esto la Administración ha fallado, porque no ha implementado programas de pedagogía ciudadana, ni campañas masivas de cultura ciudadana que enseñen a los bogotanos que el espacio público no fue hecho exclusivamente para los vendedores informales y que los andenes, calles y avenidas no pueden seguir siendo tierra de nadie.
